El otro proceso de Remedios Varo
El caso de Remedios Varo da un nuevo giro: ahora el litigio no será únicamente sobre la propiedad de las obras de la pintora compradas por Walter Gruen y donadas al pueblo de México. La discusión en el ámbito jurisdiccional será, al parecer, también sobre la actuación de dos representantes del Poder Judicial involucradas en el asunto. Me refiero a la juez Margarita Gallegos López y a la magistrada Rebeca Pujol. ¿Por qué?
Según el abogado Samuel Durán Perales, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la juez y la magistrada debieron haberse declarado incompetentes porque estaban en conflicto bienes propiedad de la nación y éstos sólo están sujetos a la jurisdicción federal. Jurisdicción que no era de su ámbito.
Para el jurista era elemental que actuaran así, pues es obligación básica de cualquier integrante del Poder Judicial conocer el código de procedimientos: ''la legalidad procesal es una obligación de sentido común" para cualquier juez. Y ellas la ignoraron.
Pero las representantes judiciales no sólo han cometido ese error, que afecta bienes nacionales. Para el abogado José Ovalle Favela, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está en duda la imparcialidad de la juez y la magistrada. Ejemplo de esa parcialidad es que negara validez al contrato de donación de Walter Gruen cuando la tiene a plenitud. Más aún: la magistrada Rebeca Pujol sugirió a Gruen negociar, en algún momento, como el coleccionista denunciara, con la sobrina de Remedios Varo para llegar a un acuerdo. ¿Puede un juez o un magistrado actuar como abogado de una de las partes? O mejor: ¿puede un magistrado actuar como abogado de una de las partes a costa de bienes públicos? Imagino que la magistrada Rebeca Pujol piensa que sí: sólo de esa forma me explico que haya salido a la plaza pública para litigar un asunto judicial en el que ella ha participado, criticando duramente a una de las partes. Al INBA, claro.
Por lo anterior, no me extrañó que 35 académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM hayan publicado hace unos días un desplegado en el que ''deploran profundamente" el fallo de la juez María Margarita Gallegos por considerar que ''ofende no sólo su pobre valoración jurídica y el bajo nivel de interpretación de la legislación aplicable, sino sobre todo por su injusticia y ausencia de sentido valorativo". Firmaban el documento reconocidos personajes como Ignacio Burgoa Orihuela, el ex subprocurador Everardo Moreno Cruz y la ex magistrada Margarita Guerra y Tejada.
Ante tales irregularidades tampoco me extrañan las palabras de Samuel Durán o Víctor Hugo Rascón Banda, que van más allá: pidieron de manera explícita, en el programa de televisión Antesala de Canal 22, que se denuncie a la juez y a la magistrada ante el Consejo de la Judicatura por su actuación. La confianza en el Poder Judicial, según ellos, está en entredicho. Pero eso no es todo: para Rascón Banda la opinión pública debe guardar de manera indeleble en la memoria los nombres de Margarita Gallegos López y Rebeca Pujol.
Debemos seguirles la pista, nos dice Rascón Banda, porque no cualquiera se atreve a atentar de esta manera contra el patrimonio artístico del pueblo mexicano. Tiene razón el presidente de la Sociedad General de Escritores de México: la desmemoria no debe permitir que historias como ésta se repitan.