Editorial La salud de las mujeres es uno de los rubros que el gobierno federal ha decidido castigar para solventar la crisis de recursos por la que atraviesa, producto de su frustrado plan fiscal. Por no afectar otros intereses como el de los banqueros o sus propios gastos de representación, el ejecutivo ha decidido sacrificar a la población más vulnerable. Según documentan varias organizaciones civiles, este año la Secretaría de Salud redujo en 60 por ciento los recursos destinados a programas de salud de las mujeres, como el de la prevención de los cánceres cérvico uterino y mamario, lo que significará un retroceso en el terreno ganado a la desigualdad social y de género.
Esta decisión habla no sólo de una falta de sensibilidad por parte de funcionarios y políticos, sino de todo un cálculo excluyente basado en criterios de rentabilidad, muy acorde con la ideología del régimen panista. En el fondo, se sigue considerando a la población femenina, sobre todo a las mujeres más vulnerables, como el sector menos productivo del país, y por tanto menos redituable en términos de la relación costo-efectividad del gasto invertido. Por ello no resulta descabellada la acusación lanzada por la diputada Diva Gastélum, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, en el sentido de que el gobierno federal pretende endosar a las mujeres la crisis económica.
Por fortuna, el proceso de asignación de recursos aún no culmina. La Secretaría de Hacienda debe enviar este fin de mes al Congreso todo el presupuesto de egresos de la federación detallado, por lo que aún hay tiempo para impedir este atropello injustificado a los derechos de las mujeres y dar la batalla por un reparto más equitativo y justo de los recursos públicos. Con ese fin, las organizaciones civiles que realizan tareas de vigilancia ciudadana han anunciado su intención de permanecer en alerta.