La pobreza en el campo se agudizó por el abandono oficial, no por el acuerdo, señalan

Es innecesario renegociar el TLCAN: expertos convocados por el gobierno

Demandan una política de Estado para el agro; es asunto de seguridad nacional, afirman

MATILDE PEREZ Y MIRIAM POSADA

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el agro mexicano aumentó la pobreza alimentaria y patrimonial, así como la concentración de la riqueza; sin embargo, el acuerdo no ha sido el factor determinante en esa situación, por lo cual es innecesaria la renegociación de su capítulo agropecuario, concluyeron los autores del estudio Evaluación integral de los impactos e instrumentación del tratado.

Convocados por la Secretaría de Economía tres meses después de la fecha comprometida para su presentación, tras la renuncia de Armando Paredes Arroyo a la presidencia de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Comercio del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, y en ausencia de los representantes de las organizaciones campesinas, los coordinadores del estudio, José Romero y Alicia Puyana, concluyeron que la agudización de la pobreza rural tiene su raíz en el abandono de la inversión gubernamental en infraestructura y la carencia de una política de Estado para que la sociedad comprenda que el sector agropecuario es asunto de seguridad nacional.

Aún hay prácticas "que discriminan y han empobrecido" a la mayoría de los campesinos, porque las políticas públicas no se han desarrollado con la magnitud ni la intensidad suficiente, debido a que si bien el sector agropecuario aporta 6 por ciento del producto interno bruto (PIB), sólo se le regresa en inversión un máximo de uno por ciento.

Los coordinadores del estudio precisaron que otros factores que han contribuido en dicha situación son la crisis económica de 1995, la depreciación del peso y su posterior sobrevaluación, la carencia de crédito para el sector, las deficiencias en los sistemas de apoyo implementados por el gobierno federal, la inestabilidad y tendencia a la baja de los precios de los productos agrícolas y las políticas distorsionantes de los socios comerciales en materia de subsidios a la agricultura, sobre todo en productividad, lo que propicia sobreoferta y baja de precios.

"Se requiere de una reingeniería social y política, así como dedicar una inversión cinco veces mayor a la actual, de manera continua, para lograr por lo menos el equilibrio que se ha perdido en la relación PIB-inversión en el agro", aseguraron.

Romero, investigador del Colegio de México, y Puyana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), propusieron una estrategia de aglutinamiento de las parcelas menores a cinco hectáreas en unidades eficientes y rentables, sin que ello implique el cambio en la titularidad de la tierra, modelo ya aplicado por los países desarrollados en años pasados, que rompió con el paradigma de que la superficies extensas son las más rentables.

Rechazaron que su evaluación y propuestas se basen en información conocida antes de la firma del TLCAN. "Proponemos cosas bastante novedosas, que requieren de una reingeniería social y económica; lo que falta es voluntad política de la sociedad en torno al futuro del campo, pues ha sido refugio de pobreza y sujeto de pocos cambios, ya que se le ha supeditado a otros sectores; no es por falta de dinero que se le ha desatendido."

Beneficios globales

Se manifestaron en contra de la renegociación o revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, porque éste ha dejado beneficios globales, aunque se han concentrado en un pequeño número de agricultores -particularmente productores de frutas y hortalizas- y paralelamente las políticas públicas no se han desarrollado con la magnitud esperada. La política de Estado, expresaron, tendría que estar enfocada a atender de manera directa la producción de granos y oleaginosas para integrarlos al mercado, esto es, focalizar las políticas sin dejar de lado el tratado.

La economía campesina es viable a pesar de la baja de los precios internacionales, ya que en años pasados los rendimientos por hectárea aumentaron incluso en granos básicos, afirmaron. No obstante, insistieron, se requiere una estrategia adecuada, y a manera de ejemplo señalaron el caso de Chile.

En 1994 el valor agrícola de México y el del país sudamericano eran iguales, pero en 2000 en Chile era del doble. Así, apremiaron al gobierno a dar dinamismo al sector agropecuario para enfrentar retos y oportunidades de la apertura de mercados, emplear a cientos de mexicanos, retener a los habitantes del campo y reducir la presión demográfica en las zonas urbanas.

Enfatizaron que aun cuando se consiguiera que Estados Unidos y otras naciones desarrolladas redujeran los millonarios subsidios agrícolas, no sería suficiente para que el campo mexicano fuera competitivo en los mercados nacional e internacional, sino que urge modificar la política interna.

"Las políticas públicas no se desarrollaron ni con la magnitud ni con la cobertura requeridas para enfrentar la competencia externa, elevando la productividad y la competitividad", añadieron; incluso, señalaron, antes de la firma del TLCAN se sabía que el campo mexicano sería sometido a niveles de competitividad que no podría enfrentar.

"Se deben aplicar políticas para elevar la productividad de todas las actividades agropecuarias y para detener el retroceso prematuro del sector como fuente del PIB, factor que explica la baja productividad sectorial."

La propuesta general, apuntaron, consiste en una política cambiaria adecuada, mayor inversión pública en el sector y programas que no estén encaminados a combatir la pobreza, sino que consideren a todos los agricultores como actores económicos competitivos.

Detallaron que el documento consta de más de mil cuartillas, que se editarán en ocho tomos. Lo que ayer se presentó fue sólo el resumen ejecutivo sobre el cual las secretarías de Economía y de Agricultura no fijaron su postura.