El director del Centro de Estudios Norteamericanos de la America University, en Washington, Robert A. Pastor, habló ayer en Monterrey sobre la disposición del presidente del PRI, Roberto Madrazo, de permitir modificaciones constitucionales que abran la puerta a la inversión extranjera en petróleo, gas y generación de electricidad.

En el encuentro titulado Hacia una seguridad energética norteamericana, organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el Tecnológico de Monterrey y el Foro sobre la Integración Norteamericana (Fina), en el que habló Pastor, la consultora Lourdes Melgar, ex directora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía, se refirió a que es inevitable una sociedad en materia energética entre México y sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y afirmó que "sin recursos económicos para el sector energético no va a haber estabilidad ni crecimiento", en referencia a la supuesta necesidad de abrir ese sector a las inversiones privadas procedentes del extranjero.

Los señalamientos referidos, y otros que se realizaron en el encuentro regiomontano, confirman la intensificación de las presiones estadunidenses para inducir la apertura del sector energético mexicano, no con el propósito central de colocar inversiones, sino con el designio de controlar los recursos naturales de nuestro país para procurarse una reserva energética segura, barata y cercana.

Un análisis realizado por los departamentos de Energía y de Estado de Estados Unidos, de cuya difusión se da cuenta en estas páginas, señala el renovado interés de ese país por los recursos energéticos de México, cuyas reservas de gas natural podrían elevarse de 28 mil a 147 mil millones de pies cúbicos, a condición de que en su extracción se utilice tecnología de punta que requiere, a su vez, de fuertes inversiones.

A lo que puede verse, la ofensiva contra la soberanía de los recursos naturales mexicanos se recrudece día tras día, tanto en los ámbitos políticos y académicos del país vecino como en los exponentes nacionales de una modernización neoliberal que empezó en el sexenio de Miguel de la Madrid, que fue profundizada en los de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo y continúa en el gobierno de Vicente Fox con el respaldo, a veces vergonzante, de buena parte de la cúpula priísta.

La circunstancia actual resulta especialmente peligrosa para la sobrevivencia de la industria energética nacional y pública si se considera que el PRD, única fuerza política significativa -además de algunos sectores priístas un tanto marginados- que podría ofrecer cierta resistencia a los designios privatizadores y de entrega de los recursos naturales al extranjero, se encuentra sumido en escándalos de corrupción, en una espiral de canibalismo interno y en una crisis de identidad de perspectivas inciertas.

En tal situación, los sectores mayoritarios de la sociedad, con o sin los exponentes nacionalistas de la clase política, deben renovar su determinación de defender la electricidad y el petróleo de la nación de la voracidad estadunidense y de los "reformadores" que detentan el poder. El petróleo, el gas natural y la infraestructura energética no sólo son propiedad de los mexicanos contemporáneos, sino también de las generaciones venideras. Permitir la destrucción de la propiedad pública y nacional de esos recursos equivaldría a dilapidar el patrimonio de los mexicanos del futuro.