Falta mucho por hacer en el caso de las asesinadas en Juárez, indica Zalaquett

La investigación por la muerte de Digna Ochoa es susceptible de mejorías: CIDH

El presidente del organismo anuncia visita de seguimiento a la ciudad fronteriza

GEORGINA SALDIERNA, ANDREA BECERRIL Y ROSA ELVIRA VARGAS

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Zalaquett, consideró que en la investigación sobre la muerte de Digna Ochoa hay muchos aspectos que se pueden mejorar.

Si bien dijo que la CIDH no tiene una conclusión en torno a si la defensora de los derechos humanos murió por mano propia o ajena, ''sí sabemos que hay muchas mejorías que se pueden hacer en el proceso de investigación que se sigue en México''.

Al concluir su programa de actividades en el país -que comenzó el lunes y que incluyó una reunión con el presidente Vicente Fox, y encuentros con diversas organizaciones no gubernamentales, con titulares del Poder Judicial y con el secretario de la Defensa, Clemente Vega-, el titular de la CIDH también se refirió al asunto de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Al respecto manifestó que aunque se han registrado algunos progresos, la conclusión general es que el "vaso está más por llenar que lleno", es decir, queda mucho por hacer.

Sostuvo que la expresión ''feminicidio'' no es exagerada, aunque sea un neologismo que todavía no tiene el respaldo académico, y enseguida recordó que la comisión a su cargo ya emitió un informe al respecto. Agregó que durante su estancia en México recibió mayor información sobre el tema e indicó que se efectuará una visita de seguimiento a Ciudad Juárez en los próximos meses.

Zalaquett puntualizó que la CIDH trabaja actualmente en mil 100 casos provenientes de todo el continente; de ellos, 55 son de México. También refirió que en sus encuentros con las ONG, éstas le manifestaron todo tipo de preocupaciones. ''Esto no significa que consideren que el vaso está vacío ni tampoco, por supuesto, que está lleno, sino que marcan los puntos que están quedando por resolver, algunos de ellos importantes y otros menos'', explicó.

Acerca del diálogo que mantuvo con el presidente Vicente Fox, dijo que le manifestó estar interesado en un amplio rango de problemas concernientes a México; problemas del pasado que no han quedado atrás, y que si no son bien resueltos continúan gravitando sobre el presente y tienen la capacidad de hipotecar el futuro''.

Al respecto, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que afirma que durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo reiteró su compromiso de continuar impulsando la cooperación de México con los organismos y mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, así como su pleno respaldo a las labores que realiza la comisión interamericana. De la misma manera, manifestó que una de las prioridades de la actual administración es la protección de las garantías individuales.

Zalaquett agradeció las facilidades que le otorgó el gobierno federal para allegarse de información en materia de derechos humanos y elogió que México tenga avances y buenas prácticas, sobre todo en lo que se refiere al reconocimiento de las responsabilidades internacionales.

Proscripción relativa

En el Senado, donde se reunió con legisladores de todos los partidos, el presidente de la CIDH eludió manifestarse sobre la consignación del ex presidente Luis Echeverría y el ex secretario de Gobernación Mario Moya, ya que, dijo, el caso puede llegar hasta el organismo dependiente de la OEA.

Entrevistado luego de una reunión que sostuvo con senadores de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que hay un problema técnico-legal para precisar la fecha de prescripción del delito de genocidio, aunque esto lo deben definir fiscales y jueces encargados, de acuerdo con las reglas de cada país.

Señaló que hay normas internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los crímenes. Algunas de ellas datan de 1948 y se refieren a delitos de guerra y genocidio.

Aunado a ello, en 1998, al firmarse el estatuto de Roma, se establecieron reglas para la prescripción de todos los demás delitos contra la humanidad, entre los que se encuentran tortura y homicidio, siempre que sean parte de un ataque sistemático contra la población civil.