Voto en el exterior
Tras años de debate, dilaciones y francas resistencias, la Cámara de Diputados aprobó en términos generales el dictamen que hará posible el voto de los mexicanos en el extranjero. Si bien es verdad que aún falta la aprobación del Senado, es probable que en 2006 cerca de 4 millones de ciudadanos que viven fuera del territorio nacional puedan votar por el candidato presidencial de su preferencia. La diputada Laura Elena Martínez Rivera, del PRI, puntualizó cuáles son las principales innovaciones contempladas en la reforma:
La credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero.
La posibilidad de hacer campaña entre ellos.
La votación en casillas instaladas en el extranjero.
El voto en elecciones presidenciales únicamente.
El establecimiento de juntas del Instituto Federal Electoral (IFE) por cada país y ciudad extranjera donde se lleven a cabo las elecciones.
La determinación de facultades exclusivas para las autoridades electorales mexicanas en caso de impugnaciones por delitos u omisiones presentadas desde el exterior.
Para dar viabilidad a esos objetivos, el dictamen aprobado permitirá la celebración de acuerdos entre el IFE y las autoridades de otros países para hacer posible la jornada electoral. Asimismo se prevé el establecimiento de centros de votación para 2006, por cada 15 mil ciudadanos registrados, así como la formación del catálogo general de electores en el extranjero y la instalación de módulos en México y en el extranjero a partir de junio de este año con el fin de recibir las manifestaciones de los ciudadanos que deseen votar en el extranjero y cuentan ya con credencial para votar con fotografía. Igualmente, reseña la diputada Martínez Rivera, se procederá a la realización de una campaña de fotocredencialización en el extranjero en consulados y embajadas, reservando la autonomía del IFE. Cuando no sea posible instalar las casillas en escuelas, oficinas y otros lugares públicos permitidos, se buscará hacerlo en consulados y embajadas. Aunque aún falta un largo trecho para dar por resueltos todos y cada uno de esos capítulos, lo cierto es que parece una tarea descomunal, sobre todo y en especial para el IFE, tan vapuleado por algunos partidos en estos tiempos.
Instrumentar el aparato que hace falta para asegurar el derecho al voto a través de urnas en territorio extraño supone un esfuerzo logístico, financiero y organizacional que no siempre se reconoce, pero además implica trabajar bajo condiciones de legalidad que no son las nuestras, lo cual implica una labor diplomática de gran calado ante autoridades federales, estatales y locales. Sin embargo, el IFE, en voz de su consejero presidente, Carlos Ugalde, ha dicho que el organismo está en condiciones de iniciar de inmediato los trabajos que sean menester.
Apenas el año pasado, en un encuentro con las comisiones unidas de Gober-nación, Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Ugalde destacó que el universo de mexicanos residentes en el exterior podría alcanzar 10 millones concentrados mayoritariamente en Norteamé-rica, si bien "en este momento 4 millones de mexicanos que viven en ese país cuentan con credencial de elector del IFE". Con ellos el IFE tendría que elaborar un listado nominal de ciudadanos que votarían al modo tradicional en urnas instaladas en 5 mil 350 casillas, con un costo aproximado de 2 mil 600 millones de pesos.
Más allá de los problemas jurídicos o financieros implicados en la medida, lo cierto es que se trata del mayor acontecimiento en la vida democrática institucional desde la reforma de 1996 que hizo posible la autonomía de los órganos electorales, el fortalecimiento del pluripartidismo y la plena legalidad de los procesos electorales. Además, la posibilidad de pasar del deseo a la realidad en esta materia tiene significados que obviamente trascienden el ámbito puramente electoral y nos obligan a pensar en México como comunidad política anclada menos en la geografía que en los derechos de ciudadanía.
Hoy es necesario un nuevo entendimiento del vínculo entre nacionalidad y ciudadanía, que suele darse por resuelto, aunque el tema de la doble nacionalidad plantea interrogantes que deberían despejarse constitucionalmente para no dejar resquicios indeseables. Para bien o para mal, la presencia de millones de mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, es un referente estructural, un dato que ninguna estrategia verdaderamente nacional puede darse el lujo de ignorar. Tal vez la legislación que está a debate del Legislativo nos permita hacer una reflexión menos parroquial sobre la nación en el siglo XXI, sobre la ciudadanía en la globalización.
Desde luego, sobre el terreno hay pendientes nada desdeñables: queda por ver cómo se impide que el voto en el extranjero sea presa de intereses mafiosos o ajenos al interés nacional y de qué manera se ejercen derechos legítimos de los mexicanos bajo circunstancias impuestas por el país de origen, sobre todo si se piensa que el voto se hará en urnas puestas en lugares públicos, donde muchos indocumentados podrían correr riesgos. Por lo pronto, los diputados han puesto en manos del IFE prácticamente toda la responsabilidad. Sería deseable, además, que le proporcionaran todo el apoyo político y financiero que su instrumentación requiere. De otro modo, la improvisación y el partidismo terminarían por matar esta nueva gallina de oro electoral.