Si hay dudas sobre la posición legal de Ramírez Corzo, que lo denuncien, dice a diputados

Atribución presidencial, designar funcionarios, responde Fox

Afirma que tiene la facultad constitucional de nombrar al director general de Pemex

Evitó manifestarse sobre el debate por las previsiones sobre el precio del petróleo para 2005

ROSA ELVIRA VARGAS

En respuesta a la demanda de la Cámara de Diputados de revocar el nombramiento del nuevo director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Luis Ramírez Corzo, el presidente Vicente Fox respondió que forma parte de sus atribuciones legales designar a los funcionarios de su administración y que si existieran dudas sobre el cumplimiento de algún requisito legal por parte del titular de la paraestatal, que lo denuncien.

Desde el mediodía de ayer, al ofrecer una conferencia de prensa con el presidente de Honduras, Ricardo Maduro, quien realiza una visita de Estado a México, el titular del Ejecutivo rechazó responder a interrogantes sobre el extrañamiento emitido el martes desde el Legislativo respecto a la inconveniencia de que Ramírez Corzo ocupe la titularidad de Pemex.

Horas más tarde, en Los Pinos se difundió un comunicado que, se asegura, es respuesta a ''la inquietud de algunos representantes de medios de comunicación por conocer la posición de la Presidencia de la República en relación con el pronunciamiento hecho por diversas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados'', sobre la designación de Ramírez Corzo.

En el texto se insiste en el respeto que guarda la institución presidencial a ''los señores legisladores'' y a las decisiones que adopta el ''plenario de ese cuerpo colegiado''. Apunta que la administración de Vicente Fox siempre se ha apegado al espíritu de la Constitución y al respeto irrestricto a la división de Poderes, ''características de un régimen democrático''.

Entra luego al ámbito de las atribuciones presidenciales para nombrar a los secretarios de despacho ''y demás funcionarios'', y define que en el caso específico de Pemex, tal facultad proviene de los artículos 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y sexto de la Ley Orgánica de la empresa.

Así, precisa que conforme a ese marco constitucional y legal, ''si fuera el caso de existir dudas respecto del cumplimiento de algún requisito legal para ocupar (Ramírez Corzo) el cargo referido, ha sido el propio Congreso de la Unión el que ha emitido los ordenamientos aplicables para encauzar las denuncias y, en su caso, las responsabilidades correspondientes''.

Porque además, puntualiza, el gobierno de Vicente Fox ha ceñido su actuación dentro del esquema de la rendición de cuentas y siempre ha estado abierto a que se revisen por los órganos legalmente facultados para ello.

El martes pasado, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, legisladores del PRI, PRD, PT, PVEM y Convergencia decidieron enviar un extrañamiento al presidente Vicente Fox y solicitar que la Auditoría Superior de la Federación revise las empresas que proveen servicios a Pemex. Ante ello, de nada valieron los argumentos del ex asesor jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro.

En el caso de Ramírez Corzo, los legisladores mostraron dudas sobre su proceder cuando actuó como director de Pemex Exploración y Producción (PEP), además de que el empresario Raúl Romo Velázquez ratificó una denuncia penal en su contra, así como también contra Rafael Bracho, subdirector de Finanzas de la paraestatal, por presunto tráfico de influencias y asignación ilegal de obras a dos empresas extranjeras.

Por último, en el mismo comunicado de la Presidencia se hace referencia al debate que existe entre las cámaras de Diputados y de Senadores sobre el precio del barril de petróleo que tendrá que considerarse en el ejercicio presupuestal de 2005.

Textualmente se indica que, ''el Ejecutivo federal expresa que su propuesta, enviada en tiempo y forma, se encuentra hoy en proceso legislativo, el cual no ha concluido, y por tanto estima prematuro pronunciarse al respecto''.