Editorial
Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Educación Pública se niega a asumir el problema de los embarazos adolescentes en las escuelas de educación básica. A pesar de contar con presupuesto asignado desde hace tres años por el Congreso de la Unión, las autoridades de Educación no han desarrollado un programa de prevención de embarazos y apoyo a estudiantes embarazadas para evitar que interrumpan sus estudios. No se trata tan sólo de una actitud negligente por parte de las autoridades educativas, sino de su rechazo a asumir una responsabilidad que las obligaría a ir más a fondo en el terreno de la educación sexual. ¿O de qué otra forma interpretar ese rezago en el diseño de un programa específico?
Una situación similar la viven las niñas que han sido expulsadas de sus escuelas por ser VIH positivas. Los medios reportan tres casos en las últimas semanas. Gracias a los tratamientos desarrollados, las niñas y los niños que nacieron con el virus viven ahora muchos más años, y pueden, por ello, continuar con su vida normal. Por esa razón están ingresando a las escuelas como cualquier niño o niña. Sin embargo, la SEP no cuenta tampoco, como en el caso de las adolescentes embarazadas, con una política de apoyo que les permita integrarse sin conflictos.
Esta falta de atención revela que para la SEP la presencia de una adolescente embarazada o una niña con VIH/sida en las escuelas son elementos altamente perturbadores que, a falta de mejores opciones, deben abandonar la escuela. Con esa actitud las autoridades educativas no hacen mas que reforzar los estigmas que pesan sobre ambas situaciones y contribuyen a la desprotección de las afectadas. Es tiempo ya que la SEP asuma su plena responsabilidad en el terreno de la salud sexual y reproductiva y de la prevención del VIH/sida, y deje de argumentar supuestos problemas de competencia institucional para justificar su falta de acciones.