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La asesinó su esposo por celos y problemas conyugales
Matan en Juárez a una oficinista de ONG defensora
de mujeres
* María Luisa Carsoli había pedido asesoría porque
la golpeaba
RUBEN
VILLALPANDO Y MIROSLAVA BREACH V. CORRESPONSALES. Ciudad
Juarez, Chih., 21 de diciembre. María Luisa Carsoli, de 33
años de edad, quien trabajaba como recepcionista en la Casa
Amiga Centro de Crisis, la principal organización no gubernamental
que ha impulsado la lucha en favor de las mujeres en Ciudad Juárez,
fue asesinada esta mañana por su esposo Ricardo Medina.
La hoy occisa trabajaba en Casa Amiga desde mayo pasado, cuando llegó
a la ONG a solicitar asesoría jurídica y sicológica
porque su marido la golpeaba a ella y a sus cuatro hijos.
Luego de asesinar a su esposa, Medina advirtió a varias empleadas
del lugar, quienes presenciaron los hechos, que no lo siguieran "porque
mataría a sus hijos". La fiscal especial que investiga
homicidios de mujeres, Zulema Bolívar, solicitó ayuda
a la policía municipal para localizar el automóvil en
el que huyó el agresor.
Las primeras investigaciones arrojan que el móvil del homicidio
fueron celos y problemas conyugales, pues la pareja andaba en trámites
de divorcio. La fiscal mencionó que el agresor estuvo esperando
a su esposa para matarla, ya que de acuerdo con los testigos, en cuanto
vio que cruzaba la calle fue tras ella y la atacó con un cuchillo
en varias ocasiones.
En marzo de este año, Ricardo Medina fue detenido por las agresiones
contra su esposa y salió libre bajo fianza. Después
empezó un juicio civil en el que ganó la patria potestad
de sus cuatro hijos: Abraham, de ocho años; Saraí, de
seis; Maritza, de tres, y Elizabeth, de dos.
La directora de la Casa Amiga, Esther Chávez Cano, dijo que
este crimen está relacionado con la violencia intrafamiliar
que afecta a muchas mujeres de Ciudad Juárez. Señaló
que María Luisa Carsoli llegó en mayo y le dieron trabajo,
además de que ella y su esposo fueron sometidos a tratamiento
sicológico.
Amenazan a dirigentes
Victoria Caraveo, vocera de Mujeres por Juárez, denunció
que tres dirigentes de esta ONG han sido amenazadas por desconocidos
que les han tirado animales muertos frente a sus viviendas o les hacen
llamadas telefónicas para decirles que se acuerden de Digna
Ochoa.
Dijo que "la campaña de amenazas creció desde el
pasado 6 y 7 de noviembre, luego de que localizaron los cuerpos sin
vida de ocho mujeres en un campo agrícola, por lo que ellas
hicieron denuncias públicas de la incapacidad de autoridades
policiacas para terminar con las muertes de género".
Esther Chávez Cano, de Casa Amiga, expresó: "me
han dicho que me acuerde de Digna Ochoa, y groserías".
Por su parte, Cipriana Jurado, del Centro de Investigación
y Solidaridad Obrera, denunció una campaña similar en
su contra, pero explicó que tratan de debilitar el trabajo
de las ONG con las amenazas, y no lo van a lograr, precisó.
En la ciudad de Chihuahua, el procurador estatal, Arturo González
Rascón, informó que la Procuraduría General de
la República revisará 56 expedientes de crímenes
contra mujeres en Juárez y ejecuciones relacionadas con enfrentamientos
entre bandas del narcotráfico.
Al informar sobre el resultado de una reunión de trabajo entre
funcionarios de la PGR, el gobernador Patricio Martínez García
y los responsables de las distintas áreas de la PGJE, el titular
del Ministerio Público estatal dijo que las autoridades federales
rindieron un informe sobre los avances de las investigaciones acerca
del atentado armado del que fue víctima el titular del Poder
Ejecutivo de Chihuahua, el pasado 27 de enero. González Rascón
insinuó que en ese informe, entregado ayer por el suprocurador
B de la PGR, Jesús Campos Murillo, existen elementos para presumir
la participación del crimen organizado en el intento de homicidio
contra el mandatario local.
En cuanto a la participación de la PGR en las indagaciones
de los homicidios de mujeres, indicó que en total existen ocho
expedientes en los que se puede considerar que hay elementos para
que las autoridades federales atraigan los casos, además de
48 homicidios que corresponden a ejecuciones por presuntos ajustes
de cuentas entre bandas del crimen organizado.