Usted está aquí: jueves 13 de octubre de 2005 Capital Familiares de internos señalan actos de corrupción de custodios

Se investiga una denuncia: director de reclusorios

Familiares de internos señalan actos de corrupción de custodios

EMIR OLIVARES ALONSO

El director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, Hazael Ruiz Ortega, dijo que la corrupción en los penales de la ciudad persiste porque tiene "una inercia de años", por lo que se buscarán mecanismos más eficaces para erradicarla.

Entrevistado después de la reunión del gabinete de seguridad, el funcionario capitalino refirió que en lo que va del año la Contraloría interna ha iniciado 341 denuncias contra servidores públicos -personal de seguridad, administrativo y trabajadores sociales- de los centros de reclusión. Por estas querellas 22 personas han sido inhabilitadas, y en total se han impuesto multas por 507 mil 34.90 pesos. Indicó que en el más reciente operativo realizado en los reclusorios varoniles Oriente y Norte, la Contraloría interna recibió 35 denuncias, las cuales implican a 50 funcionarios como presuntos responsables de algún ilícito.

Ruiz Ortega defendió a los directores de los penales citadinos; dijo no tener conocimiento de que alguno de ellos participe en actos de corrupción. Agregó que están en su puesto por periodos muy cortos. No obstante, señaló que si personal de alto nivel es descubierto en acciones ilegales será sancionado.

Erradicar la corrupción "no va a ser fácil, no es una tarea a la que podamos ponerle fecha, es una inercia contra la que hay que luchar", manifestó.

Mencionó que actualmente en los reclusorios de la ciudad de México la sobrepoblación es de 48 por ciento; hay 31 mil 565 personas en las siete cárceles del DF.

Aseveró que se puso a disposición de las autoridades federales a una trabajadora social que fue sorprendida al intentar introducir "unos gramos de cocaína" a un penal. Precisó que existe una carta suscrita por familiares de internos, en la que se denuncian acciones de soborno de algunos custodios, quienes cobran el pase de lista, ingreso y servicios que deben ser gratuitos, por lo que se investiga la situación.

En tanto, Sabas Cruz, líder del colectivo Heberto Castillo, que defiende los derechos humanos de los presos, dijo que no se puede deslindar a los directores de los actos de corrupción.

El activista acusó a Clemente Avila, director de Seguridad y Custodia, mejor conocido como DG3, de promover la corrupción en los centros de readaptación. "Se le debería seguir y hacer una investigación, porque controla directamente a los custodios", afirmó.

 
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