Involucraría a Yunes Linares; tiene diferencias con Alemán

Reabren en Veracruz caso de dos campesinos asesinados tras un desalojo

GUADALUPE LOPEZ CORRESPONSAL

Jalapa, Ver., 27 de mayo. Nohemí Quirasco Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó que mantiene abierta la recomendación 62/94, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por la tortura y asesinato de dos indígenas del municipio de Ixhuatlán de Madero, ocurridos durante el sexenio de Patricio Chirinos Calero, en los que estaría involucrado el diputado federal Miguel Angel Yunes Linares, entonces secretario general de Gobierno.

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino en el caso en atención a la queja presentada por organismos nacionales defensores de derechos humanos. En febrero de 1998, cuando todavía gobernaba Chirinos Calero, la CIDH emitió una recomendación a México para que se investigara a fondo sobre ese asunto y se castigara a los responsables, así como se indemnizara a los familiares de los campesinos indígenas Rolando y Atanacio Hernández Hernández.

Los asesinatos se perpetraron durante un desalojo de tierras hace 10 años en la comunidad Plan del Encinal, municipio de Ixhuatlán de Madero, y que ahora "revive" Miguel Alemán Velasco por la pugna que sostiene con el diputado federal priísta.

El anunció de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue visto así porque hasta antes de ocupar dicho puesto fue secretaria general de gobierno con Alemán y nunca se ocupó del caso, pese a que no ignoraba la existencia de la recomendación de la CIDH.

Pero además, la ex funcionaria del gabinete alemanista sorprendió a la prensa con un anuncio.

Informó que desde enero de 2002 se nombró un fiscal especial para ese caso, y que se trata de Reyes Osorio Cruz, quien "ahondará de manera seria, imparcial y efectiva en la investigación de los hechos contenidos en la causa penal número 317/995 del índice del juzgado primero de primera instancia del distrito judicial de Tuxpan".

La funcionaria entregó una fotocopia de dicho nombramiento aparecido en laGaceta Oficial del gobierno del estado del 29 de enero de 2002.

.El 8 de septiembre de 1994 unos 80 policías de Seguridad Pública del Estado y municipales desalojaron del predio Las Tejas, de la comunidad Plan del Encinal, a un grupo de hombres y mujeres indígenas que se habían posesionado del mismo en un intento por recuperar las tierras de las que habían sido despojados, indicaron en su momento.

Durante la expulsión resultaron heridos de bala los indígenas Rolando y Atanacio Hernández Hernández, a quienes la policía se llevó amarrados, y días después sus cuerpos fueron encontrados mutilados y torturados en el río El Chiflón de la comunidad de Cantollano.

En la queja presentada por el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas a la CEDH, se hace mención que en la fecha señalada, a las 7 de la mañana, la comunidad fue rodeada por efectivos de las corporaciones policiacas, dirigidas por José Domingo Martínez Riveroll.

Ello consta en la recomendación 62/94, dirigida al procurador de Justicia Rodolfo Duarte Rivas por a entonces presidenta de la CEDH, Margarita Herrera Ortiz. También se establece que en el desalojo participaron pistoleros pagados por Tranquilino Hernández Reyna, dueño del rancho Las Tejas y cacique de la región. Los hechos fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de octubre de 1995 por el agente municipal de Plan del Encinal, Darío Arteaga Pérez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional.

Los representantes de dichos organismos señalan que los cuerpos de Rolando y Atanacio aparecieron flotando "con claras huellas de tortura".