Las cuentas del amotinado contra la rep�blica

JOAN E. GARCES *

Desaf�a la l�gica elemental que quien se apropiara de la vida, libertad y hacienda de decenas de miles de ciudadanos, aniquil�ndolas, pudiera haberse abstenido de hacer lo propio respecto de bienes de propiedad p�blica.

FOTOS ARCHIVO LA JORNADA

Augusto Pinochet y el presidente Salvador Allende, el 23 de agosto de 1973, en el palacio de La Moneda

ENTRE SEPTIEMBRE DE 1970 y septiembre de 1973 la rep�blica de Chile fue blanco de un sofisticado plan de desestabilizaci�n socioecon�mica y pol�tica por parte de la administraci�n Nixon-Kissinger. En Estados Unidos el Congreso lo deplor� de inmediato,1 tambi�n el Ejecutivo a partir de 1998.2 En Chile sus ejecutores3 siguen tratando de ocultar la intervenci�n para responsabilizar de sus tr�gicos efectos a las v�ctimas.

La crisis as� impuesta a Chile ten�a soluci�n pol�tica, y el presidente Allende se esforzaba en lograrla. El 11 de septiembre de 1973 era la fecha se�alada para convocar a los ciudadanos a decidir en refer�ndum su destino colectivo. Horas antes, Augusto Pinochet, en conocimiento de la inminente convocatoria, amotin� a las tropas contra las instituciones de la rep�blica.

Fue un hecho sin precedentes en la memoria de los chilenos. En la crisis nacional de 1889 el Congreso destituy� al presidente de la rep�blica y la marina se puso a disposici�n de la autoridad de �ste �en tanto que instituci�n en la que resid�a la representaci�n de la soberan�a popular. El ej�rcito entendi�, en cambio, que era el presidente de la rep�blica, Balmaceda, quien la representaba y se mantuvo bajo su mando.

En 1973, por el contrario, Pinochet orden� primero disparar armas de guerra contra el presidente de la rep�blica, detener y torturar a todos los ministros del gobierno, as� como a gran parte de los parlamentarios, y cerr� el Congreso. Tras destruir as� el Estado republicano y la forma representativa de gobierno, se proclam� dictador. El 11 de septiembre de 1973 en el palacio de La Moneda mor�a el jefe del Estado y con �l tambi�n el ej�rcito republicano de Chile. Pinochet lo reconvirti� en una organizaci�n armada, jerarquizada, disciplinada y obediente a los propios amotinados.

Pinochet arrebat� a los ciudadanos la soberan�a popular en que se hab�a sustentado la rep�blica desde sus or�genes en la segunda d�cada del siglo XIX, suprimi� las libertades civiles, quem� el Registro Electoral, confisc� las imprentas y edificios del diario Clar�n y otros medios de comunicaci�n, someti� el pa�s a un r�gimen de terror. Desde la madrugada del 11 de septiembre de 1973 impuso castigos ejemplarizantes destinados a los oficiales y soldados leales a la rep�blica. Empez� por detener a su propio ayudante personal, el mayor Zavala; orden� la "desaparici�n forzada" de oficiales como el coronel del regimiento de los Andes; a otros los someti� a tormento �como al coronel del regimiento de Talca y al teniente coronel del de Calama� o los oblig� a mancharse con sangre de ciudadanos indefensos �como a los mandos de los regimientos de Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Linares, Valdivia y de todas y cada una de las unidades militares; a los restantes oficiales republicanos los apart� del servicio activo. A unos y otros les hizo sentir la vigilancia de la Dina, una s�ntesis de la SS y la Gestapo, bajo el mando directo y personal de Pinochet, que en 1974 asesin� al general Carlos Prats, comandante en jefe del ej�rcito de Chile hasta el 24 de agosto de 1973.

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Cuando el 5 de julio de 1996 la Fundaci�n Presidente Allende (Espa�a) interpuso una querella por genocidio, terrorismo y torturas contra Pinochet, solicit� su detenci�n y el embargo cautelar de bienes para satisfacer la responsabilidad civil ante sus v�ctimas.4 La fundaci�n entend�a que someterlo a juicio era una exigencia de la justicia y, al tiempo, una medida necesaria (aunque no suficiente) para que Chile pudiera volver a tener un ej�rcito republicano, de ciudadanos en armas subordinados a las instituciones representativas de la soberan�a popular.

Tras dos a�os de acumulaci�n de pruebas de cargo, las peticiones de la Fundaci�n Presidente Allende las acogi� el tribunal espa�ol el 16 y 19 de octubre de 1998 (detenci�n de Pinochet en Londres para efectos de extradici�n y embargo de sus bienes, respectivamente). El auto de su procesamiento del 10 de diciembre de 1998 enumera el prontuario de sus cr�menes de lesa humanidad.5

Desde entonces siguen vigentes los mandamientos internacionales de embargo y detenci�n para conducirle ante el tribunal europeo. Con indiferencia al hecho de que, despu�s que el 8 de octubre de 1999 un tribunal brit�nico acordara que Pinochet pod�a ser juzgado en Espa�a,6 los valedores de su impunidad urdieron la estratagema de declararlo "demente" en febrero de 2000, incapaz de comparecer en juicio. Ninguno de los magistrados europeos competentes lo acept�: los brit�nicos no fueron consultados, los de Espa�a, Francia o B�lgica lo rechazaron, tras examinar catorce eminentes m�dicos forenses los an�lisis cl�nicos practicados en Londres; tambi�n lo rechaz� un n�mero cada vez mayor de magistrados chilenos. Significativo es, asimismo, que ninguno de sus banqueros haya compartido que Pinochet se encontrara disminuido en sus facultades mentales.

Pinochet ocult� sus bienes para frustrar la orden judicial de embargo y el Subcomit� de Investigaciones del Senado de Estados Unidos desvel�, el 15 de julio de 2004, las maniobras de que se hab�a valido.7 Cuatro d�as despu�s, la Fundaci�n Presidente Allende ejercitaba contra aquel, su c�nyuge y dem�s c�mplices sendas acciones penales y civiles por los delitos conexos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, pues defraudan el derecho a una indemnizaci�n que la ley y los tribunales espa�oles confieren a las v�ctimas de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.8

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Desaf�a la l�gica elemental que quien se apropiara de la vida, libertad y hacienda de decenas de miles de ciudadanos, aniquil�ndolas, pudiera haberse abstenido de hacer lo propio respecto de bienes de propiedad p�blica.

La Fundaci�n Presidente Allende es parte acusadora en el proceso por alzamiento de bienes que contra Pinochet se sigue en los tribunales de Chile, a los que est� aportando documentos en prueba de que Pinochet est� en condiciones mentales de comparecer en juicio. Reproducimos aqu� algunos de ellos, entregados directamente por el Riggs Bank Corporation de Washington a la fundaci�n, en cumplimiento de la transacci�n aprobada por el juzgado central de instrucci�n n�mero cinco de la Audiencia Nacional de Espa�a el 25 de febrero de 2005.9

As�, puede verse en el documento anexo n�mero 1 c�mo el 9 de octubre de 2001 Pinochet instru�a de su pu�o y letra a los banqueros que retiraran de una de sus empresas ficticias �Ashburton� "$500,000 US and send me 10 checks in the amount of $50,000 US each, payable to: L. Hiriart A.P. Ugarte", es decir, a s� mismo y a su c�nyuge Luc�a. Nadie puso en duda que la orden proven�a de una persona en el pleno goce de sus facultades mentales, y fue consiguientemente ejecutada.

En el documento n�mero 2, de 1 de abril de 2002, escribe a mano: "que me manden de mi cuenta 78635282 $500,000.00 US en cashier's check 10 cheques de US $50,000.00".

El 11 de julio de 2002 revoca el fideicomiso de Ashburton de 16 de mayo de 1996 y ordena traspasar el saldo ($5.047.619 US) a una cuenta del Banco de Chile, sucursal Nueva York, de otra de sus sociedades ficticias, Belview International SA (documento n�mero 3).

La instrucci�n manuscrita de 11 de julio de 2002 al Riggs Bank N.A. ordena cerrar la cuenta corriente n�mero 76835282 y remitir su saldo a la cuenta de Belview International SA n�mero 011001328 (documento n�mero 4).

Otra orden manuscrita, tambi�n de 11 de julio 2002, revoca el fideicomiso de la empresa ficticia Althorp Investments Co., establecido el 8 de abril de 1998, y dispone traspasar sus fondos ($956.788 US) a la misma cuenta anterior (documento n�mero 5).

La cordura (delictiva) de las instrucciones de 2001-2002 se ve reforzada, si cabe, por su congruencia con las dadas en noviembre y agosto de 1999 a su banco de Londres (documentos n�meros 6 y 7), el 8 abril de 1998 al de Bahamas (documento 8), el 30 abril de 1996 al de Washington (documento 9), y con otras muchas operaciones similares para ocultar y blanquear capitales cuyo soporte documental ha aportado la Fundaci�n Presidente Allende a los tribunales chilenos.

El general golpista se niega a responder a una reportera en Santiago de Chile

1 Ver el Informe de la comisi�n presidida por el senador Church: "Covert Action in Chile, 1963-1973", en http://foia.state.gov/Reports/ChurchReport.asp

2 Ver el Hinchey Report "CIA activities in Chile", de 18.09.2000, en
http://foia.state.gov/Reports/HincheyReport.asp).

3 Su identidad est� descrita en los documentos desclasificados del Gobierno de EE.UU. en http://foia.state.gov/SearchColls/Search.asp

4El texto �ntegro est� disponible en http://www.elclarin.cl/pdf/p_050796.pdf y http://www.elclarin.cl/pdf/p_050796_en.pdf

5 La versi�n en espa�ol se encuentra en http://www.elclarin.cl/pdf/p_10El texto �ntegro est� disponible en http://www.elclarin.cl/pdf/p_050796.pdf y http://www.elclarin.cl/pdf/p_050796_en.pdf

6 La versi�n en espa�ol se encuentra en http://www.elclarin.cl/pdf/p_101298.pdf, la inglesa en http://www.elclarin.cl/pdf/p_101298_en.pdf

7 El Informe del Senado de EE.UU. est� reproducido en http://www.elclarin.cl/pdf/p_150704_en.pdf

8 El texto original se encuentra en http://www.elclarin.cl/pdf/p_190704.pdf, y en http://www.elclarin.cl/pdf/p_060904_en.pdf

9 El texto original se encuentra en http://www. elclarin.cl/pdf/p_250205.pdf y en http://www. elclarin.cl/pdf/p_250205_en.pdf

^* En el gobierno de la Unidad Popular; profesor de relaciones internacionales y abogado espa�ol en materia de derechos humanos.

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