Usted está aquí: jueves 21 de abril de 2005 Política Insólita rapidez del trámite: cinco minutos

Molestia de diversos funcionarios del Poder Judicial federal

Insólita rapidez del trámite: cinco minutos

ALFREDO MENDEZ Y GUSTAVO CASTILLO

El ejercicio de la acción penal que hizo ayer la Procuraduría General de la República en contra de Andrés Manuel López Obrador, estuvo caracterizado por circunstancias ''inéditas'' que incluso molestaron a diversos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), como fue que la PGR consignó al menos 10 averiguaciones previas sobre diversos asuntos cinco minutos antes de que la oficialía de partes concluyera el horario establecido para la recepción de las mismas (de 8:30 a 14:30).

La consignación del expediente fue seguida de reuniones de altos funcionarios y visitas de ex empleados de comunicación social a Los Pinos, así como del incremento de vigilancia en la casa presidencial. Además, provocó que el PJF actuara contrario a la postura que su máximo representante, el ministro Mariano Azuela -presidente de la Suprema Corte- había manifestado el pasado martes, de que es necesaria una impartición de justicia ''imparcial, pronta y transparente''.

Ayer, por orden expresa del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -según indicaron funcionarios del PJF-, se ordenó que desde las 8:30 y durante el resto del día se realizara en los juzgados federales con sede en el Reclusorio Oriente un inusual operativo de ''seguridad especial'' para evitar que entraran reporteros, simpatizantes de López Obrador o cualquier persona que no estuviera relacionada con algún litigio que ahí se desahogue.

Antes de que se efectuara la consignación se realizaron rondines de vigilancia y se impidió la labor de representantes de los medios de comunicación que habían logrado ingresar al recinto judicial. Secretarios de acuerdos consultados por este diario refirieron que desde el pasado lunes los seis jueces federales (cuarto, quinto, sexto, décimo, decimoprimero y decimosegundo) con sede en el Reclusorio Oriente ya tenían conocimiento de que entre martes y miércoles sería consignado el expediente de El Encino, y por ello ''varios compañeros e incluso jueces están algo nerviosos''.

Los mismos funcionarios del PJF -que solicitaron anonimato- refirieron que algunos de los jueces pidieron al CJF que ''no hubiera medios de comunicación al interior de los juzgados'', para evitar ''filtraciones de información y presiones de cualquier tipo''.

De acuerdo con la información obtenida, los seis jueces federales sólo esperaban que fuera consignado el expediente del caso El Encino, aunque ninguno podía saber a cuál de ellos le tocaría el asunto, ya que todo dependería de un sorteo que realizaría una computadora de la oficialía de partes.

Además, los comentarios que habían recibido eran de que la consignación sería entre las 9:00 y las 12:00, y no a las 14:25, cinco minutos antes de que se cerrara la oficialía. No obstante, algo de lo que más molestó a los funcionarios fue que la PGR no sólo consignara el caso de López Obrador, sino que con él presentara al menos 10 averiguaciones previas sobre diversos delitos.

''Tuvieron toda la mañana y todo lo dejaron para el último minuto; seguramente buscaban que el asunto de su interés (El Encino) cayera en algún juzgado de su preferencia'', puntualizaron los funcionarios consultados.

Si hubo ''cosas extrañas'' en lo que hace al Poder Judicial de la Federación, también ocurrieron situaciones similares en la Presidencia de la República, adonde arribaron el subprocurador Carlos Javier Vega Memije; los secretarios de Defensa Nacional y de Marina, Gerardo Clemente Vega García y Marco Antonio Peyrot, respectivamente, así como el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.

Finalmente, según versiones en círculos oficiales, el expediente contra López Obrador habría sido revisado por abogados privados y estuvo listo desde el pasado lunes, pero fue hasta este miércoles la consignación a la espera de que se decidiera si había alguien que pagara la caución de 2 mil pesos que garantiza que por el momento el jefe de Gobierno del Distrito Federal no ingrese a prisión.

 
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