OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA EDUCACION

Comunicado No. 117

Dilemas de la participación social

No hay mecanismos concretos ni definiciones

Sin acomodo, aportaciones de la sociedad civil

OBSERVATORIO CIUDADANO de la Educación (OCE) tiene la finalidad, entre otras, de establecer mecanismos que propicien la participación de los ciudadanos en favor de la educación sobre la base de principios democráticos. Particularmente interesados en esta cuestión, la presente entrega da cuenta de los resultados de un simposio que organizó OCE en noviembre pasado en el seno del séptimo Congreso Nacional de Investigación Educativa, donde algunos especialistas y amplio público debatieron sobre las disyuntivas que enfrenta la participación social: ¿En qué consiste? ¿Quiénes han sido sus actores principales? ¿Cuáles son los dilemas que abre a la contribución de grupos organizados en las decisiones de política educativa?

LA PARTICIPACION SOCIAL como reforma. Entre las políticas de reforma impulsadas con la modernización de la educación a partir de 1989, la participación social alcanzó prioridad equivalente a la federalización, a los cambios en los planes, programas de estudio y libros de texto, y a la revaloración social del magisterio. Aparece como una de las políticas firmadas en mayo de 1992 en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), mientras que en la Ley General de Educación ocupa el capítulo VII, en donde se incluye la creación de consejos de participación social a escala de escuela, municipio, estado y na-cional (véase Comunicado 1, 20/1/1999).

A 12 AÑOS DE DISTANCIA la participación social sigue siendo un punto abierto al debate que requiere mecanismos adecuados y, en particular, definiciones básicas. La participación en la educación, ampliada ahora a muy diversos sectores de la sociedad, en un país caracterizado por el monopolio del gobierno federal en el diseño, conducción, operación y evaluación de la educación nacional, específicamente de la educación básica, da origen a diversos dilemas, cuya revisión desde los enfoques de la investigación y la participación democrática quedó de manifiesto en este simposio. Dos grandes dilemas orientaron la discusión.

DILEMA 1. La participación de grupos con diferentes grados de poder tanto económico como ideológico, ¿abre las puertas a la privatización de la educación nacional? ¿Propicia que los intereses particulares predominen sobre los intereses nacionales? ¿A quién rinden cuentas los nuevos grupos que participan en educación? ¿En qué consiste la directividad del Estado y del interés público ante los múltiples grupos sociales interesados? ¿Cómo se entiende el interés de grupos religiosos o grupos indígenas por impulsar sus propios objetivos en el ámbito de la escuela pública?

DILEMA 2. ¿Se requiere formación especializada para participar en educación? ¿Hasta qué punto los conocimientos especializados se imponen sobre los saberes tácitos? ¿En qué se afecta la autoridad académica de los docentes frente a las opiniones o presiones de los padres de familia? ¿Cómo conciliar la "libertad de enseñanza", la lógica del interés público en la formación de las nuevas generaciones y las expectativas -culturales, religiosas- de padres de familia o grupos de interés de la sociedad inmediata a la escuela? ¿Cuál es la relación que existe entre la tradición política de un país y la propuesta de participación, en un ámbito reservado casi en exclusividad al Estado a lo largo del siglo XX?

UN PRIMER ASUNTO de debate en el simposio fue la definición misma de participación social en educación. Se partió de una definición básica: la participación social sería "la injerencia de los sujetos interesados en las decisiones que les atañen". De ahí se derivaban varias preguntas: ¿quiénes son los "sujetos interesados"?, ¿cuáles son las "decisiones que les atañen"?, y ¿en qué consiste y hasta dónde llega la "injerencia" de esos sujetos en esas decisiones?

EL DEBATE SOBRE LOS "SUJETOS interesados" se configuró a partir de un panorama histórico. La escuela pública del siglo XX se fue construyendo mediante la expulsión de diversos actores que habían participado en ella a lo largo del siglo XIX y principios del XX, y por medio de la constitución de nuevos actores: se expulsa de las decisiones a maestros empíricos, a padres de familia, iglesias, empresarios, partidos políticos, gobiernos municipales y estatales, y queda al frente de ellas el gobierno federal, por conducto fundamentalmente de la Secretaría de Educación Pública y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo que se hizo con el fin de asegurar la laicidad, la gratuidad y la educación de calidad para todos, ante los caciquismos y monopolios de esos viejos actores.

A PARTIR DE LOS AÑOS 90, muchos de los actores previamente expulsados empiezan a tener una participación no sólo legítima, sino legal en ciertas decisiones educativas, garantizada por la Ley General de Educación mediante la figura de los Consejos de Participación Social (artículos 68 al 73). Conviene también resaltar el surgimiento de nuevos actores: las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones ciudadanas, que no constituyen asociaciones u organizaciones privadas ni defienden intereses sectoriales o de grupo, y que, como el OCE, empiezan a responsabilizarse por el impulso de lo público no gubernamental y en particular por la exigencia de cuentas a los poderes gubernamentales.

PARTICIPACION EN LAS DECISIONES. No es fácil delimitar cuáles son las decisiones que atañen a los diferentes sujetos. En tanto bien público, todo lo educativo involucra a todos los ciudadanos; sin embargo, fue posible llegar a la conclusión de las diferentes escalas o niveles de las decisiones que interesan a los diferentes actores. Por un lado, las investigaciones recientes sobre el tema permiten percibir los grandes esfuerzos de los padres de familia por tener injerencia en decisiones "de aula"; por otro, los intentos de participar en decisiones curriculares y de gestión de las instituciones, algunas ya previstas en su configuración escolar misma, como puede ser la participación que han logrado los "empresarios" en diferentes instituciones de educación media y superior, otras con base en presiones de diferente naturaleza, tales como los intentos de participación en la asignación de los presupuestos mediante diferentes tipos de manifestaciones frente al Congreso de la Unión. Sorprende el enorme peso que ha tenido, tanto en la investigación como en el debate mismo, el asunto de la participación restringido al análisis de los intereses de los padres de familia por conocer mejor la naturaleza del proceso educativo en el que están insertos sus hijos y los resultados directos de las evaluaciones nacionales sobre el desempeño comparable de escuelas al respecto.

UNO DE LOS TEMAS más interesantes que surgieron en el simposio fue el de las maneras en que se lleva a cabo la participación. De ahí que los dos dilemas propuestos a la discusión se relacionen estrechamente entre sí. La participación social se da como parte de una reforma política, conforme a la cual el gobierno, en coincidencia con lo que sucede en otros países, la convoca, pero también se va construyendo como resultado de una exigencia de la sociedad. Es posible observar ejemplos sobre los dos tipos de génesis: la propuesta de creación de los consejos de participación social anticipada por el gobierno federal en el ANMEB y, en el extremo opuesto, las exigencias de autonomía de ciertos grupos indígenas para decidir sobre su educación.

¿QUE TAN ORGANIZADA y estructurada debe ser la participación social? ¿Podemos aceptar -como insistía uno de los ponentes- que cualquier resistencia u oposición a una propuesta educativa, incluyendo la de los alumnos que no quieren aprender algún tema, se defina como "participación"? El consenso fue más bien que el concepto requiere que los grupos interesados tengan un mínimo de estructuración y de reglas, sobre las cuales poco se ha reflexionado, ya que en realidad las grandes decisiones educativas siguen siendo facultad exclusiva de los actores tradicionales y no hay claridad sobre el destino que pueden correr muchas de las aportaciones de los grupos de la sociedad civil.

¿QUE TAN CALIFICADA DEBE ser la participación? El consenso fue que la participación requiere formación e información no sólo sobre los asuntos ante los que le interese tener injerencia, que pueden ser de alta complejidad técnica, sino también sobre la propia participación. Gran cantidad de ideas "sueltas" no tienen efecto, y la falta de información o formación impide una participación eficaz. Al respecto se mencionaron los casos de padres de familia sin escolaridad, cuya única posibilidad de participación se limita al apoyo en las construcciones escolares. Pero la participación democrática, por principio, no establece desigualdades en función de la formación de ciudadanos.

PARTICIPAR, ¿SIGNIFICA PRIVATIZAR? En principio de ninguna manera se puede afirmar que "participación" significa "privatización de la educación nacional", entendida como "privar a quienes no reúnen los requisitos planteados de manera particular del beneficio común de la educación", como denuncian ciertos grupos que aún hacen radicar lo público exclusivamente en las acciones del gobierno, más aún, del gobierno federal. Las leyes que facilitan la participación de gran cantidad de actores "particulares" propician ciertamente un riesgo semejante, que ya se ha hecho visible, por ejemplo, en algunos sectores de la educación superior. La conclusión principal es que estamos en medio de un nuevo proceso de confrontación entre grupos o actores -actores que reingresan, pero también nuevos actores, actores con mayor o menor grado de organización, e incluso actores desorganizados- por el sentido y el destino de la educación pública: su contenido, su financiamiento y su estructura; y en ello no quedan exentos los beneficios que se derivan del surgimiento de organizaciones civiles -autónomas, independientes, no lucrativas-, cuya preocupación principal es el mejoramiento de la educación pública, la observancia y evaluación continua de la acción gubernamental y la exigencia del rendimiento de cuentas de quienes ya se habían convertido en los actores exclusivos y monopólicos de su diseño y gestión: el gobierno federal y el SNTE.

ANIVERSARIO DE LA OCE. El 28 de enero pasado celebramos el quinto aniversario del primer comunicado. A partir de ese documento nos hemos esforzado por brindar a la sociedad no sólo una crítica de los diversos asuntos tratados, sino elementos surgidos del estudio y análisis de especialistas de la educación. En estos cinco años organizamos foros ciudadanos y creamos alianzas con otras ONG para contribuir a la promoción, estructuración y articulación de la participación social en educación. Destacan la coorganización, en diciembre pasado, del primer Encuentro Nacional de la Sociedad Civil en las Políticas Educativas; la constitución, en octubre de 2003, del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, y la participación, representando a México, en el segundo Encuentro Latinoamericano de la Sociedad Civil para la Incidencia en Políticas Educativas. Nuestro trabajo continúa.

Participaron en la mesa de debate: María de Ibarrola, Raquel Glazman, Sandra Aguilera y Miguel Bazdresch por Observ torio Ciudadano de la Educación. InvitadoAlberto Arnaut y Oralia Bonilla

Todos los ciudadanos están  cordialmente invitados a sumarse a nuestra iniciativa. Favor de enviar sus nombres con sus datos de localización e identificación al correo electrónico: