Se violó la ley al pagar por adelantado a bancos sin auditorías previas, afirman
Senadores de PAN y PRD advierten al IPAB que el caso Fobaproa está abierto
El panista Alberto Rico señaló que el vocal Héctor Tinoco incurrió en conflicto de intereses
Senadores del PAN y el PRD integrantes de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) advirtieron a los integrantes de la junta de gobierno de ese organismo que el caso Fobaproa no está cerrado e insistirán que se cumpla la ley, ya que hasta el momento, en lugar de ahorrar recursos fiscales, lo que se ha hecho es "sangrar más al país para beneficiar a los bancos".
Durante más de cuatro horas, los senadores Jesús Ortega, del PRD, y los panistas Luis Alberto Rico Samaniego y Alfredo Martín Reyes cuestionaron a los vocales independientes del IPAB Héctor Tinoco, Carlos Enrique Isoard, Eduardo Familiar Haro y Ernesto Zamarripa, que ayer comparecieron ante esa comisión.
Los responsabilizaron de ocultar información en torno a "ese cochinero" que es el rescate bancario y de violar la Ley del IPAB, al haber decidido el pago adelantado a los bancos sin la realización de las auditorías señaladas en el artículo quinto transitorio de esa legislación.
"Hay una falta total de decoro", porque además se decidió pagar a los bancos con tasas de interés mayores a las previstas, mientras que los recursos que se han ahorrado "son ridículos", apenas mil 200 millones de pesos, frente a la deuda actual del Fobaproa de más de 650 mil millones de pesos, dijo Ortega.
El panista Rico Samaniego calificó esa reducción de "migajas" y cuestionó al vocal independiente Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo por el conflicto de intereses en que ha incurrido, ya que formó parte del Comité Técnico del Fobaproa, lo que lo convierte en juez y parte.
Tinoco Jaramillo respondió, sin embargo, que él no ve ningún conflicto de intereses toda vez que su participación en el Fobaproa "fue mínima".
Aunque Ortega, Rico Samaniego y Alfredo Martín Reyes señalaron a los vocales infinidad de irregularidades, "puntos oscuros", los integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB se mostraron siempre evasivos. Hasta el presidente de esa comisión senatorial, Fauzi Hamdan, los regañó en varias ocasiones, en especial a Enrique Isoard y Viesca, quien no respondía con claridad en que momento conoció los reportes de bancos incluidos en el informe del auditor canadiense Michael Mackey.
"Creo los bank reports me fueron proporcionados hace unos tres o cuatro años", contestó y Hamdan de inmediato le aclaró que no, que fue desde hace más de seis años, y tampoco pudo precisar en que sesiones de la junta se analizó el informe general de Mackey. Ha habido más de 115 reuniones, justificó.
¿Ni por curiosidad científica? lo revisaron, le inquirió, ya molesto, Hamdan y le recordó que a diferencia del reporte Mackey que se dio al Congreso, el entregado al IPAB incluía los nombres de quienes incurrieron en operaciones irregulares.
Isoard y Viesca señaló que una vez que "en su oportunidad se revisó el informe de Mackey y se vio que no había irregularidades, se procedió a la negociación con los bancos".
¿Llegaron a la conclusión de que de las operaciones reportadas por Mackey ninguna era irregular?, preguntó Hamdan y le recordó el caso de Cabal Peniche y los famosos 6 mil millones fraudulentos, además del reporte de 42 mil millones.
Isoard no sabía que contestar el vocal. Acabó por reconocer que tenía "confusión" porque creyó que se refería a las recientes revisiones.
El senador Reyes señalo que además de las dudas, con esas respuestas los legisladores tienen ahora la preocupación enorme de "qué hizo el IPAB en estos últimos tres años, ya que mantuvo guardados los informes, sin hacerles el menor caso.
Tanto Isoard como Tinoco reivindicaron la postura del secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, de que el contenido del informe Mackey es insuficiente para que el IPAB proceda, en términos de lo dispuesto en el artículo quinto transitorio, para la devolución de créditos ilegales. ¿Esto se discutió en la junta de gobierno?, le insistió Rico Samaniego.
Isoard respondió que sí, pero no pudo precisar la fecha. Dijo que desde 1999 la junta de gobierno, apoyada en sus análisis y trabajos de despachos externos, sobre los trabajos de Mackey, determinó que no hubo irregularidades. Le costó también mucho trabajo explicar cómo es que el IPAB permitió que Banamex repartiera divididendos después de que el gobierno lo rescató por estar casi en quiebra.
Contrariamente a los expresado por Beauregard ante senadores en su pasada comparecencia, los vocales sostuvieron que sí se ha cumplido con el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.
El senador Ortega se quedó también con muchas interrogantes sin responder, pero advirtió a los vocales que al crearse el IPAB la intención no fue sepultar el Fobaproa, ni taparlo, sino hacer todo lo necesario para que el rescate bancario no costara tanto a las finanzas públicas.
Eduardo Familiar Haro y Ernesto Zamarripa participaron hasta el final. El primero para reivindicar la labor del IPAB y el segundo para precisar cifras: el costo total del rescate es de un billón 249 mil pesos, de los que 968 millones de pesos son para la banca.