Debe ser parte de una reforma integral, afirma
"Muy posible", una Afore pública: González Roaro
Plantea que los trabajadores elijan administradora libremente
La administradora de fondos para el retiro (Afore) pública para el manejo del fondo de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) "es muy posible", pero debe ser parte de una reforma integral, dijo el director general, Benjamín González Roaro.
Planteó que la falta de acuerdo con los sindicatos, en particular con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), se podría resolver si se deja a los trabajadores en libertad de elegir entre una administradora pública o una privada. Debe haber una opción amplia, apuntó.
No obstante, resaltó que el país cuenta ya con una infraestructura que le ha costado y se tiene que mejorar, por lo que de concretarse la Afore pública, ésta debe tener la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con las privadas.
Al presentar el portal de Internet del ISSSTE, en el que ya opera un vínculo con información sobre la reforma integral, el funcionario dijo que la propuesta que a este respecto tiene el gobierno federal todavía debe complementarse con las que presenten el resto de los sectores involucrados. Por lo tanto, no es una iniciativa, subrayó.
Insistió en la necesidad de que la reforma integral del ISSSTE se logre con base en el consenso de todos los actores involucrados, aunque también mencionó que cada día que se retrasa dicho cambio la situación económica del instituto se vuelve más difícil.
Actualmente el costo para el gobierno federal de la actualización de la ley asciende a un billón 400 mil pesos, cifra equivalente a dos Fobaproa. González Roaro explicó que este monto corresponde al gasto de las pensiones en curso de pago que sería absorbido por el Estado, así como al bono de reconocimiento que según la propuesta oficial permitiría equilibrar las finanzas institucionales.
Al explicar los lineamientos generales de la propuesta gubernamental, comentó que el Estado reconocería los derechos de los trabajadores activos mediante un bono de reconocimiento calculado con base en los años de cotización, el cual sería depositado en la Afore (pública o privada) al momento del retiro del empleado. Esos recursos tendrían que garantizar la pensión mínima, indicó.
Los ya jubilados no sufrirían ninguna afectación, mientras que los futuros trabajadores ingresarían bajo un nuevo esquema "autosostenible", es decir, que los beneficios al momento del retiro serán equivalentes a lo que se haya cotizado. Además, se garantizaría la portabilidad de los derechos entre los diferentes esquemas de aseguramiento.