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México D.F. Viernes 16 de abril de 2004

La documentación dada a conocer sobre el caso Ponce es confidencial, advierte

Inicia PGR averiguación previa que involucra al jefe del GDF y a Bátiz

La fracción 18 del artículo 225 del Código Penal Federal establece que se castigará a quien dé a conocer información que obre en una averiguación previa, dice la dependencia

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa ''contra quien resulte responsable'' por delitos ''en contra de la administración de justicia'', en la que se verán involucrados el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el procurador de justicia capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez.

A través del director de comunicación social de la PGR, José Luis López Atienzo, la dependencia que encabeza Rafael Macedo de la Concha afirmó que la documentación dada a conocer por López Obrador respecto de una investigación por lavado de dinero en contra del ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, obra dentro de una averiguación previa y ''tiene el carácter de confidencial''.

Delito de servidores públicos contra la administración de justicia

Por esa razón, expuso el vocero de la procuraduría, ''su violación constituye un delito cometido por servidores públicos en contra de la administración de justicia'', e informó que el agente del Ministerio Público encargado de esa indagatoria presentó la denuncia correspondiente ''en contra de quien resulte responsable''.

En este caso, según López Obrador, la información se la proporcionó el procurador de Justicia capitalino, Bernardo Bátiz, y de acuerdo con información de la PGR, el delito por el que se inició la averiguación previa corresponde al artículo 225 del Código Penal Federal, que establece los ilícitos cometidos por servidores públicos, y que en su fracción 18 señala que se castigará a quien dé a conocer ''a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa''.

De acuerdo con la opinión del litigante José Luis Nassar Daw, el delito no es tipificado como grave, pero quien podría ser señalado como responsable directo del ilícito sería Bátiz Vázquez, aunque López Obrador podría ser considerado copartícipe y ambos, en caso de ser acusados penalmente, alcanzarían una pena que podría ir de 4 a 10 años de prisión, e inhabilitados para ocupar cargos públicos en un lapso de entre 3 y 10 años.

A diferencia de otras ocasiones en que la Procuraduría General de la República ha dado respuesta a los señalamientos de López Obrador con apariciones públicas de subprocuradores o del mismo Macedo de la Concha, esta vez el encargado de exponer la posición de la dependencia fue José Luis López Atienzo, ex empleado de la Presidencia de la República.

En la conferencia de prensa, el vocero de la PGR calificó de "absolutamente falso'' que la dependencia esté protegiendo o mantenga detenido en secreto a Ponce Meléndez, y rechazó que ''haya tenido conocimiento de las actividades presuntamente ilícitas'' de éste antes de la difusión del video en el cual se le observa jugando en el casino del hotel Bellagio, el pasado primero de marzo.

Invitación ''respetuosa'' a que se presenten pruebas

La Procuraduría General de la República, expresó, invita ''respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador'', para que presente las pruebas que demuestren que la PGR haya detenido ilegalmente o mantenga oculto a Gustavo Ponce Meléndez.

Según López Atienzo, el jefe de Gobierno capitalino buscó ''inducir a la opinión pública'' para que se considerara que la PGR haya detenido a Ponce de manera ilegal y lo mantenga oculto o ''se pretenda atentar contra su vida'', además de que las afirmaciones de López Obrador ''tienen como fin poner en entredicho la actuación, prestigio y credibilidad de la procuraduría''.

Por ello, explicó el vocero de la dependencia, ''se ordenó el inicio de una averiguación previa para deslindar responsabilidades, por lo que se invita respetuosamente al jefe de Gobierno para que presente las pruebas con las que sustenta sus aseveraciones''.

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