Plantea el gobierno de Guerrero crear fiscalía especial
Solidaridad de ONG extranjeras con el ecologista Felipe Arreaga
Nuevas expresiones de solidaridad internacional con la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán (OESP), Guerrero, se suman a la exigencia de que se les haga justicia. Representantes de Servicio Internacional por la Paz, organización civil con sede en Estados Unidos y oficinas en Chiapas, realizaron este jueves un recorrido para conocer in situ la labor desarrollada por los ecologistas, luego de entrevistarse con Felipe Arreaga, preso en Zihuatanejo, y con el juez de la causa.
El lunes próximo hará lo propio la delegación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), ONG de derechos humanos que solicitó también entrevistas con el gobernador, Zeferino Torreblanca, y el procurador de Justicia estatal.
Por su parte, seis ONG de Guatemala, Angola y de saharauis que participan en el Encuentro Sur-Sur, realizado en Suecia, enviaron una carta al gobernador Torreblanca, solicitando justicia para los ecologistas de Petatlán y en apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), al cual, dicen, el mandatario acusó de no ser corresponsable "en garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente y de buscar 'salidas fáciles', culpando al gobierno local de todo".
Mario Patrón Sánchez, coordinador de Defensa del CDHMT y abogado de Felipe Arreaga -fundador de la OESP, preso desde noviembre y acusado de homicidio-, informó que se cerró el periodo de presentación de pruebas, lo que ayer mismo se le comunicaría a la Procuraduría de Justicia guerrerense.
Indicó que si la dependencia no se inconforma con la decisión en las próximas 72 horas, se tendría 10 días más para presentar conclusiones, "que esperamos no sean acusatorias, porque ya se probó la inocencia de Arreaga".
Comisión para estudiar el caso
Por su parte, la esposa del ecologista, Celsa Valdovinos, informó de una carta enviada por la Secretaría de Gobierno estatal, en la cual se le comunica la creación de una comisión para estudiar el caso de Arreaga, que será integrada por un representante de esta dependencia, uno de la procuraduría estatal y el propio Patrón como defensor de Arreaga.
"Es algo irresponsable porque nunca se recibió respuesta formal a una petición hecha en abril; ahora salen con que ya se creó, y no se ha creado. Ya se le pidió claridad y transparencia a la Secretaría de Gobierno", apuntó.
En otro orden, Tlachinollan planteó al Congreso guerrerense, que analiza la creación una fiscalía especial para que estudie los agravios sufridos por los ecologistas, una serie de requisitos para evitar su fracaso: que sea independiente de cualquier institución oficial; que esté facultada para elegir a sus miembros sin depender de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y que cuente con recursos económicos suficientes para examinar en forma exhaustiva y rápida las pruebas y material que se allegue.
En un documento fechado el 6 de junio, el CDHMT manifiesta a los legisladores que la problemática en la sierra de Petatlán se agravó justamente porque desde hace años el factor prevaleciente en la región ha sido la impunidad, "lo que ha permitido que se desatara una persecución en perjuicio de los campesinos defensores del medio ambiente".
"Consideramos que una fiscalía especial es un signo de voluntad importante por parte de los poderes de Guerrero y permitiría generar condiciones para atender el problema de fondo que aqueja a los campesinos de la sierra de Petatlán."
Advierte, sin embargo, que en México las fiscalías especiales históricamente son una fórmula "que no se ha traducido en justicia para las víctimas". Ahí están, por ejemplo, las creadas para investigar los asesinatos de Luis Donaldo Colosio o de Digna Ochoa, "en donde las fiscalías fueron sumamente cuestionadas, no sólo por los resultados obtenidos, sino por sus métodos de actuación".
"Creemos que en el actual contexto estatal, Guerrero podría ser un ejemplo para revertir esta historia mediante la creación de una fiscalía que sea independiente y cuente con la capacidad para que las víctimas tengan acceso a la justicia."
La designación del fiscal "debe realizarse conforme a un procedimiento justo y transparente, en donde incluso se tome en cuenta a los agraviados. El fiscal debe ser elegido basándose en su experiencia probada y conocimientos en el campo de los derechos humanos. Debe tratarse de una mujer u hombre de reconocida integridad e imparcialidad en sus opiniones, que decida sobre los casos que se les planteen, basándose en hechos y conforme a derecho; sin restricciones o influencias indebidas; sin dejarse inducir, sin presiones, amenazas o injerencias por parte de ningún agente o basadas en cualquier razón, por ejemplo, por lealtad o existencia de fuertes vínculos con el Poder Ejecutivo del gobierno. Si el fiscal no es una persona legítima para las víctimas, no se generará un puente de confianza que permita investigaciones a fondo", subraya.
Tlachinollan también recomienda que se permita a los familiares y testigos presentar pruebas, además de que la fiscalía les informe del proceso y del progreso de la investigación.