Usted está aquí: sábado 11 de junio de 2005 Opinión Conocer para decidir: diputados frente a la bioprospección

Neil Harvey*

Conocer para decidir: diputados frente a la bioprospección

En 2002 mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de trabajar con la organización Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (Compitch). Llegamos un día a una de sus reuniones ofreciéndoles un intercambio de conocimiento sobre el aprovechamiento de la biodiversidad. Con su consentimiento y apoyo logramos organizar una serie de talleres sobre el tema de la bioprospección. A partir de la cancelación de un proyecto llamado ICBG (por sus siglas en inglés), se rumoraba que algunos senadores habían asumido el compromiso de crear un marco legal que permitiera lo que los mismos médicos y parteras indígenas habían negado. Es decir, una Ley de Acceso y Aprovechamiento de Recursos Genéticos.

Tres años más tarde, en abril de 2005, el Senado de la República aprobó su propia propuesta de ley, abriendo la posibilidad de que los conocimientos colectivos, del dominio de los pueblos indígenas, se conviertieran en conocimientos particulares, de individuos o de grupos de socios comerciales. Disputas seguramente ha-brán de surgir cuando se pasa del derecho colectivo al particular. La historia del capitalismo es precisamente un largo proceso de división y demarcación exclusiva de los bienes colectivos.

Los privatizadores argumentan que si no se acepta esta "realidad" seguirá el despojo colectivo y la tragedia de los bienes comunes. Pero no ven que el aprovechamiento de los recursos depende de prácticas culturales y políticas, y no de un supuesto individualismo universal de todo ser humano. Hay otras realidades que no ceden en esta disputa por los recursos genéticos y exigen su derecho a ser tomados en cuenta en cualquier decisión legislativa que les afecte, tal como señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el gobierno mexicano es firmante. Lo que no se debe permitir es que alguien tome decisiones sin la plena participación de los pueblos indígenas.

En las comunidades que recorrimos en 2002 preguntamos a los médicos y parteras reunidos qué pensaban de la medicina tradicional y la iniciativa de ley. A diferencia de la visión de la propiedad como algo que debe demarcarse, los indígenas de estas comunidades contraponen la idea de la propiedad colectiva y transgeneracional. Al mismo tiempo, una de sus mayores preocupaciones es precisamente la pérdida de conocimientos frente a la migración de muchos jóvenes y la entrada de medicamentos de patente. En ese contexto es difícil mantener el valor de la propiedad colectiva, sobre todo cuando se les dice que su mejor opción es la reorganización de sus prácticas para que reciban algo de beneficio de la bioprospección. Para revertir este proceso existen las luchas por el reconocimiento de los derechos indígenas, las cuales se manifiestan en las diversas formas de organización local y regional.

En muchos casos los médicos y parteras nos dijeron que recibieron el conocimiento en sueños, lo cual les obliga servir a su pueblo. Quieren proteger su acceso a la diversidad de plantas que necesitan para seguir cumpliendo con esta obligación. Otros dijeron que aprendieron de sus madres y padres, y para mantener los conocimientos quieren transmitirlos a la nueva generación de jóvenes. En ambos casos el valor central es compartir y no competir. Por ejemplo, un médico chol nos dijo: "nosotros compartimos los conocimientos para que así no se acabe la costumbre. Si tenemos dos o tres hijos, o como nosotros que estamos aquí, compartimos, entonces así van a recordar y a practicar nuestro trabajo, de lo que conocemos nosotros, y así vivirá y así se recordará y no se acabará. Por eso es así la costumbre de nuestro trabajo, qué hierba conocemos, qué cura o para qué sirve, para que el día en que nosotros nos muramos, pues el conocimiento esté vivo, esté ahí, pues con ese conocimiento ya saben cómo defenderse y curarse. Ahora, nosotros los que estamos trabajando organizados, compartámoslo y así vivirá, y poco a poco irá regándose y dándose a conocer. Así es nuestro trabajo como médicos".

Frente a la iniciativa de Ley de Acceso y Aprovechamiento de Recursos Genéticos, una partera tzeltal nos dio su punto de vista: "les digo que ellos están haciendo sus leyes porque ellos quieren apropiar. Sea mujer o hombre, lo que se debe hacer es enseñar a sus vecinos. ¿Cómo van a aprender los demás si no lo enseña? Es lo que pienso, esta ley no sirve, no estoy de acuerdo así".

En el mismo sentido, otro médico tzeltal opinó que "los que saben de las plantas medicinales deben enseñarse unos a otros. Si a una sola pertenece, es como si no fuera de nosotros, pero es de todos. Si quiere el otro, le damos también, si alguien lo necesita. Debe ser entre iguales y apoyar a los que necesitan".

Cuando preguntamos si les gustaría poder registrar su conocimiento en un directorio oficial, nos contestó una partera tzeltal: "No podemos apropiarnos nosotras. ¿Por qué? Tenemos que cuidar a nuestra gente. Nosotros que conocemos las plantas desde el conocimiento de nuestros padres enseñó como se aprovecha, así se ha venido realizando desde hace muchos años nuestros padres; ahora se está perdiendo poco a poco, pero así como somos indígenas, nos debemos amarnos, enseñarnos los antiguos conocimientos de nuestros padres, los que pasaron a vivir en esta tierra, porque nuestros padres eran de puras plantas medicinales, no había pastillas, pero los hijos pudieron vivir, ésas son mis palabras".

Otro médico tzeltal se preguntó: "¿Será que podemos adueñarnos de lo que existe en la tierra o en el mundo? No se puede; puede ser que sí, mediante la organización, a lo mejor sí se puede, pero no sabemos qué dice nuestro pueblo, puede ser que dentro de la asamblea se crea problemas. Y además no podemos pagar para lograr la patente. Seguramente se necesita mucho dinero".

Cabe señalar que el motivo de la ley de acceso viene de la Convención de la Diversidad Biólogica (CBD). Para implementar el convenio los gobiernos deben crear un marco legal que establezca la forma en que se pueda dar el acceso y el aprovechamiento de los recursos genéticos. Pero el "aprovechamiento" ya viene con un criterio comercial. Hoy en día también incluye la conservación del medio ambiente o la participación en el reparto de beneficios de los dueños o inventores indígenas. Pero esta ley no existiría si no fuera por el interés comercial, y es éste el criterio que busca definir las formas aceptables de la conservación y de la participación indígena. Si no fuera así, la ley tendría que ser otra, con criterios que privilegien las necesidades de los pueblos indígenas y de la sociedad, y no las reglas de la competitividad comercial. Inclinarse en favor de la actual legislación no es una decisión apolítica que busca el beneficio para todos. Al contrario, es una postura claramente política que acepta privilegiar el criterio comercial como necesario y deseable. Trata de reducir el aprovechamiento y la investigación académica a criterios establecidos por las empresas farmacéuticas, las cuales monopolizan el comercio de medicamentos en el mundo. Pero, como nos siguen insistiendo los médicos y parteras indígenas, ésta no es la única opción.

En el verano de 2002 fui invitado a colaborar en un texto para el libro El Estado y los indígenas en tiempos del PAN: neoindigenismo, legalidad e identidad. Acepté y escribí un análisis sobre las disputas por el desarrollo en Chiapas, demostrando la forma en que la ley indígena de 2001 diluyó los acuerdos de San Andrés con el fin de tener una legislación favorable al avance de los planes oficiales de desarrollo para el sureste mexicano. La bioprospección es parte de esos planes, aunque tiene otras características a las de la explotación del bosque o la construcción de carreteras. De hecho, busca presentarse como algo menos dañino, más respetuoso del medio ambiente y con el consentimiento de los indígenas.

Sin embargo, como hemos visto, evita una cuestión de fondo. Es decir, la falta de consentimiento en torno a la conveniencia de definir quiénes son dueños o inventores de conocimientos colectivos transgeneracionales. ¿Pero cómo dialogar con una iniciativa que asume de antemano que lo único que falta discutir son los detalles de los contratos y busca disfrazar de inevitable o universal una visión cuestionada y muy particular de lo que significa el "aprovechamiento de los recursos genéticos"? ¿Por qué no aceptar la existencia de múltiples formas de entender el valor de los seres vivos? Sólo así se podría imaginar un tipo de consentimiento surgido de un proceso de mutuo reconocimiento de las diferencias. Para ello se necesita una decisión más responsable que la de seguir ciegamente una supuesta "lógica" de la globalización, que no es otra cosa más que la inercia y la falta de imaginación política. En otras palabras, se necesita creer en un futuro distinto y no en una continuidad programada de un presente insatisfactorio.

Los ensayos reunidos en El Estado y los indígenas... demuestran que el reconocimiento de los derechos indígenas sigue siendo tema pendiente en la agenda nacional. La ley indígena de 2001 carece de legitimidad y capacidad para construir la nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas planteada en San Andrés. Lo mismo podemos concluir de otras iniciativas que buscan integrar a los indígenas a la economía global, como la Ley de Acceso y Aprovechamiento de Recursos Genéticos. Uno de los patrocinadores del libro mencionado fue la Cámara de Diputados, en su serie titulada Conocer para decidir. Esperemos que los mismos diputados conozcan las diversas realidades ahí presentadas, para que decidan en favor de un México diferente al que piden las farmacéuticas trasnacionales.

* Profesor-investigador de la Universidad Estatal de Nuevo México y autor de La rebelión de Chiapas (Ediciones Era, 2000).

[email protected].

 
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