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Obituario   - NUEVO -

M U N D O
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México D.F. Domingo 1 de agosto de 2004

CIA, FBI y DEA, involucradas; cooptaron a policías y altos funcionarios brasileños

Enjuiciará Brasil a empresa de Estados Unidos por espiar a Lula y 2 ministros

Gobiernos anteriores y el presidente del banco central también habrían sido vigilados

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 31 de julio. La justicia brasileña abrirá un proceso contra la agencia de seguridad estadunidense Kroll Asociated, integrada tanto en ese país como en Argentina por ex miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) que mantienen relación con esa institución. El jefe de Inteligencia de Kroll es Frank Holder, quien trabajó en la CIA.

Brasilia confirmó así que agentes de Kroll espiaron a ministros del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, intervinieron sus comunicaciones y correos electrónicos y siguieron sus movimientos.

Las víctimas fueron los ministros de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu y Luis Gushiken, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Se cree que también fue vigilado el presidente del Banco de Brasil.

Entre marzo y junio pasados se denunció el espionaje en Brasil para obtener datos de altos funcionarios ligados al gobierno, por parte de la red de espías coordinados por agencias de inteligencia estadunidenses que vigilaban las actividades del presidente, lo cual originó una investigación a fondo del Ejecutivo que puso en alerta a toda la región.

El pasado 22 de julio el ex presidente de Paraguay Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) afirmó en una radiodifusora de su país que la embajada de Estados Unidos en Asunción tiene un red de espionaje entorno del actual mandatario paraguayo y de militares.

Aseveró que dicha sede diplomática tiene dos antenas: una que apunta a la casa presidencial y otra hacia el comando en jefe de las fuerzas armadas.

Wasmosy comentó que en 1998 la ex embajadora estadunidense Maura Harty (1997-99) se reunió con él para advertirle que no realizara el autogolpe que le propuso la cúpula castrense para prolongar su mandato. Según él, dicho planteamiento no pudo haber trascendido sin que fueran intervenidas sus comunicaciones.

La sede de la embajada estadunidense -que fue clave en la etapa de la dictadura de Alfredo Stroessner cuando fungía como enclave importante del espionaje y acciones de la CIA en todo el Cono Sur- se encuentra separada de la residencia presidencial sólo por una avenida.

En Brasil, a finales de mayo pasado el procurador general de la República, Luis Francisco de Souza, solicitó la conformación de una comisión para investigar si el gobierno de Estados Unidos seguía espiando -con participación de agentes brasileños- las actividades de Lula y de otros funcionarios del país. También gobiernos anteriores fueron vigilados.

Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado de la Cámara de Diputados, Souza sostuvo que un centenar de oficiales, agentes y técnicos de los servicios de información brasileños espiaban en Brasil bajo las órdenes de Washington.

El juez Walter Fanganiello Maierovitch, ex secretario en la lucha antidrogas (de finales de 1998 a marzo de 2000) en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, sostuvo que podía confirmar las denuncias sobre el sistema de espionaje de los servicios de inteligencia estadunidenses en Brasil.

El fue víctima de presiones por parte de agentes estadunidenses, quienes consideraron "como intromisión peligrosa" para los intereses de Estados Unidos en Brasil las constantes investigaciones del funcionario sobre la red.

Fanganiello logró comprobar las acciones ilegales de agentes de la CIA, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia antidrogas (DEA), instituciones activas en la región que, montadas en la lucha antiterrorista, pueden incursionar en diversas estructuras de manera ilegal.

El juez añadió que "la mayoría de esos operativos no respetaban las normas que aseguran la soberanía brasileña, porque los agentes no comunican a las autoridades ni lo que iban hacer ni lo que habían descubierto".

En ese tiempo, Fanganiello tuvo conocimiento de que fondos de la CIA o la DEA eran depositados ilegalmente en cuentas bancarias de altos funcionarios de la policía federal brasileña.

El pasado 13 de junio el semanario brasileño Veja denunció la posibilidad de que los espías habrían cooptado a dos agentes de la Agencia Brasileña de Inteligencia y a un importante funcionario de la Presidencia para que les facilitaran información clave.

Los espías tenían entre sus blancos al ministro de la Casa Civil, José Dirceu, lo cual generó otra investigación.

El pasado 20 de febrero dirigentes del Movimiento de los Sin Tierra y la Central Unica de Trabajadores (CUT) denunciaron acciones desestabilizadoras de la derecha de Brasil contra el gobierno, con el propósito de desplazar a Dirceu, argumentando hechos de corrupción de un antiguo colaborador de éste.

El hombre, Waldomiro Diniz, había negociado en 2002 sobornos con un empresario, todo "previsoramente" filmado con una cámara oculta o grabado, con la evidente finalidad de crear una atmósfera negativa a Dirceu, antiguo militante de izquierda y cercano a Lula.

El presidente de la CUT, Luizzi Marinho, denunció el hecho como "intento de la derecha para desestabilizar al gobierno", y sostuvo que Dirceu no tenía nada que ver en el escándalo.

El espionaje ha sido utilizado en América Latina -como parte de la guerra sucia y la guerra de baja intensidad- cuando Estados Unidos y sus socios locales intentan sacar del camino a algún político que se opone a sus planes.

Diniz declaró entonces que había sido citado por el empresario del juego Carlos Ramos (Carlinho Cachoeira) en un hotel para discutir con representantes de la multinacional Gtech la renovación de un contrato para operar las loterías de la Caja Económica Federal. Después de las denuncias sobre espionaje y con la detención por parte de la policía federal brasileña, el pasado 24 de julio, del portugués Tiago Verdial, de 30 años, de la agencia Kroll, está comprobado el espionaje a Dirceu.

Verdial admitió la utilización de medios ilegales para su misión, la "operación Tokio", nombre asignado por el origen japonés de Ghushiken. El gobierno de Lula hizo saber que la justicia procesará a la Kroll por espionaje contra funcionarios, y según el ministro de Comunicaciones esto significa una "flagrante falta de respeto a la Constitución". Calificó esas acciones de "ilegales, sórdidas y que responden a intereses no públicos".

Además de buscar información confidencial sobre ese ministro, también se denunció que había un marcado interés por investigar a la alcaldesa de Sao Paulo, Marta Suplicy. No es un dato menor si se considera que Sao Paulo es el principal centro financiero latinoamericano, ciudad industrial donde hay fuertes inversiones europeas y en la que Suplicy se postulará para un nuevo mandato en las elecciones del próximo 3 de octubre, en las que se elegirán alcaldes y concejales.

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