Continúa la destrucción del patrimonio histórico

La empresa canadiense Metallica Resource Incorporation está a punto de destruir parte del patrimonio histórico del país. El martes pasado, la compañía Minera San Xavier, propiedad de dicha trasnacional, comenzó a detonar dinamita para explotar una mina a cielo abierto de oro y plata, ubicada en el predio La Zapatilla, en el poblado Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, lo que pone en peligro numerosos monumentos históricos que datan de la Colonia. Esta operación se realiza a pesar de que existen tres sentencias judiciales emitidas por distintas instancias para detenerla, interpuestas por el Frente Amplio Opositor, integrado por ejidatarios que fueron despojados ilegalmente del predio en el que se encuentra la mina. Además, se presume que las actividades de la empresa se dan con la complicidad de autoridades de todos los niveles.

Ya desde 1998 el Instituto Nacional de Antropología e Historia advirtió sobre los riesgos para el patrimonio histórico que implicaría reactivar la mina, en cuya operación se usan unas 25 toneladas diarias de dinamita, según expertos del instituto. En el documento Manual de mantenimiento y conservación para el conjunto urbano de Cerro de San Pedro, se enlistan dos iglesias de los siglos XVII y XVIII, San Nicolás Tolentino y San Pedro Apóstol, respectivamente, así como 400 monumentos históricos vinculados con el pasado minero del lugar. El peligro es que la veta de oro y plata a explotar "corre por el subsuelo de la población", por lo que las detonaciones afectarían los monumentos. Por otra parte, el proyecto significa exponer a la población local a sufrir daños en su salud, pues es inevitable que para separar el mineral del cascajo se utilicen grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente tóxica tanto para el medio ambiente como para los seres vivos. El riesgo ambiental no sólo involucra a los habitantes del poblado; también perjudicaría a los residentes del municipio La Soledad y de la capital potosina, a 20 kilómetros de distancia.

Pero estos elementos no son los únicos motivos para detener el proyecto: Metallica Resources ha violado tres sentencias diferentes que la obligan a suspender sus actividades. La primera es el fallo del Tribunal Unitario Agrario que ratificó la invalidez del contrato de arrendamiento de 290 hectáreas suscrito en marzo de 1997 entre la empresa canadiense y falsos ejidatarios. La segunda es en una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi- nistrativa, la cual declaró la invalidez del permiso de operación otorgado por el Instituto Nacional de Ecología en febrero de 1999. Y la tercera es una demanda de amparo, resuelta en favor de los ejidatarios el 9 de agosto pasado, para evitar que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) autorizara el uso de explosivos.

Pero estos fallos no han servido de nada y el Frente Amplio no tiene dudas de que hay complicidad de las autoridades, al parecer presionadas por medios legales y extralegales por la trasnacional. De hecho, los inconformes han acusado al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas, de ser "un apologista del delito", ya que a su juicio, el funcionario azuzó a la compañía extranjera para iniciar operaciones ignorando las resoluciones. El asesor legal de los ejidatarios, Carlos Covarrubias, también señaló que la Sedena supervisó las explosiones, validando el permiso que concedió a la minera. Por último, el frente denunció que las autoridades federales, estatales y municipales supieron con tres días de anticipación sobre el uso de explosivos y "no sólo lo permitieron, sino que lo apoyaron", cometiendo un desacato judicial.

El proyecto de la Minera San Xavier recuerda otros casos similares que han ocurrido durante el sexenio de Vicente Fox, como la construcción de una tienda Wal-Mart en Teotihuacán, la instalación de un McDonald's en el centro de Oaxaca y la destrucción del Casino de la Selva, en Cuernavaca. Estos atentados contra el patrimonio histórico y cultural del país se han cometido bajo el pretexto de crear empleos y generar derrama económica para los pobladores. Esta visión es fruto de las políticas neoliberales fomentadas desde Los Pinos. Lo escandaloso de esta situación es que hay alternativas que el gobierno debería considerar: el INAH sostiene que el Cerro de San Pedro podría convertirse en un polo de desarrollo turístico que beneficiaría a los pobladores tanto en sus ingresos como en la construcción de infraestructura de servicios básicos. Es una pena que el gobierno no comparta este afán por proteger nuestro patrimonio.