Más de un tercio de los usuarios se niega a pagar el suministro de energía eléctrica

Revuelta contra CFE en Chiapas

En diciembre pasado, la paraestatal y el gobierno local signaron programa para resolver la situación

Se tiene que revisar tarifas y ver que los cobros parciales no resulten excesivos, sostiene diputado

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 7 de agosto. Al amparo del alzamiento zapatista de enero de 1994, decenas de miles de usuarios de energía eléctrica, sobre todo indígenas y campesinos, se declararon en resistencia de pago en gran parte de los 118 municipios de Chiapas, lo que ha convertido a esta región en un foco rojo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según fuentes oficiales, a principios de este año la cifra de deudores llegó a 306 mil, de un total de más de 800 mil usuarios en la entidad, es decir, más de un tercio, con una deuda de 230 millones de pesos, de los cuales a la fecha la paraestatal ha firmado convenios para recuperar 110 millones.

Para dirigentes sociales y políticos, la única forma de resolver el problema es que la CFE revise sus tarifas en la entidad, donde, según la compañía, se produce 14 por ciento de la energía hidroeléctrica de todo el país; del total de energía en México sólo 35 por ciento es hidroeléctrica.

Aunque en 1992 y 1993 había algún antecedente de la resistencia de pagos, fue hasta 1994, con la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuando se generalizó en cientos de comunidades indígenas y campesinas la decisión de no pagar el consumo de energía eléctrica, por considerar muy elevadas las tarifas.

Ante la falta de pago de miles usuarios, el gobierno condonó en 1996 la deuda, pero la resistencia continuó, lo que trajo como consecuencia cortes masivos en distintas comunidades.

En respuesta, los consumidores se organizaron para impedir la suspensión del servicio, y cada vez que empleados de la CFE trataban de cortar la energía eran retenidos, amarrados y encarcelados, lo que provocó que 533 usuarios fueran procesados, demandados o se les librara orden de aprehensión. Cuatro aún están en la cárcel.

A partir de 1999 el movimiento de resistencia se dividió en dos bloques: uno, formado principalmente por bases y simpatizantes zapatistas, en el norte, los Altos, la selva y la frontera de Chiapas en torno a las llamadas coordinadoras regionales de resistencia civil, que pretende seguir en resistencia hasta que se establezca una tarifa fija de entre cinco y 15 pesos bimestrales, se cumplan los acuerdos de San Andrés Larráinzar y se garantice la no privatización de la industria eléctrica.

El otro grupo, aglutinado en la Alianza Estatal de la Resistencia, ha optado por la vía jurídica, interponiendo amparos y denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sin que hasta el momento hayan obtenido algún beneficio. Este bloque, que cuenta con el apoyo y la asesoría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, plantea la posibilidad de interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En un intento por resolver el problema y dar una respuesta a los usuarios, a partir de mayo de 2001 se instaló una mesa de diálogo entre el gobierno estatal y la CFE. Como resultado, en diciembre pasado el gobierno estatal y la CFE firmaron el programa Tarifa justa, vida mejor, mediante el cual se pretende solucionar el problema. El acuerdo implica el pago de 50 por ciento de la deuda por parte de la autoridad estatal y el usuario moroso se compromete a liquidar el resto en 18 bimestres y a suspender la resistencia.

Miguel Angel Chávez Beizabal, representante del gobierno de Chiapas ante la CFE hasta mediados de julio, dice que más de 175 mil morosos habían firmado el convenio Tarifa justa, vida mejor, lo que permitirá recuperar 110 millones de pesos en los próximos 18 bimestres.

Para Emilio Zebadúa González, diputado federal perredista y ex secretario de Gobierno de Chiapas, dicho programa -que significa "el primer reconocimiento implícito de parte de la CFE de que tiene una deuda pendiente con Chiapas"- es "limitado, porque siguen siendo impagables las altas tarifas que se les cobran a muchas familias indígenas de Chiapas".

La solución, dijo, se tiene que buscar en la revisión de las tarifas, en la condonación de deudas y/o en políticas para la recuperación de los adeudos que "no estrangulen" el presupuesto de los ayuntamientos ni de los usuarios.

Daniel Luna, de la Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia de los Altos, coincidió en que el programa no solucionará el problema, antes bien "causará conflictos más graves porque lo están metiendo con engaños". Al firmar, agregó, los usuarios aceptan la deuda y se comprometen a pagar en 18 bimestres, pero si se atrasan pierden el 50 por ciento que les da el gobierno y les cortan la luz.

Yolanda Castro, de la misma coordinadora, afirmó que para hacer firmar el convenio Tarifa justa, vida mejor, el gobierno y la CFE "se han valido de muchas presiones, como exigir los recibos de luz pagados a los padres de los alumnos que desean inscribirse en centros educativos, presentar exámenes o solicitar actas de nacimiento, e incluso hay casos en que el Ejército Mexicano exige el recibo a quienes desean obtener la cartilla del servicio militar".

Ante la negativa de miles de familias de firmar el convenio, la CFE ha iniciado nuevamente los cortes de energía en muchas comunidades, pero ha encontrado resistencia, y muchas veces los empleados han sido agredidos.

Castro y Luna aseguraron que los empleados de la empresa "se hacen acompañar por presuntos policías vestidos con el uniforme de la CFE y llevan piedras en las camionetas para lanzarlas a la gente que se opone a los cortes, como ocurrió en Zinacantán y en Tumbalá. Tenemos casos de personas lesionadas por los supuestos empleados".

Esto fue negado por José Antonio Domínguez, superintendente de zona de la CFE, quien sostuvo que en los cortes participan únicamente empleados de la compañía, quienes, admitió, si son agredidos tienen que defenderse.

Advirtió que la CFE continuará con los cortes de energía a los usuarios que se niegan a pagar, hasta recuperar el adeudo de 130 millones de pesos.