Usted está aquí: jueves 2 de junio de 2005 Política ''Muerte política'' al partido que reincida en conductas ilícitas: TEPJF

Deben tener más cuidado en el manejo de recursos en sus campañas: Fuentes Cerda

''Muerte política'' al partido que reincida en conductas ilícitas: TEPJF

Podrían perder el registro, advierte

Menciona las multas por el Pemexgate y Amigos de Fox

JOSE ANTONIO ROMAN

Tras las millonarias multas a la coalición PRI-PVEM, por el caso Pemexgate, y al PAN, por Amigos de Fox, los partidos políticos ''deben tener más cuidado'' en el manejo de recursos económicos en sus campañas electorales, pues la ley señala que en caso de una reincidencia las penas se incrementan y éstas pueden llegar incluso hasta la cancelación del registro, que significaría la ''muerte política'' del partido acusado, advirtió ayer el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Eloy Fuentes Cerda.

Hay que cuidarse...

''Los partidos políticos deben asumir su propia responsabilidad y cuidarse de no incurrir en este tipo de conductas porque, insisto, puede incrementarse la sanción y la máxima sería la pérdida del registro'', dijo el magistrado, quien aseguró que el tribunal ha actuado apegado a la ley, no sólo en el pasado, también en el presente y lo hará en el futuro. Y agregó: ''Estamos conscientes de que en algún momento, de darse los elementos suficientes, debemos hacerlo (decidir la cancelación del registro a un partido político).''

En conferencia de prensa, luego de un desayuno con reporteros de la fuente, y siempre a pregunta expresa, el magistrado presidente del TEPJF se refirió también a la resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) de aprobar las modificaciones estatutarias del PRI. Dijo que esta nueva calificación del órgano electoral, hecha la víspera, deja sin valor jurídico las impugnaciones pasadas, pero aclaró que es ''impugnable'', es decir, que podría presentarse en su momento una nueva queja.

Hay que recordar que el priísta Everardo Moreno presentó en el pasado una impugnación por la falta de equidad para elegir candidato, y porque el artículo séptimo transitorio deja en manos del Consejo Político Nacional decidir quién sustituye a su presidente, Roberto Madrazo, cuando éste se ausente. Se suponía que la secretaria general, Elba Esther Gordillo, ascendía automáticamente. Con las modificaciones aprobadas por el IFE le corresponde esa facultad al Consejo Político priísta.

Fuentes Cerda precisó que aun cuando no existe una regulación de precampañas, el tribunal tiene ya una serie de criterios emitidos en diversos casos que le han presentado, que desde luego aplicaría en caso de recibir quejas por este motivo, aunque lo deseable -dijo- es que el Congreso legislara acerca de estas situaciones.

Sin embargo, señaló que donde existe precisión es en el establecimiento de las penas ante conductas ilícitas de los partidos, como fue en los casos Pemexgate y Amigos de Fox. De acuerdo con las disposiciones expresas de la ley, las sanciones en conductas reincidentes deben incrementarse.

''Yo creo que el mayor castigo que se puede imponer a un instituto político es la pérdida del registro; es su muerte política y está incluido expresamente en la ley. Pienso que no se necesitaría legislar más al respecto, sino simplemente aplicar la ley en los términos en que está contemplada''. Incluso, admitió abiertamente que este tipo de casos pudiera registrarse y que se ha considerado esa posibilidad.

Por otra parte, el magistrado presidente del TEPJF señaló que el IFE sí tiene facultades y atribuciones para reglamentar la devolución de los bienes adquiridos por los partidos políticos que pierden su registro, pues esos recursos son públicos. No obstante, dijo que dicho reglamento también podría ser impugnado y el tribunal tendría que hacer un pronunciamiento. ''Pero yo diría que justifica un reclamo que ha venido sucediéndose a partir del proceso electoral pasado'', cuando varios partidos perdieron su registro y no hubo manera de recuperar los bienes que se adquirieron con recursos públicos.

Finalmente, Fuentes Cerda avaló el proyecto que se discute en la Cámara de Diputados para que consejeros y magistrados electorales no puedan postularse a un cargo de elección popular. Esto debe ser así, expresó, para evitar que los que participamos en estos institutos pudiésemos favorecer a alguien por tener una pretensión de participar en un futuro cercano en un proceso electoral como candidatos de un partido.

 
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