Afirma Beauregard que se diseña estrategia para que el canje se realice este año

Planea el IPAB cambiar pagarés del Fobaproa sin aval del Congreso

Se encapsularían las operaciones dudosas para su posterior revisión, afirma el funcionario

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) comenzó a trabajar en el diseño de una "estrategia" para realizar "este mismo año" el intercambio de los cuestionados pagarés emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) sin la realización de las auditorías exigidas por el Congreso, informó el secretario ejecutivo de ese organismo, Mario Alberto Beauregard Alvarez, en una posición que se inclina en favor de los banqueros que rechazan la revisión.

"Se están viendo diferentes estrategias para poder llegar a hacer el intercambio, a pesar de que aún haya operaciones observadas" por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano de fiscalización del Congreso, declaró Beauregard Alvarez durante una reunión con reporteros de la que expresamente solicitó al área de prensa del IPAB que fuera excluida La Jornada.

Según la versión mecanográfica del encuentro, difundida por el área de comunicación social del IPAB, el secretario ejecutivo del organismo anunció: "Los abogados están trabajando en un mecanismo para encapsular esas observaciones (se refiere a las operaciones del Fobaproa que la ASF considera que deben ser revisadas) para poder hacer el intercambio".

El objetivo de esta estrategia, dijo, "es hacer el intercambio" de los pagarés que emitió el Fobaproa sin el aval del Congreso, por otros títulos con la garantía del IPAB.

"Lo que no queremos es que llegue el vencimiento de estos instrumentos (los títulos Fobaproa, que vencen en 2005) sin haber hecho el intercambio porque ahí nos enfrentamos a un riesgo muy importante: que el gobierno tenga que presupuestar, en el paquete económico para 2005, los vencimientos de esos títulos" que tienen un valor bruto de 219 mil millones de pesos.

Durante el rescate bancario emprendido por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo después de la devaluación de diciembre de 1994 las instituciones de crédito recibieron pagarés del Estado emitidos por el Fobaproa que se integraron a los activos de los bancos, con lo que éstos evitaron la quiebra. Esos títulos, que implican deuda pública, no fueron avalados por el Congreso, entidad que debe autorizar toda operación de contratación de deuda pública.

Los pagarés comenzarán a vencer en 2005 y en caso de no ser intercambiados por otros papeles avalados por el IPAB el gobierno se vería forzado a solicitar al Poder Legislativo presupuesto para pagarlos, lo que desde ahora parece imposible en un Congreso donde el gobierno no tiene mayoría, con el consiguiente riesgo para la calificación financiera de los bancos.

Los cuatro bancos que recibieron pagarés Fobaproa (Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, ahora HSBC) se niegan a someterse a una auditoría, condición que estipula el artículo quinto de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para que pueda ser realizado el intercambio. La ASF considera que varias de esas operaciones de apoyo a los banqueros fueron irregulares al apartarse de la normatividad, por lo que ha pedido que se haga la revisión, a la que se oponen los banqueros.

La forma en que el actual gobierno, que ha mostrado abiertamente su inclinación por la posición de los banqueros (el actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien propuso a Beauregard Alvarez como principal directivo del IPAB, trabajó para Banamex), es que se realice el intercambio aun cuando haya operaciones posiblemente irregulares.

Como dijo Beauregard Alvarez durante la reunión con la prensa, de la que pidió se excluyera a La Jornada: "el objetivo es hacer el intercambio este año". Las operaciones en donde pudo haber irregularidades serían encapsuladas para que se pueda realizar el intercambio total y luego revisar los casos en que haya dudas. Este tipo de movimiento no está previsto en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Pláticas para sensibilizar a bancos

Beauregard Alvarez, quien llegó a la secretaría ejecutiva del IPAB hace dos meses después de ocupar la representación de México ante el Fondo Monetario Internacional, también dio a conocer que ha iniciado "pláticas informales" con los cuatro bancos que se oponen a la revisión para "sensibilizarlos de la necesidad de que se lleven a cabo las auditorías".

Según el funcionario, para realizar la auditoría "requerimos del consentimiento de los bancos, no lo podemos hacer a la fuerza". Esta posición es diferente de la que mantuvo hasta noviembre pasado Julio César Méndez, anterior secretario ejecutivo del IPAB, quien sostuvo en todo momento que si los bancos querían hacer el intercambio de los pagarés Fobaproa -que no tienen aval del Congreso- por los títulos del IPAB, debían someterse a las revisiones, como lo señala la legislación al respecto.

Beauregard Alvarez informó que no es posible en este momento establecer una fecha para sentarse a platicar formalmente con los representantes de los cuatro bancos señalados de haber recibido apoyos irregulares durante el rescate financiero de 1995.

"No puedo hablar de fechas. Lo que sí puedo decir es que estamos trabajando para que sea lo más rápido posible pero que sea un buen producto. Al final de cuentas nuestro objetivo es llevar a cabo el intercambio, que sea uno bueno, que finalmente este capítulo se cierre y que nos quede a todos muy claro lo que se está haciendo".

Mario Beauregard Alvarez admitió que el tema del rescate de los bancos -que ha costado a los contribuyentes más de 280 mil millones de pesos en los últimos nueve años- está demasiado politizado. "Yo creo que un punto importante para despolitizar el tema es dar información, explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos, de la manera más sencilla".

Una oferta que cae por su propio peso. Al mismo tiempo que ofrecía dar información, ordenaba cerrar la puerta a la prensa. Roberto Barrera, vocero del IPAB, informó telefónicamente que fue el propio Mario Beauregard Alvarez quien le ordenó expresamente no invitar a La Jornada a la charla que tuvo con algunos reporteros.