Lo envió el Ejecutivo en el pasado periodo de sesiones

Activistas esperan que el Congreso apruebe protocolo contra la tortura

VICTOR BALLINAS

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Dirección General de Derechos Humanos de la cancillería manifestaron ayer que esperan que en este periodo de sesiones del Congreso los legisladores aprueben la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, que envió el Ejecutivo el pasado periodo de sesiones.

Juan José Gómez Camacho, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Ximena Andión, de la CMDPDH, y la primera visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Pilar Noriega, destacaron que en México la tortura es una práctica que no se ha erradicado.

Durante la presentación del libro El Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes: un manual para la prevención, Gómez Camacho destacó que "aunque se prevé que México podría estar ratificando dicho protocolo entre diciembre próximo o los primeros meses de 2005, todavía faltaría entre año y medio o dos años para que entre en vigor dicho instrumento, cuyo objetivo central es la prevención de la tortura".

Lo importante de dicho protocolo es que "crea un subcomité integrado por diez y hasta 25 expertos independientes que podrán entrar a las cárceles de los países que visiten para supervisar que no se realicen en esos centros de detención torturas, malos tratos o penas crueles".

El funcionario detalló que "los integrantes de ese subcomité tendrán acceso a todas las cárceles, centros de detención, centros siquiátricos, estaciones migratorias y otros sitios donde se tenga a personas detenidas (del país que visiten y que sea signante del protocolo) para que realicen la supervisión".

Ximena Andión explicó que el subcomité que se integre al entrar en vigor el protocolo visitará las cárceles de los países signantes, porque "se considera que las personas privadas de su libertad son quienes se encuentran en una situación más vulnerable de ser víctimas de esa grave violación a sus derechos humanos".

Andión subrayó que la tortura sigue siendo una persistente violación de garantías practicada por distintos agentes del Estado, ya sea para obtener confesiones incriminatorias o como técnica de represión, lo cual implica para el gobierno mexicano, sin duda, una mayor responsabilidad en la pronta ratificación del protocolo.