México D.F. Jueves 11 de noviembre de 2004
Demandan que no se tomen en cuenta recomendaciones
de informe científico trinacional
Empresarios piden a legisladores evitar restricciones
a productos transgénicos
Buscan hacer a un lado la protección a la biodiversidad
y a los campesinos: Greenpeace
ANGELICA ENCISO L.
Organizaciones
empresariales expresaron su rechazo a que los diputados tomen en cuenta
las recomendaciones del informe científico de la Comisión
de Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte para hacer modificaciones a la iniciativa de ley
de bioseguridad, que ya fue aprobada en el Senado.
Manifestaron su oposición a que los productos tengan
etiquetas con una leyenda de advertencia en caso de que contengan algún
organismo modificado genéticamente, y a que el maíz importado
de Estados Unidos sea molido para que no se utilice como semilla.
Esto lo señalaron, en una carta enviada a los diputados,
la Confederación de Cámaras Industriales, el Consejo Nacional
Agropecuario, el Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas,
el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, la Cámara
Nacional del Maíz Industrializado, la Asociación de Proveedores
de Productos Agropecuarios de México y la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
El informe Maíz y biodiversidad, efectos del
maíz transgénico en México fue realizado por 16
científicos de Estados Unidos, Canadá y México a petición
de organizaciones no gubernamentales y campesinas, luego de que se detectó
que en los cultivos criollos de Oaxaca, centro de origen del grano en México,
había presencia de maíz transgénico.
Tras dos años de trabajo y con una inversión
de 450 mil dólares, las conclusiones y recomendaciones del documento
fueron cuestionadas por los propios gobiernos que tienen interés
en la promoción de esos alimentos que son desarrollados por las
grandes trasnacionales de la biotecnología: Monsanto, Aventis, Dupont,
Bayer, Syngenta y Dow, indica la organización ambientalista Greenpeace.
Ahora, el sector empresarial presiona a los legisladores
por medio de la carta fechada el 28 de octubre de este año, en la
que advierten que el etiquetado ocasionará un incremento de 30 por
ciento en varios alimentos básicos y que, de mantenerse la moratoria
al maíz transgénico, se incorpora "un factor más de
desventaja para el campo y la industria nacional, condenándonos
con ello al rezago productivo".
En el texto agregaron que esa medida "restrictiva tendería
a agudizar significativamente la dependencia de nuestro país de
las importaciones de alimentos, acentuándose con ello el carácter
deficitario de México en la producción de maíz y otros
granos básicos".
En cuanto a la recomendación de los científicos
de que el maíz importado sea molido para que no sea utilizado como
semilla, los industriales señalan en el documento que es una medida
inadecuada, ya que "si la molienda se lleva a cabo con anterioridad a que
el producto ingrese al país, provocaría el desplazamiento
de actividades que hoy en día se realizan en diferentes instalaciones
industriales dentro de nuestro territorio".
En la carta no se refieren a lo referente a salud y medio
ambiente, sólo a las implicaciones económicas y señalan
que las recomendaciones mencionadas son "discriminatorias y restrictivas
al comercio".
Además argumentaron que en el informe no participó
la industria nacional, pero uno de los investigadores que trabajaron en
la elaboración del informe fue José Luis Solleiro, quien
es director técnico de Agrobio, asociación que agrupa a las
empresas productoras de transgénicos en México. Además
el especialista participó en la revisión de seis de los 10
capítulos del informe, señaló Areli Carreón,
de Greenpeace.
La organización ambientalista divulgó la
carta con la intención de presionar a los legisladores para que
protejan sus intereses privados, en lugar de aplicar las recomendaciones
de los científicos para proteger la biodiversidad, a los campesinos
y a los consumidores mexicanos, agregó.
Sumado a ello, dijo, la pretensión de presentar
el informe como inconsistente científicamente es "un esfuerzo desesperado
por atemorizar a los legisladores con argumentos sin sustento alguno".
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