Piden a la autoridad presente balance de su gestión
Critican activistas la remoción de López Urbina de la fiscalía
Defensores de derechos humanos consideraron que el nombramiento de una nueva fiscal especial para los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una "grave irresponsabilidad" del gobierno federal, y criticaron la remoción de María López Urbina, quien encabezó la fiscalía casi año y medio, "sin informar sobre los motivos ni presentar un balance de sus acciones".
Después del nombramiento de Mireille Rocatti Velásquez, el pasado 30 de mayo, como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, exigieron que las autoridades federales den "a conocer en qué consiste la nueva estrategia de investigación que aplicará la Procuraduría General de la República (PGR), pues no se ha informado a la sociedad civil ni a las organizaciones de familiares de las víctimas si la nueva fiscal tendrá mayores competencias, así como las tareas específicas que realizará".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, afirmó que "no existe claridad sobre las razones de fondo que llevaron a la PGR a remover de su cargo a López Urbina, y tampoco presenta un balance de su labor al frente de la fiscalía para conocer los avances o retrocesos en su gestión y evitar empezar de cero, pues desconocemos cuál es el verdadero estado de las investigaciones".
Agregó que acciones de este tipo "parecen una medida desesperada de las autoridades federales por contener el reclamo social por la agudización de la violencia de género y los feminicidios, como lo demuestran los asesinatos de dos niñas ocurridos recientemente".
Es preocupante, indicó, que se quiera dar la "impresión de que hay avances, cuando las estructuras policiacas que han propiciado la impunidad siguen intactas, por lo que no estamos seguros de que se trate de un mero relevo de personal".
Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró que la PGR tiene la obligación de informar a la sociedad civil y a los familiares de las víctimas "los motivos reales para relevar de su cargo a la anterior fiscal, sin presentar una evaluación de su desempeño, pues en caso de incurrir en irregularidades deben ser sancionadas".
Indicó que la desconfianza hacia instancias creadas por la PGR se debe a la falta de estrategias y a que "nunca se incluyó a las organizaciones civiles ni a la sociedad" en la definición de sus programas de trabajo, y "mucho menos creó una cultura de rendición de cuentas, cuando es evidente que la impunidad se gestó por la estrecha colaboración de las autoridades policiacas".
El gobierno federal, afirmó, debe explicar a la sociedad qué paso con los cien funcionarios responsables de incurrir en graves irregularidades en las investigaciones, lo que obstaculizó la aplicación de la justicia y el derecho a la verdad, pues a la fecha "se desconoce si todos han sido sancionados y si fueron removidos definitivamente de sus puestos públicos".