En duda, la realización de nuevas indagatorias del caso
Analizará MP capitalino pruebas de la defensa de Digna Ochoa
Salomón Baltazar, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), ordenó ayer a la coordinación general de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador Bernardo Bátiz que admita y analice las pruebas periciales ofrecidas por la defensa de los familiares de la abogada Digna Ochoa, con las cuales éstos pretenden demostrar que la luchadora social no se suicidó sino que fue asesinada en su despacho el 19 de octubre de 2001, reveló una fuente cercana al caso.
De acuerdo con la información obtenida, ya fue notificado del acuerdo el abogado José Antonio Becerril, defensor de los quejosos. De hecho, la coordinación de la PGJDF citó para este jueves a los peritos contratados por el asesor jurídico de la familia Ochoa y Plácido, a fin de que se comience el análisis de las pruebas periciales que ellos recabaron.
Dicha coordinación fue la misma que en octubre de 2003 avaló el no ejercicio de la acción penal que propuso la fiscal especial Margarita Guerra y apoyó la conclusión de que la ex integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro se suicidó por problemas siquiátricos.
Apenas el pasado jueves, cuando un tribunal federal otorgó un amparo a los quejosos, Jesús Ochoa, hermano de Digna, exhortó al procurador Bátiz a nombrar un "equipo distinto de investigadores ministeriales" en el momento en que fueran admitidas las nuevas pruebas, pues de lo contrario no se garantizaría la imparcialidad en las pesquisas.
Ese día, Jesús Ochoa pidió al procurador capitalino que se abstuviera de hacer declaraciones, que acatara la resolución judicial y dejara hacer su trabajo "a investigadores de verdad".
La fuente consultada indicó que el subprocurador Salomón Baltazar, en cumplimiento al amparo que el segundo tribunal colegiado en materia penal concedió a la familia Ochoa y Plácido, revocó ayer el acuerdo que él mismo dictó el 29 de octubre de 2003 (en el que daba por concluidas las pesquisas), y ordenó aceptar tres dictámenes elaborados por peritos contratados por el abogado José Antonio Becerril.
Se trata de peritajes que demuestran que horas antes de su muerte, el 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue maltratada y golpeada; que al momento en que recibió un balazo en la cabeza el cuerpo de la supuesta suicida no estaba en la posición en la que fue encontrada por la policía capitalina, y que el cadáver fue movido y acomodado con la finalidad de fabricar un escenario específico, es decir, que el lugar del crimen habría sido manipulada con la intención de aparentar que se trató de un suicidio.
Finalmente, el informante precisó que el hecho de que se admitan las periciales no significa que se efectuarán nuevas investigaciones sobre la muerte de la defensora de los derechos humanos, pues "lo único que la coordinación general de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador del DF analizará es si son procedentes las pruebas; si fueron realizadas con la metodología científica adecuada, además de que ordenará que peritos oficiales cotejen los peritajes que realizaron investigadores contratados por la parte inconforme".