Desde la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en 1975 hasta el día de hoy han transcurrido treinta años. Ciertamente dicha organización y los consejos supremos que lo constituyeron nacieron por voluntad del presidente Echeverría y sin la finalidad de que se reconociera derecho indígena alguno. Pero acabado el sexenio vino su inevitable descomposición y la formación de corrientes críticas en su seno, mismas que podemos considerar como uno de los orígenes del nuevo movimiento indígena mexicano que en los últimos tres lustros ha pugnado por el siempre negado reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

Alrededor de los mentados consejos supremos se encontraron y se reconocieron algunos núcleos muy combativos sobre todo en la defensa de los territorios indígenas. De este proceso también surgió la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios. Dirigentes tan importantes como Pedro de Haro Sánchez, Aquiles Vargas y Juan Chávez Alonso, los dos primeros ya fallecidos, vivieron esos momentos de ruptura.

Algunas corrientes, integradas en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, supieron desmarcarse en forma pionera de aquel acartonado discurso que desde la izquierda diluía la lucha propiamente indígena dentro de la campesina.

En los ochenta, organizaciones campesinas conformadas mayoritariamente por indígenas y por movimientos que disputaron el poder municipal a los cacicazgos locales, más la reflexión en torno a la comunalidad en Oaxaca y las reivindicaciones claramente autonómicas del Frente Independiente de Pueblos Indios, agregaron vigor a ese movimiento indígena que crecía.

Es en torno al quinto centenario del mal llamado "descubrimiento" de América en 1992 que el movimiento indígena alcanzó un grado de unidad mayor y la construcción de un programa de lucha propio que supo poner la demanda de la autonomía en el centro de sus reivindicaciones.

El levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de enero de 1994, sacudió a la sociedad nacional e hizo visible a los ojos del mundo la opresión en que viven los pueblos indígenas de Chiapas y de todo México.

Dicho levantamiento también permitió que los pueblos indígenas se reencontraran entre sí y con la sociedad civil como no lo habían hecho nunca antes, buscando construir una resistencia común que hiciera posible el reconocimiento constitucional de sus derechos colectivos largamente negados.

La fuerza que el EZLN vino a otorgar al movimiento indígena es múltiple; por un lado el gobierno se vio obligado a firmar en febrero de 1996 los Acuerdos de San Andrés que comprometen la reforma del Estado nacional con el fin de que los pueblos indígenas sean reconocidos constitucionalmente y puedan gozar de autonomía; por otro lado, después de dos Foros Nacionales Indígenas Permanentes en enero y julio de 1996, el movimiento indígena logró la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI) en octubre de ese mismo año.

Entre 1994 y 1996 el movimiento indígena confrontó dos posiciones: por un lado se encontraba la posición que reivindicaba las autonomías regionales como un piso más de gobierno; y por otro lado la formulación pactada en San Andrés sobre la articulación de las autonomías municipales y comunitarias, en los ámbitos y niveles que las hicieran valer. La primera posición fue enarbolada por quienes fundaron la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) en abril de 1995; la segunda posición se asimiló al programa del Congreso Nacional Indígena en octubre de 1996.

El CNI, concebido desde su origen como la "casa de los pueblos indígenas de México", representa el mayor logro del movimiento indígena nacional en la construcción de un espacio propio. Desde este espacio es que el EZLN y las demás organizaciones indígenas llevaron a cabo múltiples acciones que tuvieron como fin exigir la incorporación de los Acuerdos de San Andrés a la Constitución Federal, mismas que culminaron con la "Marcha del Color de la Tierra" entre marzo y abril de 2001.

Finalmente los Acuerdos de San Andrés fueron traicionados por los partidos políticos que transaron la contrarreforma indígena del 28 de abril del 2001, así como por los poderes del Estado mexicano que no dudaron en aprobar y ratificar dicha contrarreforma.

A partir de la mencionada reforma, que sin reconocer los derechos propuestos disminuyó otros ya existentes, la perspectiva que se abrió para el cni y para el movimiento indígena fue desconocer la contrarreforma y ejercer en los hechos los derechos pactados en San Andrés.

Así lo acordaron las primeras reuniones del CNI en la Región Centro Pacífico (RCP) del país, y así lo ratificó la Octava Asamblea Nacional del cni. Teniendo como punto de referencia la experiencia autonómica zapatista, en los últimos cuatro años se configuró una importante corriente al interior del movimiento indígena que como novedad propone, por primera vez, no solicitar más el reconocimiento de los pueblos indígenas en la legislación nacional, sino hacer efectivo ese reconocimiento y los derechos conexos por la vía de los hechos.

Otro camino muy distinto siguió la ANIPA, que en los hechos decidió hacerse partícipe de las políticas oficiales tendientes a la destrucción de los pueblos indígenas y su "lucha" por la autonomía regional no pasó de la obtención de candidaturas y puestos gubernamentales.

No debe extrañarnos entonces la asamblea indígena que, patrocinada por el gobierno federal, se realizó en Chilpancingo en septiembre de 2002 con la finalidad de disminuir la influencia del zapatismo en el movimiento indígena nacional y "reemplazar" al cni, según lo pactado unos meses antes en Tlaxcala. Tampoco extraña la temprana incorporación de varios de sus dirigentes al gobierno panista neoliberal en 2001, ni su combatividad en contra del EZLN o del municipio autónomo de Suljaa'.

A más de cuatro años de la "Marcha del Color de la Tierra" y más allá de las divisiones existentes en el movimiento indígena o de las incongruencias de algunos dirigentes, hoy el cni como espacio nacional de unidad está desmovilizado, excepción hecha de su Región Centro Pacífico que ha realizado 16 sesiones, siempre en comunidades apartadas y en conflicto para darle visibilidad a su proceso, en cuatro años de trabajo continuo.

Pero desde abajo, el movimiento indígena existe, se articula y reflexiona. En torno a lo tejido en la RCP del CNI, y junto a las comunidades que se reconocen ahí, otras muchas comunidades de Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, que no están formalmente en dicha región, emprenden talleres, seminarios y reuniones con el fin de entender y actuar contra las múltiples privatizaciones, leyes, decretos y programas con que el gobierno y las transnacionales buscan invadir y predar los territorios indígenas. En una red suelta de comunidades, ejidos, organizaciones y ONG no clientelares, defienden la soberanía alimentaria y los territorios de los pueblos, sus recursos naturales y espirituales, y la urgencia de seguir haciendo viable su existencia como campesinos.

Ahora más que nunca urge buscar la unidad del movimiento indígena que se organiza independiente del Estado y pensar la viabilidad de un espacio indígena nacional con todas las fuerzas que, ante la hecatombe neoliberal y sus múltiples políticas de exterminio, han decidido que la lucha por la liberación de los pueblos indígenas es una lucha anticapitalista y de unidad con otros sectores de la sociedad, como lo vio ya hace tiempo el pensador mixe Floriberto Díaz.