Editorial
Descomposición y violencia
La emboscada perpetrada ayer en Nuevo Laredo por un comando armado con armas de alto poder y alto grado de organización y logística contra una caravana de vehículos de la policía preventiva de Tamaulipas, acción en la que se suscitó una balacera que dejó varios heridos, es sólo un eslabón más en la cadena de violencia que afecta al país; en la edición de ayer de La Jornada se informó que, en la otra punta de la frontera norte, en Tijuana y Mexicali, se habían cometido ocho asesinatos en un lapso de 24 horas; el viernes fue ultimado a balazos el dueño de un periódico del norte de Veracruz. En los recientes 30 días, en el nororiente del país, han ocurrido decenas de ejecuciones de periodistas, policías, abogados, de reos en prisiones, según datos que salen a la luz pública, y cabe preguntarse si los saldos negros de los ajustes de cuentas entre grupos delictivos son realmente conocidos por las autoridades, y ya no se diga por la opinión pública.
El descontrol de la delincuencia y el aumento de la inseguridad no son necesariamente menos graves en otras zonas del país: la frontera sur está prácticamente librada a la acción del tráfico de personas y de drogas y a las bandas delictivas procedentes de Centroamérica, y en otras entidades de la República proliferan los grupos de secuestradores, las pandillas dedicadas al robo de autos, el narcotráfico, los delincuentes "comunes" que atracan transeúntes, automovilistas y domicilios, así como otros delitos que, por cotidianos, resultan menos llamativos para los noticiarios, aunque no por ello sean menos repudiables, como la violencia doméstica y los delitos sexuales.
En este terreno, como hacen en los ámbitos económico, político y de la procuración e impartición de justicia, las autoridades federales han optado por fugarse de la realidad y dedicarse a ejercitar la retórica con figuras sobre la paz y la tranquilidad. "De acuerdo con los informes que yo tengo, de todas las delegaciones del país y de la delegación del centro, el país está en calma", dijo el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, al día siguiente del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Ciertamente, y gracias a la prudencia y la responsabilidad con que han actuado el jefe de Gobierno desaforado y sus seguidores, no han ocurrido actos de violencia y confrontación políticas, a pesar de los esfuerzos incendiarios del foxismo. Pero en materia de violencia delictiva y de degradación de la seguridad el país se descompone en forma sostenida, en lo que constituye uno más de los fracasos del gobierno "del cambio".
A fines de enero pasado, el embajador estadunidense en México, Tony Garza, envió a Macedo y al canciller Luis Ernesto Derbez una carta en la que se quejaba por la inseguridad que impera en el lado mexicano de la frontera común. Sin afán de justificar el tono grosero e injerencista que empleó el representante del país vecino, y sin ignorar que la delincuencia ha sentado sus reales en ambas orillas del río Bravo, no sólo en la nuestra, ha de admitirse que el reclamo ("la actual ola de violencia a lo largo de la frontera", "la lucha cada vez mayor entre elementos de los cárteles de la droga" y su cauda de "aumentos drásticos en asesinatos y secuestros") describe una situación real.
El gobierno foxista contestó la carta con la afirmación de que los ciudadanos estadunidenses pueden sentirse tranquilos en México, pero hasta ahora no ha respondido en forma coherente a la demanda clamorosa de los ciudadanos mexicanos que reclaman seguridad en su propio país.
Da la impresión de que las autoridades federales viven una placidez que ningún fenómeno delictivo, por grave que sea por ejemplo el hecho de que el control de los penales de alta seguridad haya pasado a manos del narco, como reconoció el propio gobierno, logra alterar. Tal vez se trate de extrema irresponsabilidad y pasmosa ineficiencia, pero no puede dejarse de lado la posibilidad de que el grupo gobernante, o al menos un sector, esté determinado a dejar crecer la delincuencia en el contexto de un cálculo deliberado con el fin de hacer acopio de pretextos para justificar la consumación de un viraje autoritario y represivo que, en el ámbito político, ya ha empezado.