Ordenan a diputados esperar su veredicto final, el cual los ratificará o relevará
Tercera intervención de la SCJN impide proceder contra dos ministros yucatecos
Merida, Yuc., 19 de abril. Una nueva intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -la tercera en menos de diez días- motivó que el Congreso estatal reanudara este martes la sesión que dejó inconclusa el viernes pasado, cuando la mayoría panista pretendió dictaminar que no se ratificara en sus cargos a los magistrados locales Angel Prieto Méndez y Ricardo Avila Heredia. Sin embargo, la orden de la SCJN fue tajante: no proceder en contra de los dos togados.
Los diputados de Acción Nacional se enfrascaron en una larga discusión con sus opositores para votar, aunque no tenga validez, el dictamen que emitió la Comisión de Justicia del Congreso yucateco, presidida por mayoría blanquiazul, el martes de la semana anterior, para no ratificar en sus cargos a Prieto Méndez y a Avila Heredia.
Hasta el cierre de esta edición, los representantes seguían con su debate. La votación se esperaba con sufragios en favor, emitidos por los 13 legisladores panistas, y las opiniones en contra de los diez priístas y dos perredistas, pero de todas maneras no se podría relevar del puesto a los ministros.
El pasado martes 12, los panistas Jimmy Ambrosio Camargo, Rosa Adriana Díaz Lizama y Luis Montoya Martínez, miembros de la Comisión de Justicia, se impusieron al priísta Rolando Zapata Bello (no se presentó el perredista Eduardo Sobrino Sierra) y decidieron no ratificar en sus cargos a los togados. Al día siguiente, Angel Prieto y Ricardo Heredia interpusieron una controversia constitucional ante la SCJN, y los ministros federales dictaminaron el viernes que el Congreso estatal no debía "tocar" a los dos involucrados.
Esto motivó que los diputados dejaran en suspenso la sesión, la cual se reanudó hoy, pero la SCJN intervino nuevamente y ordenó a los legisladores locales no proceder en forma alguna contra los togados, hasta que los ministros federales den su veredicto final, el cual puede ser por la ratificación o su relevo inmediato.
Tanto Angel Prieto como Ricardo Avila están acusados, junto con tres de sus compañeras del Tribunal Superior de Justicia del estado, de impedir la liberación del reo Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de cárcel por asesinar a su esposa Flora Abraham Mafud en 1995, pero el juicio político que los legisladores del PAN les pretenden entablar también está suspendido por orden de la SCJN.