García Zalvidea tramita en el DF fondos para el ayuntamento y pide apoyo federal

Critica Hendricks actuación de ministra en el caso Cancún; "debe ser sustituida", dice

La concejal Marisol Avila asegura no incurrir en desacato pero se niega a entregar la alcaldía

DAVID SOSA FLORES CORRESPONSAL

Cancun, QR., 7 de agosto. El gobernador Joaquín Hendricks Díaz se dijo sorprendido de que Olga Sánchez Cordero, "una ministra" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "esté ventilando" ante los medios de comunicación la orden del máximo organismo de restituir los poderes constitucionales en el municipio de Benito Juárez, y advirtió que podrían buscar que se vete a esa funcionaria para hacerse cargo del caso Cancún.

A su vez, Juan Ignacio García Zalvidea, el alcalde reconocido por la SCJN, explicó desde la ciudad de México -adonde llegó a solicitar al gobierno federal que le sean restituidos el palacio municipal y los fondos federales- que el ayuntamiento "itinerante" que él preside ya reinició los servicios a la ciudadanía, además de que recauda el predial y otros impuestos y derechos.

Marisol Avila Lagos, presidenta del concejo municipal designado por el Congreso local, se dijo dispuesta a entregar el palacio municipal a García Zalvidea, pero lo condicionó a que venga con diputados locales, notarios públicos y personal del Organo Superior de Fiscalización.

En un comunicado, Hendricks Díaz acusó a García Zalvidea, "y a los que apoyan a este señor, de tender una cortina de humo". Pero lo de fondo, explicó, "es que la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Congreso han investigado y acreditado que se ha cometido peculado en este municipio por 97 millones de pesos, y este es el asunto de fondo.

"Respetamos en Quintana Roo lo que manda la SCJN, pero en el momento en que resuelva la controversia de fondo por parte de la Corte, entonces las instituciones de Quintana Roo quedarán liberadas para proceder por este desvío de recursos", advirtió.

Pero sostuvo: "aunque no tengo diferencia alguna con la Corte, en el municipio de Benito Juárez hay un concejo municipal que nombró el Congreso del estado, y yo estoy obligado a respetar las decisiones que tomen las instituciones o poderes de Quintana Roo".

Para hacer efectivas las resoluciones de la Corte, García Zalvidea estuvo este sábado en la ciudad de México, donde informó que se reunió con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tramitar los recursos que por ley corresponden al ayuntamiento.

José Antonio Chávez, vocero que lo acompaña, informó que el alcalde constitucional podría reunirse este domingo con directivos de la Secretaría de Gobernación para tratar el conflicto entre el ayuntamiento y el gobernador del estado.

Sus abogados, en tanto, se abocaron a tramitar las medidas de apremio ante la SCJN para que, por medio de la Policía Federal Preventiva o el Ejército, el concejo nombrado por el Congreso local entregue el palacio.

De su lado, los integrantes del concejo municipal encabezado por Marisol Avila, designada por los diputados locales, reiteraron que no hay desacato de los resolutivos de la SCJN, y aunque la mayor parte no se presentó hoy al palacio municipal, aún no desalojan el inmueble.

La también dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México dijo que no hay desacato a la SCJN.

"ƑPor qué?, Ƒdesacato por qué?, si yo quiero entregar, el que no viene es él (García Zalvidea), pero tiene que venir con el Congreso y con el Organo Superior de Fiscalización.

-ƑCuánto tiempo va a pasar para que entreguen las instalaciones?

-Ah, no sé, él sabrá, yo aquí estoy, dispuesta a entregar.

-ƑEsto no paralizaría la ciudad?

-Es culpa de él y de la Corte, Ƒno?

Pero por precaución, en las últimas horas las autoridades encabezadas por Marisol Avila colocaron vallas alrededor del palacio municipal y vigilantes para impedir el acceso a quienes no trabajen en el inmueble.

A todo esto, el presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Javier Zetina González, dijo que entregó información a la SCJN sobre la suspensión de la auditoría del Organo Superior de Fiscalización al ayuntamiento de Benito Juárez. El legislador dijo que con lo anterior se evitará cualquier acto que pudiera afectar el ayuntamiento.