| .. | | | México D.F. Lunes 2 de agosto de 2004 |
Cultura Cívica: limitaciones del nuevo
ordenamiento
 Ayer
domingo entró en vigor en esta ciudad la Ley de Cultura Cívica,
impulsada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
Marcelo Ebrard, la cual define nuevas infracciones contra la dignidad de
las personas, la tranquilidad, la seguridad ciudadana y el entorno urbano.
Entre las disposiciones del nuevo ordenamiento destacan las que apuntan
a sacar de las calles a los llamados franeleros, los limpiaparabrisas,
y todos aquellos que están en la vía pública ofreciendo
algún servicio "sin que sea solicitado", ejerciendo coacción
para recibir un pago por el mismo. En otras palabras, tienen en la mira
a todo un ejército de personas que han hallado en la vía
pública la forma de realizar una actividad por la que obtienen algún
ingreso que les permite subsistir.
Sin duda, esta proliferación de trabajadores ambulantes
ha provocado distorsiones en la convivencia ciudadana y dado lugar a abusos
que afectan principalmente a los automovilistas; sin embargo, debe reconocerse
que los franeleros, vendedores de toda clase de mercancías
en los semáforos, tragafuegos, payasitos, limpiaparabrisas,
personas que con coacción o sin ella reciben un pago por su "servicio",
que se disputan las calles y se adueñan de ellas imponiendo su ley,
están excluidos de las de por sí reducidas opciones de empleo
formal y conforman uno de los rostros de la pobreza urbana. Las fuentes
de ingreso que se han procurado obedecen a una necesidad de subsistencia
y son, pese a todo, una opción para no dedicarse a delinquir. En
ese sentido, limpiar la vía pública de quienes -según
la llamada ley Marcelo- alteran la tranquilidad ciudadana, no se
traducirá en la desaparición del problema, sino en su desplazamiento
hacia otro ámbito.
No debe perderse de vista que el paisaje urbano que conforman
estas personas no es exclusivo de la ciudad de México, sino que
se repite, con sus distintas variaciones, en las capitales latinoamericanas
y, en general, en los centros urbanos de los países en desarrollo.
Se trata de un problema social que difícilmente podrá combatirse
con el reforzamiento de leyes y con operativos policiacos, pues
tiene su origen en las distorsiones provocadas por un modelo económico
depredador y excluyente que, lejos de propiciar desarrollo, crecimiento
del empleo digno y bien remunerado, genera mayor pobreza y desequilibrios
sociales que inevitablemente derivan en problemas de conviviencia y, por
supuesto, en violencia.
La existencia de ese ejército de servidores y vendedores
ambulantes constituye una evidencia más de la urgencia de que se
revise y se rectifique el rumbo económico del país para dar
lugar a un sistema en el que haya oportunidades de empleo digno para todos
y, en consecuencia, mayor seguridad para la ciudadanía. Tal rectificación
permitiría avanzar por una vía más eficaz para el
combate a la delincuencia que la creación de nuevas leyes y la asignación
de recursos millonarios a las corporaciones policiales.
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