Alberto Gonzales, consejero legal de la Casa Blanca, justificó la tortura en Abu Ghraib

Bush nomina a un latino para sustituir a Ashcroft en la procuraduría de EU

Defensores de derechos civiles cuestionan al "arquitecto de una política ilegal e inmoral"

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 10 de noviembre. El presidente George W. Bush nominó hoy como su próximo procurador general al consejero legal de la Casa Blanca que elaboró la justificación legal para emplear la tortura contra detenidos y descartó la aplicación de la Convención de Ginebra en la "guerra contra el terrorismo".

Alberto Gonzales será el primer latino -mexicanoestadunidense- en ocupar el puesto al frente del Departamento de Justicia.

"Siempre me ha brindado con su opinión franca", declaró Bush al anunciar su selección para sustituir a John Ashcroft. "Es una voz calmada y firme en tiempos de crisis", subrayó.

Sin embargo, el nombramiento probablemente dividirá a las organizaciones latinas en este país, algunas de las cuales elogiaron la selección. De inmediato, grupos de defensa de libertades y derechos civiles cuestionaron el nombramiento como procurador general de alguien que calificó las protecciones de la Convención de Ginebra para participantes en conflictos armados como algo "pintoresco" y "obsoleto".

El procurador general John Ashcroft, ultra conservador y ex senador de Missouri, que por su religión no fuma, no toma ni baila -se dice que ordenó vestir a las estatuas desnudas del Departamento de Justicia- renunció el martes. Es casi seguro que la mayoría republicana en el Senado ratifique el nombramiento de Gonzales como el primer procurador general latino en la historia de Estados Unidos.

El ex juez texano y colaborador del presidente fue considerado inicialmente -según los rumores extraoficiales- como candidato principal de Bush a la Suprema Corte, para llenar el hueco que dejará en los próximos meses William Rehnquist, quien recientemente anunció que padece cáncer. Bush aún podría nombrar a Gonzales a ese tribunal supremo, pero algunos analistas interpretan el anuncio de hoy como señal de que se está considerando a otros para la Suprema Corte.

A pesar de que todos esperan que el Senado finalmente aprobará el nombramiento de Gonzales, se espera que provocará un intenso debate y podría convertirse en la primera prueba de qué tanto está dispuesta la minoría demócrata a enfrentarse con la Casa Blanca. Como abogado en Houston, Gonzales fue socio de un bufete que tenía entre sus clientes a la empresa Enron, y ha sido considerado como un aliado cercano a Bush desde hace más de 10 años.

Pero aún más controvertido ha sido su papel como consejero legal de la Casa Blanca. Gonzales encabezó el desarrollo de las justificaciones legales para la práctica del gobierno de Bush de detener a "sospechosos" en la guerra contra el terrorismo sin cargos formales, sin acceso a abogados y sin cumplir con las obligaciones de la Convención de Ginebra.

Recientemente la Suprema Corte determinó que estas detenciones son ilegales, pero el gobierno de Bush continúa desafiando las órdenes judiciales en los tribunales inferiores.

Esta semana un juez federal ordenó congelar los primeros juicios militares en Guantánamo, argumentando que las llamadas "comisiones militares" nombradas por el presidente para realizar estos juicios no cumplían con requisitos legales para un proceso imparcial y violaban la Convención de Ginebra.

Fue el equipo de abogados al mando de Gonzales el que desarrolló una serie de justificaciones legales argumentando que ciertas categorías de detenidos en conflictos fuera del contexto de una guerra tradicional, no eran sujetos de la Convención de Ginebra, señalando que están acusados de trabajar con Al Qaeda y otras organizaciones terroristas que no son consideradas como una fuerza armada estatal tradicional.

Gonzales también caracterizó las prohibiciones contra la tortura en la Convención de Ginebra como "pintorescas" y sostuvo que el presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos no necesitaba cumplir con las convenciones, por otras prohibiciones internacionales contra la tortura, ni con las propias leyes estadunidenses contra la tortura, ya que esta no era una guerra tradicional y que los detenidos no estaban en territorio nacional.

En un detallado documento de más de 50 páginas, el consejero legal también ofreció lo que en efecto es un mapa para funcionarios estadunidenses que deseaban evadir las prohibiciones legales contra la tortura y el empleo de fuerza para extraer confesiones de los detenidos.

Algunos abogados militares estadunidenses estaban tan indignados por estas justificaciones legales que las filtraron a los medios y la Casa Blanca fue obligada a insistir en que ha abandonado estas prácticas. Pero persisten versiones de que se siguen empleando prácticas posiblemente ilegales contra los detenidos por Estados Unidos, y a pesar de varios fallos de la Suprema Corte (y su mayoría conservadora) condenando el tratamiento de los prisioneros por las fuerzas estadunidenses, el gobierno de Bush continúa batallando contra estos impedimentos judiciales.

El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en Nueva York denunció hoy el nombramiento. "Convertir a Alberto Gonzales en procurador general de Estados Unidos sería una farsa. Implicaría tomar uno de los arquitectos legales de una política ilegal e inmoral e instalarlo como el funcionario encargado de proteger nuestros derechos constitucionales", afirmó el abogado Michael Ratner, presidente de CCR. Señaló que los documentos desarrollados por Gonzales justificando la tortura "pavimentaron el camino a Abu Ghraib".

Pero el Consejo Nacional de La Raza -la organización latina más antigua y una de las más influyentes del país- elogió el nombramiento. "Gonzales es un servidor público pensante y razonable, un hombre de palabra, y tenemos toda expectativa de que su nombramiento será bien recibido en la comunidad latina". La ultraconservadora Coalición Cristiana también elogió la designación.

El nominado deberá responder a preguntas sobre su participación y autoría en el desarrollo de estas controvertidas justificaciones legales, y las audiencias en el Senado sobre su nombramiento podrían convertirse en un foro para el debate más amplio sobre las violaciones de las libertades y garantías civiles domésticas e internacionales bajo la presidencia de Bush. Pero los republicanos, ahora con ampliada mayoría en el Senado, intentarán limitar este debate y acelerar el voto de ratificación.

Antes de aceptar su cargo actual en la Casa Blanca, Gonzales fue juez en la Suprema Corte estatal de Texas. Antes de integrarse a esa corte, fue secretario de Estado de Texas y, según su biografía oficial de la Casa Blanca, es "el enlace principal sobre México y asuntos fronterizos" para el gobierno de Bush.