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México D.F. Viernes 23 de enero de 2004

Interesados en un arreglo extrajudicial y que la inspección sea satisfactoria a sus intereses

Los 4 bancos señalados por la ASF, dispuestos a revisión ''definitiva''

El tema del rescate bancario no debería cerrarse con una sentencia judicial; no sería lo óptimo aunque ganáramos, afirmó el presidente de la asociación de banqueros, Manuel Medina Mora

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Los cuatro bancos señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber recibido apoyos irregulares del gobierno durante el rescate financiero de 1995, confirmaron que están dispuestos a llegar a un arreglo extrajudicial sobre una ''revisión última y definitiva'' de las operaciones realizadas con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Después que la ASF confirmó el miércoles que Banamex, BBVA Bancomer, Bital y Banorte recibieron del Fobaproa -el vehículo con el que el gobierno del Ernesto Zedillo instrumentó el rescate financiero después de la crisis de 1995- apoyos irregulares por 34 mil 800 millones de pesos, que a valor presente equivalen a 113 mil millones, las cuatro instituciones implicadas ratificaron que mantienen la disposición de someterse a una revisión, siempre que tenga carácter definitivo y que los términos sean satisfactorios para sus intereses.

El tema del rescate bancario volvió a cobrar relevancia esta semana, cuando fueron revelados indicios de que el gobierno federal y los cuatro bancos involucrados estaban negociando en secreto un acuerdo para asumir una parte de las irregularidades detectadas por la ASF.

Los apoyos que, según la Auditoría Superior, recibieron irregularmente los bancos tienen que ver con el llamado programa de capitalización y compra de cartera (PCCC), uno de los planes que puso el marcha el Fobaproa durante el gobierno del ex presidente Zedillo, y que permitió a las instituciones mantener niveles mínimos de capitalización. Los pagarés emitidos durante ese proceso fueron avalados por el Fobaproa, organismo cuyas funciones fueron asumidas en 1999 por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Para que los papeles emitidos por el Fobaproa sean intercambiados por otros títulos avalados por el IPAB se debe realizar una auditoría, a la que se niegan los bancos con el argumento de que esas operaciones ya fueron auditadas cinco veces en los últimos años. Sin embargo, el instituto ha mantenido, hasta ahora, la posición de que no hará el intercambio sin la auditoría.

Consultados por este diario, algunos de los bancos implicados señalaron que mantendrán el litigio judicial para impedir la nueva revisión, pero insistieron en que, tal como lo informaron a finales del año pasado, están dispuestos a llegar a un acuerdo para que se haga el intercambio de los pagarés.

Jorge Hierro, vocero designado por los bancos involucrados en la polémica para dar información a la prensa, no respondió ayer a las llamadas de La Jornada.

Mientras, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Manuel Medina Mora, confirmó que los cuatro bancos señalados por la ASF de haberse beneficiado irregularmente de los apoyos gubernamentales, aceptan someterse a un proceso final de auditorías que sean realizadas incluso antes de que el Poder Judicial emita un pronunciamiento definitivo sobre las solicitudes de amparo interpuestas por las instituciones para impedir esas revisiones.

''Aunque vamos por muy buen camino en la parte jurídica, no pensamos que este tema (el del rescate bancario), con esta historia, deba ser cerrado con una sentencia judicial eso no sería lo óptimo aunque ganáramos nosotros'', por lo que hay disposición para que sea realizada una revisión definitiva de las operaciones, dijo Medina Mora en declaraciones al Grupo Radiópolis.

 

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