Con la Ley de Seguridad Nacional el Legislativo conocerá las tareas de inteligencia

Aprueba el Senado marco jurídico para el Cisen

ANDREA BECERRIL

En lo que constituye un hecho inédito, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tendrá un marco jurídico, será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y el Poder Legislativo podrá solicitarle información en torno a sus actividades, resaltaron en tribuna senadores de PRI y PRD, luego de la aprobación de la ley encaminada a salvaguardar la soberanía e independencia del país y la defensa del territorio frente al terrorismo y la delincuencia organizada.

Se trata de la nueva Ley de Seguridad Nacional que el Senado aprobó con los votos de PRI, PAN y Verde Ecologista, toda vez que el PRD votó en contra por considerar que la legislación deja fuera la regulación de la inteligencia militar. Incluso el perredista Rutilio Escandón propuso una moción suspensiva, pero fue rechazada y el ordenamiento se aprobó con 68 votos en favor, 12 en contra y dos abstenciones.

Uno de los autores de la iniciativa, el senador del PRI Antonio García Torres, destacó que la ley es perfectible, pero lo fundamental es contar con un marco jurídico que sustente el actuar del Estado en materia de seguridad nacional.

La ley faculta al Senado para conocer la agenda nacional de riesgos y los programas anuales en la materia.

Sobre el tema, la senadora del PVEM Sara Isabel Castellanos señaló que frente al descrédito de la política en que ha incurrido el gobierno foxista, es de gran trascendencia la Ley de Seguridad Nacional, para impedir que las tareas de inteligencia se sigan desvirtuando.

El Cisen y los demás órganos de inteligencia se han puesto ''al servicio de funcionarios públicos, que lejos de buscar la salvaguarda de los intereses generales pretenden alcanzar sus metas personales, situación que irá empeorando en la medida que se acerque el 2006", indicó.

Derogada, la pena de muerte

Durante la sesión se reformó el Código de Justicia Militar, para derogar de él la pena de muerte. Esta se sustituye por prisión de 30 a 60 años. El general con licencia Ramón Mota dijo que el derogar la pena máxima de la legislación secundaria coadyuva a que impere una cultura en pro del derecho a la vida.