Vicepresidente de la CIDH reitera que los crímenes de lesa humanidad no caducan

El debate sobre Echeverría, centrado en si prescribió el delito de genocidio

Ardiente apoyo de priístas al ex presidente; vigente, el caso Amigos de Fox: Bartlett

Legisladores, la directiva nacional y todos los sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cerraron filas en torno del ex presidente Luis Echeverría -contra quien fue solicitada orden de aprehensión por genocidio- y anunciaron que asumirán la defensa jurídica, la cual se basará en demostrar que ese delito ya prescribió. Mientras, el ex ministro Juventino Castro y Castro descartó que se ponga en riesgo la estabilidad del país si se encarcela al ex jefe del Ejecutivo.

A su vez, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó de manera tajante que hayan prescrito los delitos por los cuales se acusa a Echeverría, a su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y otra docena de ex funcionarios involucrados en la matanza del jueves de Corpus en 1971.

Negó que exista intención política en las consignaciones. Es "una deuda histórica con los familiares de los cientos de desaparecidos en la guerra sucia que esperan justicia", agregó el Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador, mandatario del Distrito Federal, dijo que las solicitudes de captura hechas por Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, son una "maniobra espectacular" del gobierno del presidente Vicente Fox.

No obstante, puntualizó, no deja de ser necesario que se castigue a los responsables de actos de represión, para que éstos nunca se repitan en el país.

Aseguró que, en el fondo, el gobierno foxista no actúa con el objetivo de hacer justicia, sino "para ganar simpatía". Mi postura es la que comparten muchos mexicanos que siempre han pedido que se haga justicia, abundó.

Acción "inadmisible"

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Sadot Sánchez, confirmó que los priístas asumirán la defensa jurídica y política del ex presidente, pero dijo no tener duda que el delito de genocidio ya prescribió.

"Es un delito que se incorporó en la década de los 60 al Código Penal mexicano, con una pena de 20 a 40 años, por lo que la media aritmética para aplicar la prescripción es de 30 años, lo que significa que ya no se les puede procesar por ello", insistió el senador priísta.

Igualmente los senadores Humberto Roque Villanueva y Yolanda Eugenia González señalaron que los priístas cierran filas para la defensa jurídica de Echeverría, y advirtieron que es inadmisible que el gobierno foxista dedique más esfuerzos a su objetivo de sancionar a un ex presidente que a atender los reclamos de justicia de los mexicanos por los altos niveles de inseguridad en el país.

A su vez, el senador panista Diego Fernández de Cevallos coincidió en que el delito de genocidio ya prescribió. "Hay un principio constitucional incuestionable, en el sentido de que jamás se puede aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de persona alguna", subrayó.

En tanto, Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el proceso contra Echeverría apenas empieza, por lo que no se debe aceptar que un juez resuelva éste u otro asunto fuera de las disposiciones legales.

Se le preguntó si el delito de genocidio prescribió. Respondió que existen tres formas de "olvidar" ilícitos: por prescripción, amnistía y por indulto.

"Esos son los olvidos legales, ningún otro tiene razón o justificación, porque entonces se rompería la igualdad de la aplicación de la ley para todos los habitantes", concluyó.

Silencio de la Sedena

El secretario de la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Vega García, decidió guardar silencio en torno a la averiguación previa sobre los hechos del 10 de junio de 1971, en la cual se solicitaron órdenes de aprehensión contra los generales retirados Manuel Díaz Escobar y Raúl Mendiolea Cerecedo.

Por conducto del director general de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Efrén Martínez, dijo que "ahora no" hablará del tema, sino "después".

La respuesta del titular de la Sedena fue dada a conocer durante la ceremonia de graduación de alumnos de la Escuela Superior de Guerra, en la cual Vega García estuvo acompañado por el secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González.

En tanto, 15 ex guerrilleros harán un llamado al Ejecutivo federal para que indulte a algunos de los responsables de la guerra sucia.

Firman el documento, que se dará a conocer en los próximos días, ex guerrilleros del Partido de los Pobres, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y de la Liga Comunista 23 de Septiembre, algunos de ellos aún en la clandestinidad porque no fueron beneficiados con la amnistía de 1976.

El anuncio fue hecho en Acapulco, Guerrero, por Genaro Vázquez Solís -alcalde perredista de San Luis Acatlán, municipio ubicado en la Costa Chica-, hijo del extinto guerrillero Genaro Vázquez Rojas, asesinado el 2 de febrero de 1972.

Contra lo afirmado por dirigentes del tricolor, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Clare K. Robert, aseguró que los delitos de lesa humanidad no prescriben, según el derecho internacional.

Al concluir una reunión entre representantes de la CIDH y la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el vicepresidente del órgano defensor de derechos humanos respondió lacónico a la pregunta en torno a la posibilidad de que prescriban los delitos de lesa humanidad: "en este momento no, normalmente no prescriben estos delitos. Me imagino que este es uno de los temas que se están debatiendo actualmente en México".

Por su parte, Arturo Alvarado, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, afirmó que la consignación de Echeverría es un paso necesario para construir un nuevo orden jurídico y un sistema de justicia que garantice el respeto a los derechos individuales y sancione a los funcionarios responsables de acciones criminales perpetradas por el Estado.

Alvarado, especialista en seguridad pública, justicia y derecho, agregó que lo importante es que se juzgue y, en su caso, que se condene a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos y "asesinaron a ciudadanos con las armas del Estado".

Mientras, Adolfo Aguilar Zinser, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex embajador del país ante Naciones Unidas, aseveró que Fox erró el camino al no aceptar la creación de una comisión de la verdad que consignara a los presuntos responsables por los casos de la guerra sucia, por lo que el caso no prosperará.

Añadió que cuando Fox fue candidato a la Presidencia se comprometió a instaurarr una comisión de la verdad con representantes de organizaciones civiles para que investigaran sobre este caso.

Incluso ya siendo presidente electo refrendó su compromiso de establecer dicha comisión y designó a Aguilar Zinser para su creación.

Sin embargo, agregó el ex embajador, cuando "presenté el proyecto, Fox cambió de opinión" porque "no quería asumir los riesgos de lo que representaba que un sector de la sociedad civil hiciera la investigación".

Priístas al ataque

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Leonardo Rodríguez Alcaine, consideró "una cosa injusta" que se pretenda llevar a prisión a Echeverría, pues, dijo, gracias a él y al también ex mandatario Gustavo Díaz Ordaz "se terminó con la guerrilla, que mató a mucha gente, a muchos soldados, y ellos tuvieron los pantalones para detener eso, para el futuro que estamos viviendo".

Descartó que el proceso contra Echeverría y otros personajes priístas sea para desprestigiar al tricolor.

Por su parte, el senador priísta Manuel Bartlett Díaz aseguró que no procederán las órdenes de aprehensión contra el ex presidente y el ex secretario de Gobernación porque, aseguró, se trata de un asunto que está totalmente prescrito, y así "lo va a tener que decidir el juez" de la causa.

"Pero la que no está prescrita es la sentencia del tribunal federal electoral que señaló a todos los Amigos de Fox, entre ellos al secretario de Relaciones Exteriores (Luis Ernesto Derbez) y a todos los que rodean al ahora presidente de la República, Vicente Fox Quesada, por haber organizado una mafia para lavar dinero", que utilizaron en la campaña presidencial.

Asimismo, el priísta Manlio Fabio Beltrones fue más agresivo en sus declaraciones, al calificar de "electorero y no justiciero" al gobierno foxista, que "lastima el estado de derecho". En conferencia de prensa, manifestó que "una acción de esa naturaleza no está concebida en plena legalidad"; por tanto, "siento que el PRI deberá procurar llegar a acuerdos para la defensa del ex presidente".