Editorial
El necesario rescate de Pemex
A 67 años de la expropiación petrolera, la paraestatal encargada de explorar, extraer, refinar y comercializar los hidrocarburos del país se encuentra en un estado de desastre. A la irresponsabilidad, la corrupción y el saqueo de que fue víctima durante los gobiernos priístas, se añadió a partir del sexenio pasado la aplicación del dogma neoliberal y privatizador: había que transferir Pemex a manos privadas, de preferencia extranjeras, o cuando menos abrir la empresa a la participación de capitales especuladores; eso era lo "moderno" y lo "correcto", y en ese afán la administración de Ernesto Zedillo torció el espíritu constitucional para establecer la figura de contratos de servicios múltiples (CSM), para dar entrada, así fuera por la puerta de atrás, a la inversión privada en la industria petrolera; el gobierno actual, encabezado por Vicente Fox, multiplicó los CSM hasta el punto de convertir en letra casi muerta las disposiciones del artículo 27 de la Carta Magna. Amenazada por los conatos de "reformas estructurales" que aspiran a desincorporarla total o parcialmente, por la depredación fiscal, por la ineptitud administrativa, por la negativa deliberada de recursos para el mantenimiento y la expansión, así como por las persistentes y escandalosas prácticas de malversación que imperan en sus instancias administrativas, la principal empresa del país sigue, a pesar de todo, aportando una parte sustancial del presupuesto público.
En esta circunstancia, la propuesta alternativa de régimen fiscal para Pemex, presentada ayer por la senadora Laura Alicia Garza Galindo a nombre de su fracción parlamentaria la priísta, constituye un hecho positivo que marca la viabilidad de preservar la propiedad nacional de la industria petrolera sin recurrir al capital privado y en un marco de transparencia y fiscalización. La iniciativa referida leída ante el pleno del Senado, pese al enojo de Diego Fernández de Cevallos y a sus intentos por abreviar el tiempo en tribuna de la legisladora del Revolucionario Institucional establece un escenario en el cual la paraestatal podría contar con recursos propios para desarrollarse, sin merma de la renta petrolera del Estado, en un esquema de supervisión sistemática por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y con disposiciones que asegurarían una distribución de los ingresos entre entidades federativas y municipios y que garantizarían el financiamiento de la investigación científica y tecnológica en materia energética.
Otra medida responsable y sensata prevista en la propuesta del PRI consiste en facultar al Congreso para que limite la cuota de extracción de hidrocarburos en tanto no se recuperen las reservas probadas, las cuales están en un nivel alarmantemente bajo y precario, debido a la ausencia de presupuesto para las tareas de prospección. Tal disposición tiene en cuenta lo que los derrochadores y los privatizadores a rajatabla olvidan sin remordimiento: que los yacimientos petroleros del país no son propiedad de los funcionarios, ni siquiera de los mexicanos del presente, sino que pertenecen, también, a los mexicanos del futuro.
A lo largo del sexenio anterior y en lo que va del presente el Ejecutivo federal ha sostenido la falacia de que la industria petrolera de la nación no es capaz, por sí misma, de salir adelante, y que requiere al igual que la industria eléctrica, dicen de recursos privados y foráneos. Esa mentira resulta particularmente notoria en una circunstancia como la actual, en la que las cotizaciones internacionales del crudo permiten disponer de excedentes sustanciosos que pueden ser destinados, al menos en parte, a la reconstrucción, modernización y expansión de Pemex.
Cabe esperar, por el bien de todos, que la propuesta presentada ayer en vísperas del aniversario de la expropiación petrolera por la senadora Garza Galindo introduzca una nueva lógica en el debate sobre la reforma energética, y que ésta se realice sobre bases apegadas al sentido de nación, al espíritu de Estado y al bien común, ese valor que defendían panistas ahora desplazados en el control de su partido por los gerentes, los yunqueros y los coyotes. México requiere, más que nunca, de una empresa petrolera pública, eficiente, transparente y saludable.