Juega su última carta para eludir la cárcel
Decidirá la justicia federal el destino del prófugo Oscar Espinosa Villarreal
La acusación que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fincó el 22 de febrero de 2000 en contra del ex regente Oscar Espinosa Villarreal, por un peculado de 420 millones de pesos cometido en perjuicio del erario de la ciudad, que cinco años después derivó en una sentencia condenatoria de cuatro años y medio de prisión dictada por tres magistrados del fuero común, pasó a manos de la justicia federal, luego de que el ex funcionario jugó su última carta jurídica para demostrar su presunta inocencia.
De acuerdo con fuentes judiciales, los abogados de Espinosa interpusieron el viernes pasado en la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) una demanda de amparo directo para impugnar la condena que ese órgano dictó contra su cliente el 9 de septiembre reciente, la cual se espera que en las próximas horas sea turnada a un tribunal federal.
Sin embargo, el ex funcionario aún puede ser detenido ya que la autoridad judicial capitalina le negó una suspensión provisional de la sentencia (lo que también implicaría la suspensión de la orden de reaprehensión), con el argumento de que no puede otorgar ese derecho porque el inculpado está prófugo de la justicia.
Este es el último recurso con el que Espinosa puede alegar su inocencia, pero con la diferencia de que el juicio ahora será resuelto por un tribunal colegiado, integrado por tres magistrados federales.
La demanda de amparo de 202 cuartillas, a la que tuvo acceso La Jornada, intenta demostrar que fue inconstitucional la sentencia.
En el documento firmado por Espinosa desde la clandestinidad, el quejoso sostiene que tanto en la etapa de elaboración de la indagatoria por el Ministerio Público, como durante el proceso judicial y cuando se dictó la sentencia, fueron violados en su perjuicio tres artículos de la Constitución (14, 16 y 21) y se aplicaron de manera indebida siete preceptos en materia penal previstos para el DF.
El beneficio para Espinosa, en caso de una sentencia favorable, podría ir de una absolución a una reducción de la condena. El caso contrario sería la confirmación inapelable de la sentencia.
El ex regente capitalino fue acusado por las autoridades del Gobierno del Distrito Federal de haber desviado recursos del erario a actividades distintas a lo establecido en los ordenamientos legales.
Según la indagatoria, Espinosa autorizó a su ex oficial mayor, Manuel Merino, el uso discrecional de recursos de la partida 3605, que se refiere a gastos de difusión e información. "Lo que hizo Espinosa fue autorizar la no comprobación del gasto, propiciando la no identificación de los recursos públicos y la inadecuada integración de las cuentas por liquidar'', concluyó el ex contralor del gobierno capitalino, León Alazraki, en la denuncia de hechos que presentó ante la PGJDF el 22 de febrero de 2000.
En el documento jurídico, la defensa de Espinosa alegó tres cosas fundamentales que deberá tomar en cuenta el tribunal federal encargado de resolver el juicio: Que los órganos jurisdiccionales que han juzgado al inculpado no eran competentes para hacerlo, ya que son del fuero común y Espinosa era funcionario federal. Que se le aplicó un tipo penal que no estaba vigente en 1997, cuando ocurrió el peculado al que fue condenado el quejoso. Y que las autoridades judiciales locales (un juez y tres magistrados) perfeccionaron la acusación en contra de Espinosa, rebasando con ello los límites de su competencia, ya que supuestamente eso le correspondía sólo a la PGJDF.