Bajo ese régimen, 41% de los reos en el país; proponen aplicar penas alternativas
La prisión preventiva cuesta al Estado 11 millones de pesos diarios: expertos
Las cárceles presentan sobrepoblación de 129%, señalan en seminario de la CDHDF
La prisión preventiva cuesta 11 millones de pesos diarios al erario, toda vez que 83 mil 786 internos se encuentran bajo este régimen en el país, lo que representa 41 por ciento de la población carcelaria, señalaron especialistas durante el seminario Reforma de justicia penal y derechos humanos, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
El investigador Guillermo Zepeda, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, destacó que esa situación agrava el problema de sobrepoblación carcelaria, que en México se ubica en 129 por ciento. Consideró que en las cárceles mexicanas existe una situación de autogobierno, toda vez que la proporción es de 20 reclusos por un custodio, cuando los estándares internacionales señalan que la proporción ideal es de 4 a 1. Señaló que la tasa de homicidio en las prisiones del país es cinco veces más alta que fuera de ellas.
Los investigadores apuntaron que en México la prisión preventiva se aplica como norma, cuando debería ser la excepción, situación que contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El foro pretende apoyar las recomendaciones derivadas del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; entre ellas, aplicar sanciones no privativas de la libertad, con el fin de que las personas no sean recluidas mientras esperan el término del proceso penal al que están sujetas.
Entre las alternativas, mencionaron la prohibición de salir del país, presentación de una garantía económica, obligación de presentarse de manera periódica ante un juez, arresto domiciliario (medida distinta al arraigo), sujeción a vigilancia, la realización de tareas no remuneradas en favor de la comunidad, así como el empleo de localizadores electrónicos. Al respecto, Javier Carrasco, de la organización Renace, con sede en Monterrey, mencionó que en Nuevo León se empieza a utilizarlos, pero la limitante es su alto costo, que oscila entre 30 mil y 40 mil pesos por unidad.
Juan Carlos Gutiérrez, director del Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos en México y la Unión Europea, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó la necesidad de promover una profunda transformación del sistema de justicia, para garantizar un verdadero estado de derecho.