Banqueros
Hubo mucho entusiasmo en la reciente convención bancaria de Acapulco. Los banqueros ya se sienten liberados de los rigores de la crisis financiera de 1995.
En su selecta reunión anual dieron por concluido el proceso de rescate que aplicó el gobierno de Ernesto Zedillo mediante el Fobaproa. Dicen que lo que resta por arreglar del costo millonario que provocó la quiebra del sistema bancario es asunto del gobierno. Eso quiere decir, de modo claro, que es cosa de toda la sociedad, que de una u otra forma ha pagado y seguirá pagando la deuda y los efectos generados por la crisis.
Mientras, los bancos se acomodan cada vez más con el IPAB. Con esa institución hicieron ya el cambio de los pagarés que se usaron para salvarlos de la quiebra, aunque luego se vendieron casi todos a empresas extranjeras. La transacción de canje no está libre de cuestionamientos legales.
Los banqueros están satisfechos de que vuelven a prestar, es cierto que mucho menos de lo que debería hacerlo un sistema bancario eficiente en términos financieros y económicos. El crédito es especialmente reducido para la producción, que es donde más se necesita.
El servicio que dan los bancos en México es aún bastante pobre, además de que cobran muy altas comisiones y los usuarios se han quedado muy desconfiados con el sistema bancario del país. Este asunto contradice la naturaleza misma de su función que está basada en la confianza; el término crédito alude a la reputación o fama de solvencia. Al parecer todo eso es peccata minuta, el negocio vuelve a florecer y México es una parte rentable de la operación global.
Pero se equivocan los banqueros y también el gobierno que se muestra igualmente satisfecho. No se puede ver para adelante cuando lo que ha quedado atrás está lleno de anomalías, de quebrantos a la ley, de asuntos no aclarados y de un enorme costo fiscal. Este último, por cierto, ha sido distribuido de modo muy inequitativo como quedó claro con la millonaria venta de Banamex a Citibank sin que se pagara un peso de impuestos.
Todo esto está bien documentado, aunque el gobierno, las autoridades responsables, los mismos banqueros y muchos miembros del Congreso quieren mantenerlo oculto. Para tener un sistema bancario eficaz y útil para la economía y la sociedad es aún necesario hacer mucho trabajo técnico, financiero, legal y también político.
El caso Fobaproa todavía no está cerrado en términos de la ley del IPAB, en la que se prevé en algún momento cancelar ese fideicomiso usado de manera forzada para enfrentar la crisis de 1995. La nueva institución deja aún mucho que desear en su papel de saneamiento del sistema bancario, arrastra compromisos de pago enormes y de larga duración, no ha sido muy exitosa en la recuperación del valor de los activos bancarios con los que se quedó y está apenas constituyendo, pero sobre bases endebles, el seguro de depósitos, que es su principal función.
El carácter independiente del IPAB está establecido formalmente, pero no se advierte de manera fehaciente en su modo de operación; parece ser más bien un apéndice de Hacienda. Esto se aprecia en su conformación y en los casos de renuncias de varios de sus vocales aun en su corta historia. Así lo indica, igualmente, su cerrazón para cumplir con la nueva ley de transparencia.
La legislación que tiene que ver con los resabios de la gestión de la crisis bancaria de hace una década tiene que ser limpiada y convertirse en un marco confiable de referencia. Esto significa necesariamente un nuevo arreglo institucional entre Hacienda, Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el propio IPAB, así como una rendición de cuentas de lo que se ha hecho.
La deuda que acarrea el salvamento bancario debe quedar ordenada y establecida donde le corresponde sin campos grises como todavía ocurre. Además deben plantearse las formas de reducirla de modo efectivo y con el menor costo fiscal posible. Esta cuestión se complica por la serie de medidas que se han tomado al respecto y que van afirmando la cuestionada forma de intervención pública en el rescate bancario.
La política financiera debe ser replanteada en una más estrecha asociación con el crecimiento de la actividad productiva. Este asunto, que es esencial para el desenvolvimiento de la economía mexicana, ha quedado muy comprometido con la extranjerización del sistema bancario.
El seguro de depósitos está constituido en términos formales, pero no aún en sus recursos, que se forman de las aportaciones de los bancos. Tres cuartas parte de esos fondos se usan para pagar los intereses de la deuda del IPAB. No queda claro cómo operaría ese seguro en relación con los poderosos bancos que hoy dominan el sector. Para darse cuenta de lo que esto significa hay que repasar la reciente crisis argentina. Y debe quedar claro qué significará en el caso de que surjan nuevos bancos comerciales.
El entusiasmo de los banqueros no es contagioso y el sistema bancario es todavía parte central de los obstáculos para el crecimiento y de la desconfianza de la sociedad sobre la manera en que se conduce la economía.