Deberá informar trimestralmente sobre el gasto

Ponen candados a Fox en el presupuesto

Se establecen sanciones a funcionarios por incumplimiento

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2005 contiene, por vez primera, candados al gasto corriente del Ejecutivo, que estará obligado a informar trimestralmente al Poder Legislativo de sus gastos, inversiones y ahorros. Al presentarse ayer el texto base, consensuado entre todas las fuerzas políticas, se dio a conocer que las presiones de gasto de los distintos sectores sociales del país ascienden a 183 mil 736 millones de pesos, que sólo podrán ser subsanadas, en parte, por los más de 80 mil millones de pesos considerados en próximas reasignaciones.

Sin conocer aún con exactitud el monto del PEF para el año próximo, porque la Cámara de Diputados espera la minuta de Ley de Ingresos que hoy será votada y posiblemente modificada en el Senado de la República, la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, encabezada por el legislador priísta Angel Buendía, distribuyó un disco compacto que incluye el anteproyecto del PEF.

Dicho documento, al que este diario tuvo acceso, incluye restricciones en el manejo de los recursos nunca antes vistas, por las cuales el gobierno de Vicente Fox deberá reportar cuidadosamente el destino del presupuesto público, así como su cabal aplicación, sobre todo en programas de inversión para crear empleos.

Ayer, al instalarse la Comisión de Presupuesto en sesión permanente, el Partido del Trabajo propuso una salida jurídica al diferendo entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República

Dado que los senadores advirtieron que modificarán la estimación del precio del barril de petróleo de 27 a 23 dólares, y el tiempo para aprobar el PEF se agotará el 15 del presente mes, la salida se ubica en el artículo 90 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que "las comisiones (en este caso de Hacienda) de ambas cámaras pueden tener conferencias entre sí para expeditar el despacho de alguna ley u otro asunto importante".

Tal propuesta obedece a que en San Lázaro se supo que el líder del PRI en el Senado de la República, Enrique Jackson, se opuso rotundamente a una reunión en conferencia de las juntas de coordinación política de ambas cámaras para darle salida al tema del precio del petróleo y del déficit presupuestal, que los senadores desean ubicar en 0.22 por ciento del producto interno bruto.

Otra sorpresa fue que para no quedarse solos en la Cámara de Diputados, los panistas decidieron apegarse a la postura de PRI, PRD, PVEM y PT de no aceptar cambios en la proyección del precio del petróleo, que mantendrán en 27 dólares por barril.

Al presentarse el anteproyecto de PEF, que prevé un déficit presupuestal -como ingreso extra- de 12 mil 695 millones de pesos y un ingreso adicional por el excedente petrolero que equivaldría a 41 mil 143 millones, la Cámara de Diputados estableció los criterios de la política a seguir en el terreno de los egresos:

"Se establece un anclaje a través de un monto predeterminado para el gasto de inversión, de manera que los ajustes se hagan en el gasto corriente. Se predetermina la asignación de ingresos petroleros adicionales a inversión física; se estipulan límites máximos a los capítulos del gasto corriente para promover disciplina presupuestaria; se determinan sanciones a funcionarios por incumplimiento; se incluyen capítulos sobre federalismo y desarrollo regional".

El gobierno de Vicente Fox estará obligado a dar a conocer también las variaciones en el número de las plazas y sueldos de la administración pública federal, hacer públicos los saldos, ingresos y egresos de todos los fideicomisos, y presentar la información trimestral del presupuesto aprobado, incluyendo el avance programático.

El anteproyecto precisa atribuciones específicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como disposiciones de austeridad tendientes a regular el uso de vehículos oficiales, la contratación de asesorías, telefonía celular, viáticos y pasajes, así como ordenamientos rigurosos sobre comunicación social, en especial para controlar los recursos destinados a televisoras y radiodifusoras.

En el documento se establece, en el artículo 29, que "las dependencias y entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios para actividades relacionadas con la Comunicación Social a través de la radio y la televisión una vez que hayan agotado los tiempos de transmisión asignados, tanto en los medios de difusión del sector público, como en aquellos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal".

Para tal caso se contempla que los tiempos que por ley otorguen al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal sean distribuidos en los siguientes porcentajes: 40 por ciento al Poder Ejecutivo; 30 por ciento al Poder Legislativo Federal asignándose en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial Federal y 20 por ciento a los entes públicos federales.