Anuncia la UNC marcha contra el Presidente antes de su quinto Informe de gobierno
Fox y Usabiaga buscan favorecer a empresas extranjeras, acusa líder cañero
La ley del rubro favorece el control político y económico de los productores, afirma Sagarpa
La Unión Nacional de Cañeros (UNC) advirtió que no dará "ni un paso atrás" en la defensa de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, y sostuvo que, si bien espera una postura flexible del gobierno de Vicente Fox Quesada, no hay duda de que el interés del mandatario y del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga, es mantener el monopolio en la industrialización de la caña para favorecer a intereses extranjeros.
El dirigente de la UNC y diputado del PRI, Carlos Blackaller, denunció nuevamente que Fox pretende entregar a trasnacionales "el pastel que significa el mercado mexicano de azúcar, inundado de edulcorantes y alta fructosa, lo cual pondrá en crisis a los productores nacionales".
Entrevistado en San Lázaro, dijo que el retraso en la entrada en vigor de la ley, aprobada el 21 de junio por la mayoría parlamentaria -con excepción de los legisladores del PAN, "vinculados con los propietarios de los ingenios"- detendría los avances en la producción y eficiencia de los agricultores, y mantendría el monopolio de la comercialización, que defiende Fox.
"La caña de azúcar concurre a un concepto de mercado monopólico donde hay muchos ofertantes, los cañeros tienen sólo un canal de venta al ingenio azucarero de su región. Por tanto, la fuerza económica radica en la industrialización y es inviable pensar en un esquema de mercado libre para la caña de azúcar, como lo plantea la política reduccionista de la Secretaría de Agricultura", señaló.
También cuestionó los argumentos esgrimidos desde Los Pinos en el sentido de que la legislación pretende mantener el corporativismo de los productores cañeros mediante la UNC y de la Confederación Nacional Campesina, ambas afiliadas al Partido Revolucionario Institucional.
Refirió que la noche del miércoles, luego de la marcha realizada por los productores de caña de azúcar en la ciudad de México, sostuvieron una "reunión de acercamiento" con el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga, quien les ofreció abrir el diálogo y reconoció, de acuerdo con Blackaller, que debe existir un marco normativo "para la transferencia de rentas entre el sector primario (productores) y el sector transformador".
Consideró posible que si la oferta de negociación del funcionario se reduce, como hasta ahora, "a un monólogo repetitivo de la Sagarpa", las organizaciones de cañeros deberán tomar otro tipo de acciones de presión, una de ellas sería una posible manifestación contra Vicente Fox, el primero de septiembre, cuando rinda su quinto Informe de gobierno.
Respuesta de la Sagarpa
El delegado en Chiapas de la Sagarpa, Serafín Paz Garibay, sostuvo que la ley cañera condena a los productores a padecer un esquema de control político y económico en favor de dos organizaciones del ramo que, según el proyecto, estarían facultadas para determinar qué producciones de caña se cosechan y cuáles no.
El funcionario reconoció que en enero de 2008 se abrirán las puertas a la importación de azúcar, lo que coloca en desventaja a este sector debido a que el producto mexicano es 2.5 veces más caro que el de otros países, por lo que "urge" instrumentar esquemas de modernización para bajar los costos de producción y hacer más competitivo al producto .
Al fijar la postura del gobierno federal sobre el veto contra la ley cañera, Paz Garibay acusó que detrás de la Unión Nacional de Cañeros y la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar sólo hay intereses políticos.
En tanto, la dirigencia nacional del PAN desestimó la marcha realizada por los cañeros el miércoles pasado, al considerar que el proyecto de ley que defiende este grupo perpetúa el corporativismo de las organizaciones priístas.
En un comunicado, reprobó lo que definió como "el oportunismo y la hipocresía del PRI" y de sus líderes cañeros que, como diputados y senadores, aprobaron por unanimidad la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que derogó los decretos cañeros desde 2001.
"Desestimamos la marcha porque es un acto político que no ve por los verdaderos intereses de los cañeros y solamente fomenta el constante boicot de las organizaciones corporativas al avance de la agroindustria azucarera, quienes además se han opuesto a generar acuerdos que den viabilidad al sector", afirmó el blanquiazul.
Insistió en que el proyecto de ley no es viable, porque propone un sistema paraestatal, reinstalando esquemas de regulación del pasado, creando regímenes de excepción para la operación del mercado del azúcar.