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Jueves 13 de enero de 2005

Activistas demandan que se reconsidere su designación

ONG da cuenta del largo historial represor de Yunes

Tras hacer un amplio recuento de diversas violaciones a las garantías individuales en las que Miguel Angel Yunes -recién nombrado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal- tuvo un papel preponderante cuando se desempeñó como titular de instancias de seguridad pública en Veracruz, así como durante su gestión como secretario de Gobierno, la organización no gubernamental Todos los Derechos para Todos exhortó al gobierno a "revisar y reconsiderar la designación".

Según la red, durante la estancia de Yunes al frente de instancias de seguridad pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió por lo menos 17 recomendaciones dirigidas al entonces gobernador Patricio Chirinos.

La trayectoria de Yunes evidencia que, "sin duda", se ha caracterizado por ejercer "mano dura en contra de las organizaciones sociales que reclaman sus derechos", así como por ser proclive a caer en "actuaciones violatorias de derechos humanos".

La red recuerda que fue Yunes, en su calidad de director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, quien en noviembre de 1999 "autorizó que Erica Zamora fuera enviada al penal de máxima seguridad de Puente Grande, lugar que en aquel entonces no contaba con área para mujeres", y precisa que es justamente en el tema penitenciario en el cual más recomendaciones generaron sus determinaciones (12).

En un amplio escrito detalla que su gestión al frente de la Secretaría de Gobierno de Veracruz durante el mandato de Chirinos se caracterizó por la "represión y violencia hacia los campesinos y opositores, y por la protección a grupos civiles armados (guardias blancas)".

La red precisa que "el 31 de diciembre de 1994 manifestantes del PRD que buscaban impedir que el presidente municipal electo de San Andrés Tuxltla, Veracruz, tomara posesión de ese cargo, fueron reprimidos por la Policía de Seguridad Pública, resultando muerta una persona y otras lesionadas; además fue detenido arbitrariamente e incomunicado el periodista Trevor Hemmings, y la reportera Martha Patricia Castro Arredondo fue agredida y lesionada". Esto derivó en que la CNDH emitiera la recomendación 153/95.

Menos de dos meses después, derivado de operativos contra "presuntos zapatistas" en Veracruz, la CNDH emitió tres recomendaciones: la "50/95; la 132/95 y la 158/95", porque la Dirección de Seguridad Pública, a cargo de Yunes, "se vio involucrada en diversos hechos de tortura, incomunicación, detenciones arbitrarias y allanamiento de morada en los municipios de Yanga, Fortín de las Flores y Tlaquilpa, distrito judicial de Zongolica".

La lista de atropellos es nutrida: "en septiembre de 1994 elementos de Seguridad Pública de Veracruz incursionaron en la comunidad Plan del Encinal, provocando un enfrentamiento en el que resultaron muertos dos policías, y posteriormente se encontraron los cuerpos de los señores Rolando y Atanasio Hernández Hernández sin ojos, sin órganos genitales, con los intestinos rotos y verdugones en los brazos.

"En mayo de 1995 se detuvo arbitrariamente a 34 campesinos y se golpeó a varios ancianos, mujeres y niños en las comunidades de Ricardo Flores Magón, Doroteo Arango, La Lima, Cuexcontitla, Otlamalácatl y en el predio Cececapa; en agosto de 1995, en la comunidad de Chapote Chico, cuerpos policiacos y civiles armados detuvieron a varias personas y golpearon a mujeres, niños y ancianos.

"El 18 de agosto de 1995, en la comunidad de Cantollano, un numeroso grupo formado por elementos de Seguridad Pública y de la Policía Judicial del estado, así como civiles armados al servicio de Tranquilino Hernández Reyna y René Monroy García, reprimieron a campesinos indígenas nahuas de esa comunidad, resultando muerto Nicolás Hernández Hernández; fueron detenidos los indígenas Gregorio Hernández García, Agustín Santiago Hernández, Antonio Hernández García y Agustín Bautista Hernández. Todo lo anterior derivó en que la CNDH emitiera la recomendación 18/97".

Carolina Gomez Mena

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