Usted está aquí: jueves 21 de abril de 2005 Política Estado de derecho

Martí Batres Guadarrama

Estado de derecho

Estado de derecho es un concepto con dos componentes; por un lado el Estado como poder político concentrado, y por otro el derecho como conjunto de normas. El Estado de derecho es un poder limitado por el derecho. En el Estado absolutista, el soberano es el rey, él es el poder que está por encima de todos, es el que unifica todas las funciones del poder político y no admite límite ni contrapeso ni crítica. Para limitar al Estado absolutista va surgiendo el Estado de derecho. En el Estado absolutista el poder se instituye desde arriba, no surge del pueblo, sino del poder mismo, es un poder único sin divisiones ni separaciones, es un poder que inunda a la sociedad, que la domina y la avasalla; el individuo carece de fuerza frente a ese poder.

Para limitar el poder absoluto del soberano se va desarrollando la idea del Estado de derecho, entonces surgen conceptos como la división o separación de poderes. Aparece el parlamento, que genera un contrapeso al monarca absoluto, y los tribunales van adquiriendo autonomía frente al soberano y surge el concepto de la soberanía popular, es decir, el pueblo como soberano, no el monarca y el de los derechos humanos como reivindicación jurídica de los individuos frente al poder del Estado. La democracia forma parte de esta evolución buscando la legitimación del poder por el ciudadano, materializando así la soberanía del pueblo.

Esta evolución que se da a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX permite dar a luz el concepto de Estado de derecho. Ya no hay un monarca absoluto, tampoco se concentra el poder en un solo órgano, se establecen contrapesos, los individuos ponen límites al poder del Estado, y el poder político se legitima con el voto de los ciudadanos.

El estado de derecho entonces nada tiene que ver con las triquiñuelas de abogados gansteriles, con las formas que encuentra un individuo en la ley para hacerse de propiedades ajenas, tampoco tiene que ver con los vericuetos que encuentra un asesino para evitar el castigo de la sociedad.

El estado de derecho tampoco tiene que ver con la resoluciones torcidas de un juez para avalar una injusticia. Se confunde entonces muchas veces el Estado de derecho con las trampas que encuentran ciertos abogados para burlar la justicia.

La persecución del Estado contra Andrés Manuel López Obrador nada tiene que ver con el Estado de derecho. Muy por el contrario, significa la negación del Estado de derecho; significa el regreso a las formas y usos del Estado absolutista. Un solo hombre subordina a los poderes del Estado, y los reúne en una cruzada política. Cuando Vicente Fox afirma que su decisión política más difícil fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador lo que está haciendo es negar la división de poderes, los límites del poder político, los contrapesos, las libertades de los individuos. En el caso del desafuero, el Presidente ordena y el Poder Legislativo obedece; el Presidente conspira y el Poder Judicial acata. El contrapeso no aparece.

Lo que está en juego precisamente aquí es la soberanía popular, es decir, la capacidad del pueblo, su atribución, su facultad para decidir la integración de los órganos del Estado. Lo que se escamotea aquí es precisamente el derecho que tienen los ciudadanos para elegir a los gobernantes. La historia del desafuero niega todos los principios que preceden al concepto de Estado de derecho: la separación de poderes, los derechos humanos de los individuos frente al Estado, la elección de los gobernantes, en una palabra: los límites del poder.

La lucha contra el desafuero es así la lucha por el estado de derecho, o sea, por un poder político emanado de las urnas, por un poder político que no puede avasallar los derechos del individuo, por un poder político que no puede reunir las tres funciones del Estado en un solo órgano.

El Estado de derecho no tiene que ver con que si un individuo se pasa un alto, no tiene que ver con el hecho de que si una persona fuma o no en un lugar de no fumar, no tiene que ver con que si una persona guarda silencio o grita en el interior de un cine o de un teatro, no tiene que ver con que si un individuo toma cervezas en su coche junto con sus amigos. El Estado de derecho es algo mucho más complejo y más serio, y tiene que ver con la actuación del poder político central. El Estado de derecho no se hizo para castigar al ciudadano, sino para limitar al poder.

Como ciudadano Andrés Manuel López Obrador se encuentra amenazado por un poder público que no conoce límites, y que es capaz de pasar por encima de los derechos de los demás para imponer la razón de un Estado autoritario. No estamos hablando de un fenómeno nuevo.

El poder político en México en la época del presidente Adolfo López Mateos envió a la cárcel a Valentín Cam-pa. En la época del presidente Gustavo Díaz Ordaz asesinó a los estudiantes y envió a la cárcel a sus dirigentes, perdonando a los asesinos; en la época de Luis Echeverría asesinó a sus opositores o los desapareció. En la época de Carlos Salinas de Gortari cientos de opositores fueron asesinados y la voluntad popular expresada en las urnas fue desconocida, siempre con el apoyo de la PGR y los jueces. Carlos Salinas no tiene fuero, tampoco Luis Echeverría ni Rubén Figueroa ni Carlos Cabal Peniche ni Carlos Romero Deschamps, pero no tendrán sanción alguna ni castigo por sus abusos de poder porque en México no existe el estado de derecho.

Se suponía y se esperaba que a partir de 2000 tuviéramos una transición política hacia el estado de derecho que nos fue negado, regateado y escamoteado en los gobiernos priístas. No esperábamos reformas sociales ni acercamientos con el pueblo ni la lucha por la igualdad. Nada de eso ha caracterizado a los panistas, pero sí esperábamos una evolución política que pusiera freno a los excesos del poder. Es una tragedia histórica para Vicente Fox, pero sobre todo para el país que el gobierno de la transición, el que traería la democratización de nuestras instituciones, haya naufragado, reproduciendo los usos de un poder político que no admite límites. Construir un Estado de derecho sigue siendo un objetivo pendiente.

 
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