Falta voluntad oficial para frenar esas prácticas: ONG

AI: persisten torturas y maltratos en comisarías y cárceles de Argentina

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 15 de noviembre. En Argentina continúan los casos de torturas y malos tratos en comisarías y cárceles, denunció hoy la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), en momentos en que se realizan aquí otras denuncias sobre la existencia de escuadrones de la muerte y una política de gatillo fácil para asesinar a menores.

En coincidencia con Amnistía, otra organización no gubernamental (ONG) denunció que no existe voluntad política de las autoridades argentinas para erradicar la práctica de las torturas y otros apremios ilegales. Esta presentación la realizó el argentino Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento de la convención internacional en esta materia

"La práctica de la tortura en Argentina es sistemática y continúa vigente como en épocas de la dictadura, si bien no es promovida por las máximas autoridades del Estado, pues debemos reconocer que estamos regidos por un gobierno democrático", expresó Rodrigo Borda, abogado del CELS.

Esa ONG agregó que "las prácticas de la tortura están incorporadas en las rutinas de trabajo de las fuerzas de seguridad". pero consideró aún más grave que "la justicia no haga nada para evitar que se sigan cometiendo torturas".

Este organismo, así como otros de derechos humanos, han elaborado documentos que muestran los casos de torturas en dependencias policiales y penitenciarias en todo el país.

Recientemente la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que ha presentado desde hace años una serie de denuncias por la cantidad de menores asesinados y la "crimininalización de la pobreza", divulgó documentos sobre grupos policiales que actuaron como escuadrones de la muerte en la represión de niños y jóvenes pobres.

Muchos policías han pasado por la justicia en los últimos tiempos, pero es evidente que algunos jueces "miran hacia otro lado", denunciaron los dirigentes de Correpi.

"La prohibición legislativa de la tortura no es suficiente. Es vital la voluntad política para que se apliquen las normas positivas existentes y se acabe definitivamente con esa práctica, como por ejemplo la investigación inmediata e independiente de las denuncias y llevar a los responsables ante la justicia", expresó por su parte Amnistía.

Todos los días hay entre cuatro y cinco denuncias de torturas, golpizas, malos tratos y también asesinatos policiales, especialmente en los barrios más pobres.

Virginia Shoppee, investigadora de AI, presentó en su informe sobre Argentina ante el comité de Ginebra casos como el de Claudia Zambrano, quien el 2 de abril pasado fue golpeada brutalmente por policías que intentaban desalojarla, luego de romper cosas de la casa a patadas.

No es menos trágica la situación de los presos, que reciben castigos, que han provocado varias muertes en las cárceles del país: "los presos son mantenidos por varios días sin prendas de abrigo, desnudos o en calzoncillos".

El pasado 2 de octubre en Caleta Oliva, en la sureña provincia de Santa Cruz, más de 30 personas detenidas en comisarías y dependencias del ejército denunciaron malos por parte de policías y gendarmes.

En este caso, incluso Madres Fundadoras de Plaza de Mayo acompañaron la denuncia de familiares y abogados de las víctimas, que fueron encapuchadas y golpeadas con palos, golpes de puño y pie. Varios de los detenidos -en el marco de un conflicto social- presentaban fracturas en el rostro, y a una mujer habían intentado violarla.

Entre las principales preocupaciones citadas en el informe de AI está "la falta de investigaciones prontas, independientes, exhaustivas y concluyentes" sobre las denuncias de maltratos y torturas a detenidos, presos y a menores.

El ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero, también denunció la situación de menores de edad ilegalmente alojados en comisarías, y acusó a una docena de jueces de menores de mantener detenidos en comisarías a jóvenes de 16 años, inimputables según la ley.

En tanto, se informó que el ex capitán de marina Alfredo Astiz, uno de los símbolos de la última dictadura (1976-83) y responsable de la desaparición de varias Madres de Plaza de Mayo y otras de las miles de víctimas de entonces, fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, en la cual le extirparon un riñón por un tumor maligno.

Astiz, condenado en Francia a prisión perpetua en ausencia por el secuestro y la desaparición de dos monjas de ese país, fue una figura clave en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, por donde pasaron unos 5 mil de los 30 mil desaparecidos, está ahora detenido en un cuartel de esa arma.

Haciéndose pasar por familiar de un desaparecido se infiltró entre las madres organizadas para reclamar por sus hijos desaparecidos.