Tras el término de la reunión conjunta del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), realizada el pasado fin de semana en Washington, se podría concluir que aunque los grandes organismos financieros del orbe -aquellos que han dictado la política económica de México, prácticamente toda América Latina y gran parte del resto del mundo durante, al menos, los recientes 20 años- han realizado reconocimientos sobre la necesidad de ajustar las políticas públicas de las naciones para hacer énfasis en el gasto social, en el combate a la pobreza y a la enfermedad y en el desarrollo de las infraestructuras, en la práctica tales organismos sólo ofrecen a la humanidad más de lo mismo.

Así, su actual preocupación por paliar algunos de los efectos negativos del neoliberalismo parece, más que un verdadero compromiso de cambio, una suerte de maquillaje retórico orientado a preservar su preminencia, a desactivar eventuales estallidos de malestar ciudadano en naciones sujetas a sus recetas y a arrogarse un perfil social que revierta en lo posible la desconfianza que suscitan entre las sociedades tales instituciones y los gobiernos que siguen sus designios.

Tal circunstancia puede constatarse, por ejemplo, en lo relativo a la efectiva democratización de la gestión del BM y del FMI y en la reducción sustancial de la deuda que agobia a los países en vías de desarrollo. En el primero de los casos no se obtuvieron en la reunión finalizada ayer pasos decisivos para permitir que las naciones del tercer mundo tengan participación realmente relevante en las determinaciones de esos organismos financieros multilaterales.

Por el contrario, el BM y el FMI siguen bajo el control de las grandes potencias económicas, sobre todo Estados Unidos, y de un puñado de funcionarios de elite fieles al dogmatismo neoliberal. Por otra parte, si bien en el citado encuentro se hizo reiterada mención de la conveniencia de aumentar el gasto social, no se tomaron medidas para reducir el monto y el costo del endeudamiento externo de naciones pobres, factores que frenan cualquier esfuerzo de desarrollo integral. Mientras los recursos de los pueblos sean devorados por el pago de sus deudas foráneas, muy poco será lo que se canalice a la atención de sus acuciantes necesidades sociales.

Inclusive, una recomendación en principio promisoria, como la vinculada a la reducción de los costos por el envío de remesas desde las naciones ricas a los países en desarrollo, parece mucho más una suerte de paliativo que una medida comprometida con el bienestar de los pobres de la tierra: puesto que sus países se encuentran sumidos en la crisis y sus economías se encuentran severamente restringidas en materia de gasto social, incrementar los montos netos de las remesas mediante una baja en las comisiones que se pagan por sus envíos podría prevenir, desde la óptica del gran capital y al menos temporalmente, que el creciente malestar ciudadano se convierta en estallidos sociales, como ya sucedió en Argentina, o que la conciencia democrática de los pueblos lleve al gobierno de sus naciones a fuerzas políticas contrarias al neoliberalismo depredador.

Por último, las previsiones auspiciosas formuladas por el BM y el FMI -como las que anuncian un crecimiento importante del PIB mundial y la posible recuperación del dinamismo de la economía estadunidense- se contradicen con la realidad que sus eventuales efectos benéficos se limitarán a las grandes corporaciones trasnacionales y a las capas más favorecidas de la población mundial. Para millones de seres humanos que sufren pobreza y desesperanza, la vida diaria sigue igual: falta de empleo y de vivienda digna, padecimientos por enfermedades prevenibles, insuficiencia de los servicios públicos más elementales, educación limitada en cobertura y deficiente en calidad, así como carencia de oportunidades de mejoría y desarrollo.

En este contexto, se requiere mucho más que los buenos deseos y los golpes de pecho del BM y el FMI para remediar la crisis que lacera, desde hace décadas, a gran parte del orbe. Hoy es claro que sólo con una modificación sustancial del modelo económico neoliberal para sustituirlo por otro que privilegie a las mayorías, no únicamente a los grandes capitales depredadores, será posible ofrecer a la humanidad un mundo más justo y un desarrollo verdaderamente incluyente.