El nuevo régimen fiscal de Pemex
Varios han sido los intentos del gobierno foxiano para que el Congreso avale la privatización de los energéticos, que en los hechos ha venido realizando en detrimento del interés de los mexicanos. La iniciativa de la Ley Federal de Derechos en materia energética fue uno de esos casos. Diseñada en su concepción original por el "experto en regímenes fiscales" Pedro Van Meurs, se intentó introducir en el país, primero en 2002 y después en 2004, el modelo boliviano de explotación de los hidrocarburos -que tanta inestabilidad le ha costado a ese pueblo hermano-, con el objetivo de entregar la explotación a los particulares, dividiendo los pozos en viejos y nuevos, y la producción en existente y nueva. Ello significaba que los yacimientos secos e improductivos serían para el Estado y los boyantes para los particulares -nacionales y extranjeros-, quienes pagarían irrisorios impuestos al erario nacional, en detrimento del patrimonio de los mexicanos; y, no muy a la larga, en detrimento de los ingresos y presupuestos federal y estatales.
Ahora, en un ir y venir entre las cámaras legislativas y con el veto del Ejecutivo de por medio, finalmente, por unanimidad el Senado lo aprobó. Si en una primera instancia di un voto particular en contra, con la propuesta original, ahora voté a favor, pues en el dictamen se retoman elementos esenciales que al lado de compañeros de mi bancada, el PRI, impulsamos esa versión original, a partir de la visión de exclusividad en los energéticos, que marca la Constitución. Esos elementos son los siguientes:
I. Se logró un régimen simplificado, al disminuirse el número de derechos con los que se grava a Petróleos Mexicanos (Pemex).
II. La paraestatal tendrá suficientes recursos para recuperar su posición de empresa de vanguardia mundial. El gobierno federal no tiene justificación para seguir intentando la privatización, salvo que persevere en su evidente compromiso con intereses ajenos a los nacionales.
III. Con la transición a seis años (en lugar de los cuatro propuestos en abril) para despetrolizar las finanzas públicas -el destete, como lo llamo- se esfuma el peligro de una crisis fiscal para el Estado. La hacienda pública retiene, así, la renta petrolera necesaria para cumplir los programas de la Federación; no hay pretexto para recortar el presupuesto a los programas sustanciales.
IV. Las entidades federativas continuaran recibiendo las participaciones que les correspondan, además de un fondo de contingencia que equilibre sus participaciones en caso de que éstas declinen.
VI. Una parte de la recaudación se destinará al fondo para la ciencia y la tecnología en materia petrolera.
VII. Se logra un régimen transparente, al otorgar una mayor cantidad de recursos a Pemex, lo que no significa darle un cheque en blanco, porque al mismo tiempo se exige profundizar en los mecanismos de supervisión y vigilancia por medio de una mayor fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación sobre las actividades y los costos en que incurra la empresa petrolera, que redituarán en una mayor eficacia en su desempeño.
Por otra parte, no puede dejarse de señalar que en la Ley de Ingresos, al decidirse autorizar un mayor endeudamiento al gobierno federal, también se obligó a las empresas públicas a lograr un mayor superávit, para mantener un equilibrio fiscal -que los egresos no sean superiores a los ingresos-, por lo cual, a fin de establecer una plena congruencia con el régimen fiscal de Pemex, es que se realizaron modificaciones que compensaran la caída.
Fue por esta razón que se decidió que Pemex acreditara -abonar a cuenta de- al derecho ordinario sobre hidrocarburos, parte del aprovechamiento sobre rendimientos excedentes y el IEPS a gasolina y diesel, cuando derivado de los altos precios del petróleo, el precio al que facture sea menor al que cobre, y que enterará a la Secretaría de Hacienda; así, la paraestatal obtendrá entre 17 y 20 mil millones de pesos. Corresponderá a la Cámara de Diputados, en uso exclusivo de sus facultades, asignar a Pemex, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos para su operación y para el desarrollo y ejecución de sus proyectos específicos.
Un logro que no puedo dejar de mencionar es que por primera vez aparece en la Ley de Ingresos, en su artículo 7, la plataforma de extracción y de exportación de petróleo crudo para 2006, las que se determinaron en una estimación máxima promedio de 3 millone 478 mil y un millón 868.3 mil barriles diarios, respectivamente, en cumplimiento a lo que determina la Ley de Derechos, en su capítulo XII, que incluye el nuevo régimen fiscal de Pemex.
La Federación insiste en privatizar Pemex, por medio de una autonomía de gestión, que ya posee, pero que mediatiza para incorporar el gobierno corporativo con prominentes miembros de la iniciativa privada nacional; pero los senadores del PRI lucharemos hasta el último día del mandato popular que recibimos, para que el Estado no sólo mantenga la propiedad y la rectoría, sino que la paraestatal, de manera exclusiva, administre los recursos petroleros, en beneficio de sus dueños: los mexicanos.