El asesinato de Dorothy Stang
Hace dos meses fue asesinada mi amiga Dorothy Stang por pistoleros pagados por los hacendados que destruyen y se apoderan de la amazonia brasileña. Conocí a la misionera estadunidense en los años 70, en Manaos, durante una reunión sobre el manejo de las selvas tropicales. Ella gozaba ya de reconocimiento como defensora del ambiente y de los derechos de los más humildes del estado de Pará, al norte de Brasil. Era la época en que madereros, ganaderos y empresarios agrícolas invadían las tierras públicas del mayor pulmón verde del planeta. Una ocupación salvaje, disfrazada de "modernización", que ha permitido a los nuevos señores de la tierra deshacerse de mil maneras de los que exigen la utilización ecológicamente adecuada de ese vasto territorio. Una de esas maneras es combatiendo con la violencia los movimientos sociales y sindicales que exigen el cumplimiento de la ley.
Ante la ausencia de un estado de derecho, de justicia y seguridad, en pocos años Pará se convirtió en tierra de nadie: hay trabajo esclavo, malaria, asesinatos por encargo, tráfico de drogas y armas, robo de maderas de un alto precio en el mercado, invasiones de tierras por empresas que cuentan con el respaldo de quienes tienen intereses económicos y políticos, violencia como forma de resolver conflictos, biopiratería, corrupción.
Así define Antonio Souza Carvalho, presidente de la Federación de Trabajadores Agrícolas, lo que pasa en dicho estado. El mismo dirigente se confiesa "marcado para morir" por su activismo en defensa de los derechos de quienes trabajan en las grandes extensiones de tierra en poder de los hacendados.
Souza está consciente de que le han puesto precio a su cabeza, que los pistoleros saben bien cuánto cobrar por matarlo. El diario O Estado de Sao Paulo, publicó las tarifas que rigen entre los asesinos por hacer su trabajo: eliminar un cura defensor de los pobres, un líder de "sin tierra" o un político local que se opone a los designios de los varones de la tierra, cuesta 8 mil dólares; un concejal, 6 mil; un sindicalista, alrededor de 4 mil; el líder de un asentamiento agrícola, 2 mil dólares. Por matar a Dorothy Stang se pagaron 20 mil dólares, cifra muy alta que se justificaba porque era una figura conocida, cuya muerte generaría repercusión.
Un dirigente de los ganaderos de Pará, Alberto Castro, no lamentó el asesinato de la monja. Por el contrario, lo justificó, ya que ella se había "ganado el odio al incitar a los campesinos sin tierra a invadir numerosas propiedades". Nada más alejado de la verdad: en Pará la lucha social no se centra en despojar a nadie de lo que en derecho le pertenece, sino en evitar que las tierras públicas pasen a manos de latifundistas mediante falsos títulos de propiedad. En paralelo, en detener la destrucción de la selva para abrirla al cultivo agrícola o a la ganadería extensiva y en exigir un trato justo para los trabajadores rurales.
El presidente Lula calificó el asesinato de Dorothy como obra de "reaccionarios, de algunos conservadores del sector maderero que se resisten a adoptar las medidas del gobierno para proteger la Amazonia", a la vez que anunció el más vasto plan para poner orden en Pará y evitar que se sustraiga a la soberanía nacional cuando debe ser "un bien de la humanidad, un bien de Brasil y una riqueza".
En tanto esto se hace realidad, se conoce con más detalle la forma en que los hacendados presionaron para que la ecologista fuera expulsada del país por ser una "agitadora comunista". No lo lograron porque solicitó, y obtuvo, la nacionalidad brasileña. Entonces decidieron eliminarla. El autor intelectual del crimen, el latifundista Vitalmiro Bastos, negoció durante más de un mes su entrega a las autoridades. Finalmente lo hizo hace dos semanas y se dice inocente. Ahora está en manos de la justicia federal, lo cual debe garantizar que el juicio se lleve correctamente, algo virtualmente imposible a nivel local, pues poderoso caballero es don dinero.
Muchos otros defensores de la Amazonia y los derechos humanos figuran en la lista de condenados a muerte en el estado de Pará, asunto que exige análisis especial. Lo haremos el próximo lunes.