En medio de fuerte despliegue militar y policial se instaló ayer la sesión extraordinaria

Debate el Congreso ecuatoriano si es válida la cesación de la CSJ

Lucio Gutiérrez asegura: "no me tumbarán", pese a las manifestaciones en su contra

AFP, REUTERS Y DPA

Quito, 17 de abril. En medio de un impresionante despliegue militar y policial, el Congreso de Ecuador se instaló este domingo en sesión extraordinaria para decidir si es válida la cesación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelta el viernes por el gobierno de Lucio Gutiérrez, mientras continuaban las manifestaciones que pedían la salida del mandatario.

La crisis que atraviesa Ecuador se originó el 8 de diciembre pasado, cuando la mayoría legislativa oficialista decidió cesar a los 31 jueces de la CSJ por supuestamente tener nexos con la oposición, y remplazarlos vía resolución por otros, pese a que la legislatura no tiene facultad constitucional para intervenir al tribunal.

La nueva corte anuló los juicios penales contra los ex presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa, cuyo apoyo Gutiérrez necesita para mantener la estrecha ventaja oficialista en el Congreso. Esto provocó protestas de la oposición así como manifestaciones callejeras.

El viernes pasado el mandatario decretó estado de emergencia en Quito y también el cese de los magistrados de la CSJ que el mismo oficialismo había nombrado. El sábado, Gutiérrez se vio obligado a suspender el estado de emergencia, pero mantuvo la decisión de cese de los magistrados, en un acto calificado de "inconstitucional" por la oposición.

Gutiérrez busca ahora que los miembros del Congreso legitimen su decreto del viernes, con la esperanza de continuar su gestión, mientras la oposición cuestiona el mecanismo usado por el mandatario para cesar el viernes a la corte, pues considera que legitimaría la intervención del Ejecutivo en otros poderes del Estado.

A consideración del Congreso se presentaron hoy dos mociones: una del gobierno de Gutiérrez, que sugiere cesar a los 31 magistrados de la CSJ (ratificando así la decisión del viernes), y otra, de la oposición, que busca que se anule una resolución del Ejecutivo apoyada por el Congreso, mediante la cual fue designada la integración de la Corte el 8 de diciembre pasado.

Fuentes opositoras aseguraron contar con los 51 votos necesarios para anular la resolución de diciembre. Esta noche, Gutiérrez afirmó que su intención al anunciar las medidas del viernes era solucionar la crisis, porque "lamentablemente, el Congreso no lo podía hacer".

Previamente, un comunicado del Ejecutivo aseguraba que "la unidad es absoluta en el gobierno nacional y no existe resquebrajamiento alguno en su interior", y descartaba versiones de un supuesto malestar del comandante del ejército, general Luis Aguas, quien según la prensa se habría opuesto a la declaratoria del estado de emergencia el viernes para Quito.

Previamente, en declaraciones telefónicas, Gutiérrez aseveró que "no me tumbarán", a pesar de admitir que las protestas se han intensificado en las últimas semanas, y afirmó que no correrá la suerte de sus predecesores, derrocados en revueltas populares, Bucaram en 1997, y Mahuad, en 2000.

"La protesta se concentra en Quito", afirmó esta tarde el mandatario, aunque se anunciaron marchas contra el gobierno en las capitales de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Azuay.

Esta madrugada, en la capital, grupos de manifestantes llegaron a las cercanías del Palacio Presidencial y al menos 30 personas fueron detenidas. En la tarde, más de mil policías y militares cerraron el paso a dos cuadras a la redonda del Congreso. Al menos unos cien manifestantes intentaron acercarse al recinto, pero fueron dispersados pacíficamente.

Los indígenas agrupados en la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) han estado ausentes en las protestas, a pesar de su protagonismo en los anteriores levantamientos que lograron derrocar gobiernos.

Sin embargo, el presidente de la Conaie, Luis Macas, saludó este domingo "la heroica resistencia del pueblo de Quito" que logró revertir el decreto ejecutivo de emergencia, y aprovechó para anunciar que los indígenas se sumarán a las manifestaciones, aunque no precisó cómo ni cuando.

De su lado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana estimó que "la destitución de la Corte Suprema de Justicia, mediante el recurso a procedimientos contrarios a los señalados en la norma fundamental, ha venido a agravar una situación ya existente de caos político y social y de incertidumbre legal".

Agregó que "la situación a la que hemos llegado causa graves lesiones al bien común y puede degenerar fácilmente en la anarquía, en la dictadura y en innecesarios enfrentamientos entre hermanos".

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio también consideró que Gutiérrez "ha perpetrado una nueva y grotesca violación al orden constitucional al arrogarse atribuciones que no le confiere la Carta Política del Estado".

Así, exhortó al mandatario a que "en aras a la restitución de la paz y el orden público, que se han visto severamente afectados debido a sus equivocadas y autoritarias decisiones, renuncie de manera inmediata".